TEGUCIGALPA.- Al menos 15 mujeres periodistas interpusieron recientemente una denuncia ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en contra de miembros de la Guardia de Honor Presidencial y de las Fuerzas Armadas, a fin que por medio del Ministerio Público se haga justicia y se sancione penalmente a quienes pretendan inhibir la libertad de expresión.
Las periodistas agrupadas en el colectivo Por la Vida y la Libertad de Expresión fueron reprimidas el pasado 13 de diciembre de 2011 frente a
Casa de Gobierno, durante una marcha pacífica en protesta por la primera mujer periodista asesinada, con la que suman 17 casos de profesionales muertos de forma violenta y aun sin esclarecerse los motivos y menos a los autores materiales e intelectuales.
La denuncia se interpuso el pasado 21 de diciembre por los delitos de abuso de autoridad y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por funcionarios civiles y militares contra el ejercicio de los derechos
garantizados por la Constitución de la República, expresó a LA TRIBUNA una de las denunciantes, Signy Fiallos.
Por su parte, en la sede del MP y mientras presentaba el escrito, la periodista
Claudia Mendoza, dirigente del colectivo, recordó que “ese día fuimos salvajemente golpeadas”, por lo que la denuncia es un acto de justicia y derecho de todo ciudadano, que exige al sistema judicial que actúe en beneficio del ciudadano víctima de presuntos delitos.
En ese sentido, el escrito que aguarda en la Secretaría General del MP, debido a que los fiscales se encuentran de vacaciones, señala la supuesta responsabilidad del general René Osorio Canales, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y del general Andrés Felipe Díaz, jefe de la Guardia de Honor Presidencial, entre otros.
Se relata que el día martes 13 de 2011, cuando más de 50 periodistas y comunicadores sociales llegaron hasta la Casa Presidencial con el propósito de leer un pronunciamiento donde se condenaba el estado actual de impunidad, sobre los 18 casos de periodistas asesinados en el país, así como la violación constante a la libertad de expresión, fueron reprimidas con toletes y bombas lacrimógenas por elementos de la Guardia de Honor Presidencial.
Al día siguiente del suceso, el presidente del “gobierno humanista y cristiano”, Porfirio Lobo Sosa, justificó las acciones de la guardia presidencial manifestando: “Aquí somos demasiados permisivos, más bien, en otros lugares no dejan ni que a dos cuadras se acerque nadie a la Casa de Gobierno o más distancia es natural”.
“Así que lo siento mucho, lo lamento por los amigos periodistas pero aquí en Honduras nadie tiene inmunidad, el que venga aquí en paz, en paz lo vamos a recibir; el que venga violento, pues tenemos que controlarlos, porque a los violentos hay que controlarlos, pero siempre con el respeto que se pueda”.
Por su parte, el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, René Osorio, al referirse al tema aseguró que los militares fueron “muy benevolentes”, al propinar golpes y lanzar gases lacrimógenos durante la represión hacia las comunicadores sociales.
El colectivo de periodistas Por la Vida y la Libertad aseguró que, debido a la magnitud de las declaraciones de ambos personajes, solicitarán en los próximos días medidas cautelares, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIHD).
“Nosotros (porque también participaron hombres) no estábamos obstaculizando las calles, no lo podrían hacer 40 mujeres y diez varones, la mayoría periodistas de profesión y carrera, cuando de repente nos cerraron el paso evitando que nos acercáramos solo a leer un pronunciamiento sobre la muerte de una colega y el derecho a la libertad de expresión”, dijo Fiallos a este medio.
“En la manifestación también nos acompañaron algunas mujeres de Visitación Padilla, que se unieron a la petición de justicia; si los hombres no protestaron por 16 asesinatos de colegas, nosotras lo estábamos haciendo por una Luz Marina Paz, pero quedamos en medio de las bombas lacrimógenas y muchas sufrimos de asma, lo que perjudicó también a nuestra salud”, denunció.
