Exministro de Seguridad pide 40 años de prisión para los femicidios

TEGUCIGALPA.- El exministro de Seguridad y diputado por Francisco Morazán, Óscar Álvarez, introdujo al pleno un proyecto de ley para que la figura del femicidio sea considera una modalidad de delito contra las mujeres y que sea castigada con 40 años de prisión

Óscar Álvarez

En la instalación de la tercera legislatura, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, reveló que más de 20 mil denuncias se conocieron en los tribunales por violencia doméstica y las denunciantes son las propias mujeres que sufren violencia.

Lo paradójico es que, según Álvarez, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado su desacuerdo con la iniciativa que él propuso al pleno justamente el pasado 25 de enero, día consagrado a la mujer hondureña.

“Esta no es una reforma que se plantea para zanjar la situación sino para afrontar un problema que es real, como la muerte de mujeres y la violencia que se ejerce contra ellas. Espero que la Corte considere el problema, dictaminando a favor”, abogó.

El dictamen de la Corte Suprema de Justicia es fundamental para que la propuesta del diputado Álvarez sea considerada en el pleno, ya que de considerar improcedente la iniciativa, la comisión de dictámen, que en este caso es la de Seguridad, que preside Mario Pérez, tendría problemas para dictaminarla favorablemente.

DISCRINACIÓN

De acuerdo a la exposición de Óscar Álvarez, es necesario la creación de este tipo penal (el femicidio) incorporado al Código Penal para afrontar la situación real, discriminativa que existe en el país con relación a temas de género.

“Ocurren elementos históricos y antropológicos que se deben tomar en cuenta para realizar una reforma, que debe ser apoyada por los diputados, que crea un tipo penal, adicionando en el código penal el femicidio”, sugirió.

Señaló que otro elemento a saber, es la disfuncionalidad del sistema de justicia, que hasta el día de hoy no tiene en el país una jurisprudencia conforme, ni una política criminal clara en relación a cómo perseguir delitos contra la vida, cuando la mujer es víctima por el hecho de ser mujer.

Cuando se trata de la muerte de mujeres, por el hecho de ser mujeres, “los órganos encargados de administrar justicia decantan en tratar el tema sin ninguna especialidad, pues conforme a su criterio técnico- jurídico, hay otros tipos penales que absorben la figura de femicidio con el delito de parricidio”, explicó el exministro.

POR ADICIÓN

Óscar Álvarez presentó la reforma por adición del tipo penal de femicidio para que el operador de justicia tenga un abanico de posibilidad de encuadrar una figura delictiva especial, en la que una persona “por razones de discriminación de género pueda atentar contra la vida de una mujer”.

Señaló que “aunque el Poder Judicial pareciera tener un criterio marcado con relación a la improcedencia de incorporar este tipo penal, el órgano legislativo debe responder ante el pueblo hondureño con el fin de garantizar la vida de los sectores más vulnerables (mujeres, niños, ancianos)”.

Dijo que la impunidad en la muerte de las mujeres (1,600 casos en cinco años) es un punto que le achacan al Estado hondureño y en base a eso, se debería considerar incorporar esta figura para facilitar la aplicación de justica en estos casos.

“Nos tocará a nosotros los diputados resolver, después de analizar este problema de los femicidios, tomando una decisión que, según mi experiencia, ayudaría mucho a los operadores de justicia. Si el dictamen del Poder Judicial es desfavorable, yo espero que nosotros los legisladores tomemos una decisión”, apuntó.

En el proyecto de ley que se presentó al Congreso se incorpora la palabra “discriminación” en el texto del artículo que se pretende reformar.

LA PROPUESTA

El artículo 1 “Reformar por adición el Artículo 118 del Código Penal vigente, contenido en el Decreto 144-83 el cual deberá leerse así: ARTÍCULO 118-A: FEMICIDIO: Comete el delito de femicidio, quien diere muerte a una mujer por razón de discriminación de género, y que el sujeto activo tenga o haya tenido con la víctima una relación íntima, familiar, de convivencia o afines a ésta o que no existiendo relación íntima, familiar o de convivencia, exista acoso o agresión sexual contra la víctima. El delito de femicidio se penará con reclusión de treinta (30) a cuarenta (40) años”.

Premios Nobel vigilan situación de violencia

La reforma al Código Penal fue introducida esta semana, mientras en Honduras se encuentra la Premio Nobel de la Paz estadounidense Jody Williams, para revisar la situación de violencia y los femicidios. Williams indicó que en Centroamérica los espacios para defender los derechos humanos se hacen más pequeños. “Si las mujeres no tienen derechos humanos los demás tampoco los tienen”. Agregó que “en Centroamérica es la región donde más femicidios se dan. Somos las más vulnerables, y cuando el Estado no da respuestas esta situación empeora”. “No venimos a hablar mal de nadie, solo venimos a apoyar a las mujeres. El gobierno debe dar respuesta a las necesidades de su país. Se deben defender los derechos de todos, no solo los de los hombres”, arguyó. Según la defensora feminista, una de las mayores preocupaciones en la región es la seguridad pública. “En vez de proteger la sociedad se violan sus derechos. Me parece que los gobiernos quieren criminalizar a la gente que defiende a la sociedad civil que defiende a los derechos humanos”. Agregó que lo que se ocupa son leyes democráticas que respondan. Las mujeres mismas están organizándose para darse su propia protección., estamos buscando recursos para autodefensa de las mujeres”.

Publicado decreto que permite intervenir llamadas telefónicas

El decreto 243-2011 que permite la intervención de llamadas telefónicas a quien se considere sospechoso o implicado en actos del crimen organizado, secuestro, narcotráfico y lavado de activos, entre otros, fue publicado ayer en el diario oficial de la República “La Gaceta”. Se trata de la Ley Especial para la Intervención de las Comunicaciones Privadas que contiene 72 artículos. Obliga a compañías prestadoras de servicios de comunicación, operadoras y sub operadoras de telefonía celular llevar un registro de sus clientes, por lo que se exige a estas empresas a que, en un plazo de 90 días, procedan a actualizar los datos de los usuarios. Entrará en vigencia 20 días después de su publicación y las empresas tendrán que cooperar con el Estado, aproximadamente en marzo. Según la gerente general de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Martha Ligia García la publicación está a la venta desde ayer. En su artículo 47 esa ley establece el delito de no registro de clientes y su identificación. En el 48 menciona el delito de divulgación, información y utilización de información. Los artículos 53 y 54 mencionan que las multas que se apliquen ingresarán a la Tesorería General de la República (TGR) y quienes incumplan incurren en delito de incidencia, sancionados desde 6 a 9 años de reclusión y una multa desde 60 hasta 120 salarios mínimos. La finalidad es establecer el marco legal de regulación de procedimientos de la intervención de las comunicaciones como mecanismo excepcional de investigación contra el crimen tradicional y el crimen organizado. Los procedimientos se realizarán respetando la Constitución de la República y los tratados y convenios internacionales que Honduras ha suscrito, y se contempla que las intervenciones serán de carácter excepcional y solamente cuando resulten útiles para una investigación penal. Prohíbe la intervención de las comunicaciones entre el abogado defensor legalmente constituido en un proceso penal y los investigados o imputados, cuando lo hagan en el ejercicio del derecho a la defensa. De acuerdo con la ley, serán competentes para autorizar la intervención de las comunicaciones, los órganos jurisdiccionales en materia Penal sean estos de jurisdicción nacional o seccional. La intervención de las comunicaciones solamente procederá a solicitud del Ministerio Público (MP) o por acusador privado a través de este. Será requisito imprescindible para presentar solicitud de intervención de las comunicaciones, que exista una investigación abierta, o una causa judicial en curso, cuyo número de registro de inscripción se hará mención en la solicitud presentada por el Ministerio Público.