Jurídicamente imposible convocatoria a Constituyente

**Menos su instalación sin romper orden constitucional y democrático
**Apoyan acciones del Ministerio Público, Procuraduría, DD.HH. y Poder Judicial

TEGUCIGALPA.- Por unanimidad de votos, la junta directiva del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), que preside el abogado Óscar García, acordó que en Honduras no existe asidero legal en el ordenamiento jurídico para la pretendida encuesta de opinión pública en los términos expresados en el decreto PCM 019-2009 de fecha 26 de mayo del 2009.

La directiva del Colegio de Abogados ya dio su posición frente a la encuesta que promueve el Poder Ejecutivo.

La directiva del Colegio de Abogados ya dio su posición frente a la encuesta que promueve el Poder Ejecutivo.

Asimismo los abogados indican en su comunicado que “es jurídicamente imposible la convocatoria a una asamblea Nacional Constituyente, mucho menos su instalación sin romper el orden constitucional y la institucionalidad democrática”.

García es del criterio de que “el Colegio de Abogados ha sentado su posición, en la cual se ha dictaminado que en la encuesta popular y la cuarta urna no hemos encontrado un asidero legal en el cual pudiera estar facultado el Presidente Manuel Zelaya para convocar a este tipo de encuesta”.

“A esto porque violenta la Constitución de la República, ya se establece en la misma cuáles son los procedimientos que se deben de seguir que es a través del Congreso Nacional y una vez aprobado por mayoría calificada deben a través del Tribunal Supremo Electoral, esto en cuanto a lo que debería ser el plebiscito y referéndum para que el Congreso haga la ley especial y tengo entendido que hasta ahora lo está haciendo”.

Si la encuesta se desarrolla el próximo 28 de junio como lo ha señalado el Presidente Zelaya, García sostiene que si esto continua para establecer esta urna donde se haría una encuesta y posteriormente una cuarta urna, se estaría violentando la Constitución, la Ley Electoral y el Código Penal para lo cual ya se establecen cuáles son los delitos en que incurrirían el Presidente y los funcionarios del Estado.

Óscar García

Óscar García

Reiteró que la ley no discrimina a nadie, entre la Constitución somos iguales y por lo tanto si el Presidente llegara a cometer una acción tipificada como delito “deberá vérsele como cualquier ciudadano, porque él es el primer llamado a defender la Constitución y las leyes”.

Apuntó que el referéndum y el plebiscito se pueden desarrollar, pero siempre y cuando no lleven la reforma de los artículos pétreos, porque el artículo 374 habla de que no se pueden reformar los artículos referentes al período presidencial, forma de gobierno, territorio y sobre todo a la reelección.

García le recordó al mandatario que en su elección fue donde sacó el más bajo índice de votación, porque solo el 26 por ciento del electorado voto y si se distribuye ese porcentaje entre los cinco partidos políticos participantes, “no hay una verdadera representación del pueblo, pero no quiere decir que está facultado para violar la Constitución, si él prometió respetarla y hacer cumplir las leyes, entonces él debe dar el ejemplo y someterse a la ley”.

El comunicado del CAH
Colegio de Abogados de Honduras

LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, en sesión extraordinaria celebrada el día viernes veintinueve de mayo del dos mil nueve, por unanimidad de votos emite el siguiente

PRONUNCIAMIENTO

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 2, literales g), l) y n), de nuestra Ley Orgánica, es finalidad de este Colegio, entre otras, participar en el estudio y resolución de los problemas nacionales, emitir opiniones y cualquier otra actividad en beneficio de la profesión o de los intereses generales del país.

CONSIDERANDO: Que Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente, cuyos Poderes del Estado emanaron del pueblo, expresado en comicios libres que confluyeron en la Asamblea Nacional Constituyente que decretó y sancionó la Constitución de la República vigente desde el veinte de enero de mil novecientos ochenta y dos, cuando se juró la misma en sesión pública y solemne.

CONSIDERANDO: Que en armonía con el Artículo 4 de la Constitución de la República, se adiciona que su forma de gobierno es representativa y que se ejerce por tres Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales son complementarios, e independientes, sin relaciones de subordinación; concluyendo ese Artículo 4, QUE LA ALTERNABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ES OBLIGATORIA Y LA INFRACCIÓN DE ESTA NORMA, CONSTITUYE DELITO DE TRAICIÓN A LA PATRIA.

CONSIDERANDO: que el Artículo 374 de nuestra Constitución, cierra toda posibilidad de eludir esa prohibición, al establecer como irreformables los artículos referentes, entre otros, a la forma de gobierno, al período presidencial y a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, al ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título.

CONSIDERANDO: La claridad del Artículo 5 reformado de nuestra Constitución de la República, es meridiana ya que, a efecto de fortalecer y hacer funcionar la democracia participativa, se instituyeron las figuras o mecanismos de consulta a los ciudadanos: El referéndum y el plebiscito, los que serán regulados por el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo Electoral, en el ámbito de sus competencias.

CONSIDERANDO: Que el Decreto Ejecutivo PCM 019-2009 aprobado en fecha 26 de mayo del 2009, por el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros pretende la realización de una encuesta de opinión pública, a efecto de consultar al pueblo “Está usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre del dos mil nueve, se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que emita una nueva Constitución de la República, sí o no”, el cual no ha sido publicado aún, por lo tanto, no es Ley de la República, en virtud de que la ley es obligatoria una vez publicada en el Diario oficial La Gaceta.

CONSIDERANDO: Que el Instituto Nacional de Estadísticas, de conformidad con el Decreto No. 86-2000, es el organismo estatal especializado para asegurar que las actividades estadísticas del país se desarrollen en forma integrada, coordinada y racionalizada y bajo una normativa común, pudiendo obtener la información de la estadística oficial del país, mediante levantamientos censales, encuestas por muestreo y el uso de los registros administrativos, encontrándose facultado para la producción de estadística básica para la elaboración de cuentas nacionales, monetarias, fiscales, balanza de pagos, índices coyunturales de producción, empleo, salarios y precios. No contando entre sus facultades la organización, dirección o ejecución de procesos que se refieren a la producción de estadística nacional para determinar encuestas de opinión, referentes a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente o procesos de derogación o reforma de la Constitución de la República.

CONSIDERANDO: que de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana contenida en el Decreto No. 3-2006, la participación ciudadana implica la inclusión del ciudadano en la formulación, ejecución y evaluación de todas las políticas y acciones del Estado, convirtiéndolo en protagonista y gestor de su propio destino, pero las instancias y mecanismos que permitan la organización y funcionamiento de la referida participación popular deben hacerse conforme a la Constitución de la República y demás leyes vigentes en el país, fundamentándose dicho mecanismo en el Principio de Legalidad que garantiza que las decisiones de Gobierno y las actuaciones de los ciudadanos sean siempre apegadas a Derecho.

CONSIDERANDO: Que la sociedad hondureña urge de orientaciones claras y jurídicas acerca de consultas ciudadanas, encuestas, convocatorias a Asamblea Constituyente, reformas constitucionales, entre otros.

A los profesionales del Derecho, a la nación hondureña y a la comunidad internacional

reconociendo que la Constitución de la República de Honduras instituye el plebiscito y el referéndum como únicas instancias para fortalecer y hacer funcionar la democracia participativa, estableciendo que para que dichos mecanismos se lleven a cabo, en primer lugar se requiere una inmediata aprobación, por parte del Congreso Nacional, de una Ley Especial que determine los procedimientos, requisitos y demás aspectos necesarios para el ejercicio de las consultas populares.

Ratificando que es facultad constitucional privativa del Congreso Nacional ordenar al Tribunal Supremo Electoral la convocatoria a la ciudadanía para el referéndum o el plebiscito y que corresponde únicamente al Tribunal Supremo Electoral la convocatoria, organización, dirección, administración y vigilancia de los procesos electorales y de las consultas populares.

Aclarando que según el mandato constitucional, contenido en el artículo 5 de la misma, no son objeto de referéndum o plebiscito los proyectos orientados a reformar el Artículo 374 Constitucional, popularmente conocido como artículos pétreos.

Reiterando que por definición una Asamblea Nacional Constituyente o cualquier otra denominación semejante, es incompatible con la Institucionalidad y no puede coexistir con los Poderes Constituidos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. SIN EMBARGO, LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES PUEDEN EFECTUARSE SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO CLARAMENTE ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA EN SU ARTÍCULO 373 VIGENTE, SIN NECESIDAD DE RECURRIR A UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE LO CUAL VIOLENTA LA LEY Y ROMPE EL ORDEN CONSTITUCIONAL VIGENTE.

POR TANTO: El Colegio de Abogados de Honduras por medio de su Junta Directiva Nacional

SE PRONUNCIA

PRIMERO:Que en Honduras, bajo los argumentos arriba señalados no existe asidero legal en nuestro ordenamiento jurídico para la realización de la pretendida encuesta de opinión pública en los términos expresados, en el Decreto PCM-019-2009 de fecha 26 de mayo de 2009. Asimismo, es jurídicamente imposible la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, mucho menos su instalación sin romper el orden constitucional y la institucionalidad democrática.

SEGUNDO:Que cualquier intento de reforma de los Artículos Constitucionales que se refieren al procedimiento de reforma de la Constitución, la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el período subsiguiente, es ilegal y arbitrario y los responsables estarán sujetos a las sanciones penales, civiles y administrativas establecidas en la Constitución y las leyes.

TERCERO:Que la Constitución de la República ya establece los procedimientos de su reforma, los cuales SON DE OBLIGATORIIO CUMPLIMIENTO PARA TODOS LOS HONDUREÑOS Y PARA ELLO NO ES NECESARIO UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.

CUARTO:Que el Instituto Nacional de Estadísticas no se encuentra facultado para dirigir o ejecutar procedimientos de consulta popular o encuestas de opinión sobre procedimientos encaminados a suprimir nuestra Constitución de la República, mucho menos en cuanto a lo referente a instalar una Asamblea Nacional Constituyente, y que en caso de llegar a realizarla estará fuera de la ley y acarrea responsabilidad penal y administrativa.

QUINTO:Que en el ámbito de la Constitución y las Leyes, apoyamos las acciones del Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Poder Judicial, encaminadas a mantener la vigencia del Estado de Derecho y del respeto irrestricto a la Ley.

SEXTO:El artículo 321 constitucional establece que: “LOS SERVIDORES DEL ESTADO NO TIENEN MÁS FACULTADES QUE LAS QUE LES CONFIERE LA LEY Y TODO ACTO QUE EJECUTEN FUERA DE LA MISMA ES NULO E IMPLICA RESPONSABILIDAD”; asimismo, el artículo 322 del mismo cuerpo legal consigna que: todo funcionario público al tomar posesión de su cargo presta la siguiente promesa de ley; “PROMETO SER FIEL A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES”. Y que el artículo 323 de la Carta Magna señala que: “LOS FUNCIONARIOS SON DEPOSITARIOS DE LA AUTORIDAD, RESPONSABLES LEGALMENTE POR SU CONDUCTA OFICIAL, SUJETOS A LA LEY Y JAMÁS SUPERIORES A ELLA. NINGÚN FUNCIONARIO O EMPLEADO, CIVIL O MILITAR, ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR ÓRDENES ILEGALES Y QUE IMPLIQUEN LA COMISIÓN DE DELITO”.

SÉPTIMO:Por ello, EXHORTAMOS al señor Presidente de la República de Honduras que cumpla el juramento prestado a la patria el 27 de enero del 2006, QUE SUS PROPUESTAS E INICIATIVAS DEBEN ENMARCARSE AL CUMPLIMIENTO DE LO ESTATUIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y QUE CUMPLA CON LA DECISIÓN JUDICIAL QUE SOBRE LA MATERIA HA DICTADO EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORANZÁN, en virtud de que el artículo 3 de la Constitución de la República textualmente establece: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”.

OCTAVO:Instamos a los demás funcionarios y empleados del Gobierno, a actuar con prudencia, a proceder con mesura y respeto a la Constitución de la República y las leyes, interpretadas por la decisión judicial que es su deber conocer, ya que sólo ello permitirá que en Honduras se mantengan la paz social, el Estado de Derecho y la Justicia.

NOVENO:Les recordamos a todos y cada uno de los oficiales, clases y soldados de las Fuerzas Armadas, que su mandato constitucional les obliga, entre otros, a mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, en consecuencia, junto con la Policía Nacional no deben cumplir órdenes ilegales y son los llamados a la defensa de la Constitución de la República.

Dado en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, en la sede del ilustre Colegio de Abogados de Honduras.

Junta Directiva Nacional
Colegio de Abogados de Honduras

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