Falsa esperanza

Por: Edmundo Orellana
Catedrático universitario

Con la emisión de la Ley para la Depuración Policial, todos tenemos la esperanza de que se expulsarán de la institución todos los malos policías y que se convertirá en la Policía que hemos soñado, muy parecida a Scotland Yard o al FBI. Igualmente en el caso del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Desafortunadamente caemos siempre en el mismo error. Pretendemos resolver los problemas aprobando nuevas leyes. Es la vieja creencia nuestra de que las leyes por sí mismas resuelven los problemas que las motivan.

Si la economía anda mal, emitimos leyes para mejorarla. Si la educación no es buena, emitimos una ley para tornarla de calidad. Si la inseguridad es un problema, aprobamos leyes para tener seguridad. Si estamos destruyendo los bosques, para evitarlo reformamos o decretamos leyes.

En la mayoría de los casos, creamos instituciones para aplicar esas leyes, aumentando la burocracia, instituyendo nuevos y complejos procedimientos y, por lo general, duplicando esfuerzos en el abordaje de los problemas. La telaraña que de esto resulta, generalmente imposibilita que la actuación de la administración sea pronta, eficiente y eficaz.

El problema de Honduras no está en su legislación. Tenemos leyes. Muchas y muy buenas. En ellas se contienen fórmulas que han resultado exitosas para resolver problemas en otros países. Por qué, entonces, en el nuestro no han tenido el mismo resultado? La respuesta es sencilla: porque en esos países los funcionarios son escogidos entre los mejores ciudadanos, siempre que demuestren las mejores cualidades; en cambio, en el nuestro se escoge invariablemente a los más convenientes.

El más conveniente solo tiene una preocupación: demostrar su agradecimiento al benefactor, atendiendo solícitamente todos sus pedidos, sin importar su legalidad o su moralidad; en cambio,  la preocupación de quien es escogido por sus cualidades, es demostrar en la calidad de su trabajo lo que él vale, cuidando de apegarse escrupulosamente a las normas legales y morales.

El que vale por la cantidad de favores que realiza, desprecia la Ley y la moral; en cambio, quien vale por la calidad de su trabajo, encuentra en la Ley y la moral los pilares de su fortaleza. Prodigar favores es la conducta del mal funcionario; hacer las cosas correctas y hacerlas bien, es la conducta del buen funcionario.

El buen funcionario garantiza la buena administración; el mal funcionario la corrupción y la impunidad.

Contrario a lo que creen nuestros gobernantes, ninguna de las leyes emitidas resolverán por sí mismas los problemas que las motivan. En esta creencia encuentran su causa los obstáculos que históricamente han impedido nuestro desarrollo y modernización.

Seleccionemos no a los más convenientes, que solo se caracterizan por su obsecuencia para con aquellos que los seleccionan y nombran. Escojamos a los mejores, cuya preocupación es demostrar que tienen las cualidades para ejercer el cargo, sin más compromiso que apegarse a la Ley y a la ética.

Falsas esperanzas son las que alimentan los malos funcionarios. La Ley de Depuración no es suficiente. Necesitamos a los mejores para investigar; los de más altos méritos para identificar a los criminales que se refugian en esas instituciones; los mas comprometidos, para lograr que se aplique, sin excepciones, el castigo justo a los responsables.