TEGUCIGALPA.- La Secretaría de Seguridad ofreció ayer una recompensa de 200,000 lempiras por los cuatro policías que andan prófugos de la justicia y que están acusados por la muerte de los jóvenes universitarios Carlos David Pineda Rodríguez y Rafael Alejandro Vargas Castellanos, hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, el pasado 22 de octubre. Sin embargo, si alguien consigue aunque sea uno, darían 50 mil por este.
A cuatro días de haber salido francos de la Jefatura Metropolitana Número 1, el subinspector de Policía, Carlos Geovany Galeas Cruz (23); José Rubén Pozo López (25); Santos Arnulfo Padilla Rodríguez (28); y Wilfredo Figueroa Velásquez (31), no han regresado.
Ayer, por fin, las autoridades publicaron los perfiles de los cuatro elementos, considerados por las autoridades de investigación como los autores materiales del crimen.
El portavoz de la Policía Nacional, Silvio Inestroza, afirmó ayer: “Estamos ofreciendo una recompensa de 50,000 lempiras y la información que recibamos va a ser tratada lo más profesional posible, para que la ciudadanía no tenga ningún temor de informar.
Consultado sobre si los agentes podrían haber sido ultimados, el oficial dijo que no conocía ese tipo de información y el trabajo se centra en ubicar a los policías para detenerlos y ponerlos a la orden de los tribunales correspondientes.
BUSCADOS POR TIERRA, MAR Y AIRE
Ellos están siendo buscados por tierra, mar y aire. Inestroza indicó que la Dirección Nacional de Migración y Extranjería (DNME) es la encargada de verificar si en algún momento abandonaron el país. También hay alerta migratoria por si están en otro país, para que sean capturados por la Policía Internacional (Interpol).
“Buscaremos por todas las formas: tierra, mar y aire, para dar una respuesta a la sociedad y demostrar que la institución está comprometida y que esa situación no vaya a quedar en la impunidad”, manifestó.
De forma insólita, un permiso les sirvió a los cuatro agentes para escaparse, el pasado viernes, de la Jefatura Metropolitana Número 1, en el barrio Los Dolores, donde habían sido remitidos el jueves anterior porque estaban en proceso de investigación por parte de la Policía y el Ministerio Público (MP).
Todavía más increíble, quien les dio el “pase” fue el titular de la Jefatura, comisionado Jorge Alberto Barralaga, ahora suspendido por su acción negligente.
ZIPI-ZAPE ENTRE FISCALÍA Y LA POLICÍA
El plazo para que los policías retornaran a sus labores vencía el domingo a las 7:00 de la mañana, pero ninguno de ellos se presentó. De ahí en adelante solo hubo “zipi-zape” entre la Fiscalía y la Policía Nacional, y apenas hace dos días, sorpresivamente, capturaron a cuatro policías implicados. Ahora, entonces, faltan los otros cuatro que se fugaron.
Los detenidos son: José Manfredo Fúnez Colindres, Martin Orlando Ortez, Gabriel Donatilo Mancías Hernández, y Wilson Roberto Córdova Rodríguez, quienes fueron acusados por el Ministerio Público por los delitos de abuso de autoridad, asesinato y robo agravado, y ya fueron trasladados a la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” (PNMAS), en Támara, por seis días para inquirir que confiere la Ley.
Las capturas se realizaron en la sede del Comando de Operaciones Especiales “Cobras”, a inmediaciones de la colonia 21 de Octubre, en el momento que las autoridades de la Policía llamaron a formación de todos los agentes de la escala básica asignados a los siete distritos.
Los ocho encausados son elementos de la escala básica de la Policía Nacional y estaban asignados al Distrito Policial 1-6, con sede en el barrio La Granja, que fue intervenida hace una semana por fiscales del MP, personeros de Asuntos Internos y la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).