La iglesia parroquial de San Marcos de Colón. (1879)

Ismael Zepeda Ordóñez

Supremo Poder Ejecutivo. Los infrascritos ciudadanos de este pueblo, teniendo a la vista el decreto legislativo del 28 de marzo último que seculariza todos los bienes de fundación piadosa existentes en la República, con los nombres de Cofradías, Archicofradías y demás; y  que el Ejecutivo, previos los informes del caso, reglamentará su administración por medio de los municipios y vigilará su legítima inversión.

Los suscritos, pues, asociados particularmente  pasamos a informaros de los que se hallan pertenecientes a este pueblo  sin inversión ninguna por escarriadez de una arca de seguridad a que deberían estar  reducidos; no omitiendo hacer presente que si nosotros vecinos nos dirigimos  a vosotros sin la intervención del municipio de este pueblo y muy particularmente del señor Alcalde, es porque este sin embargo de ser excitado por nosotros se niega a hacer este  reclamo. No obstante, dejando aparte este incidente que podemos ostentar evidencialmente, si llegase el caso, exponemos: Que por la lista que bajo nuestra firma adjuntamos se demuestra que existen como hemos dicho los bienes que el indicado decreto comprende, y en la que veréis en qué forma y en qué personas existen,  y que sin la vigilancia  del supremo Gobierno están próximos a confundirse, sin inversión legal.  Además, careciendo este pueblo de ellos para la construcción de su iglesia,  que tanta necesidad tiene para su promoción. Que se haya en absoluto abandono por la apatía del cura de este Beneficio, presbítero don Juan Gregorio Raudales, que forma una oposición sistemática al progreso material y moral de este vecindario.

Por lo expuesto, pedimos que os sirváis decretar su inversión de los referidos fondos en la construcción de este templo, y mandar exigir a los tenedores de ellos, rindan cuenta y razón de su administración, mandándolos a depositar  en persona íntegra y de responsabilidad, para que cubra los presupuestos de gastos que el trabajo vaya ocasionando. No creemos demás informaros  que la ermita  en que se celebran los  oficios  divinos, se encuentra en amenazadora ruina al extremo que muchos fieles se privan de asistir a ellos por temor de su repentino desplomo que a cada instante se espera; lo mismo que las paredes que se hallan construidas  para el nuevo templo correrán  el mismo peligro si no se ocurre con energía a darles conclusión.

Estas consideraciones que no carecen de razón, creemos y expresamos que el supremo Gobierno no las dejará desapercibidas, concediendo nuestra súplica; por conceptuarla así de justicia, jurando lo necesario. Supremo Poder Ejecutivo. San Marcos de Colón, junio 18 de 1879. )F).-Cristino Moncada. Narciso Maradiaga.  Salvador  Moncada.  Joaquín Tábora. Pablo Guillén. Simón Guillén.  Julián Turcios. José Miguel Mendoza. Ruperto Tábora. Antonio Osorio. Nasario Soriano. Calixto Mendoza. Julián Guillén. Faustino Sandoval. Félix  Castellanos. Agustín Palacios. Francisco Osorio. Juan Bautista Mendoza. Manuel Turcios”.

NOTAS:
1.    En 1879 se emitió la ley de Secularización de los Cementerios para colocarlos bajo la autoridad de las municipalidades; se decretó, además, la ley de Abolición de los Diezmos y se declaró asimismo, Secularizar los Bienes de las fundaciones religiosas con nombres de Cofradías y Archicofradías para construcción de hospitales y obras a beneficio general. (Gaceta No. 41 del 24 de enero, 42 del 22 de abril y 46 del 13 de mayo de 1879).
2.    Los conflictos por las tierras de las Cofradías y los Ejidos se mantuvieron por muchos años por el involucramiento del capitalista Pedro Abadie,  Hipólito Agasse y el Gobernador Político y Comandante de Armas, General Vicente Williams Domínguez. Muchas de esas tierras ya estaban cultivadas de café. La municipalidad autorizó al general Pablo Nuila para canjear las tierras de los ejidos por las de los Capellañías; pero  el resultado fue fallido.
3.    Los ejidos de San Marcos de Colón fueron otorgados por el Consejo  de Ministros integrado por los generales Casto Alvarado, Francisco  Ferrera y Santos Guardiola por Acuerdo del 11 de enero de 1847, con una extensión de cinco mil ochocientas varas castellanas de largo y cuatro mil doscientas de ancho. Ese acuerdo ministerial fue un par de días antes de la toma de posesión del Presidente licenciado en Derecho y Escribano Público, Juan Nepomuceno Fernández Lindo y Zelaya (13 de enero de 1847- 1 de febrero de 1852).
Fuente: Paquete de documentos de 1877 y 1879. Archivo Nacional de Honduras.
Ismael Zepeda Ordóñez. Choluteca. Historiador. UNAH.

izepedao.ismael@hotmail.com

Explicación necesaria:

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