Pocas esperanzas en la depuración de la Policía

TEGUCIGALPA.- Terminar con la corrupción y el involucramiento de algunos agentes de la Policía Nacional en células del crimen organizado pareciera ser inalcanzable.

La vinculación de miembros de la Policía con el crimen organizado produjo que se intervinieran todas las postas del Distrito Policial 1-6 en el barrio La Granja.

Hace un año que se habla de depurar el órgano de seguridad, pero a la fecha los resultados son mínimos, según entendidos en el tema.

La creación de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y la Comisión de Reforma del Sistema de Seguridad, son algunos de los pocos avances del proceso.

La labor de esta última está encaminada más a la creación de nuevas legislaciones y no a combatir efectivamente la corrupción al interior de la Policía Nacional, la cual todavía no recobra la confianza.

El director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, declaró que la reestructuración de la Policía Nacional es un proceso “manipulado y fracasado”.

A criterio del analista, el Presidente Porfirio Lobo Sosa está dejando pasar la oportunidad de transformar la Policía.

Tras el asesinato de los dos estudiantes universitarios, Carlos David Pineda Rodríguez (22) y Rafael Alejandro Vargas Castellanos (22), hace un año, según Méndez, se comenzó a ejercer una presión bastante fuerte por parte de la sociedad y la Policía prácticamente quedó en “shock”.

La muerte de los estudiantes Carlos David Pineda y Rafael Alejandro Vargas Castellanos fue el detonante para comenzar un proceso de limpieza en la Policía.

Esa situación provocó que la institución fuera el centro de los ataques de diferentes sectores y se comenzara a hablar de depuración.

“Nosotros encontramos que hasta la fecha no tenemos resultados concretos, positivos, la estructura policial corrupta se mantiene y no existe hasta este momento un juicio contra ningún policía vinculado a esos asesinatos”, afirmó.

Al mismo tiempo, consideró que se debe tomar en cuenta que todavía hay agentes y oficiales vinculados al crimen organizado y al narcotráfico, sin ser depurados.

Méndez se atrevió a asegurar que todavía sigue existiendo en esa institución una actitud de proteger a aquellas personas vinculadas al crimen y al delito, tal como sucede con los tres policías que todavía andan prófugos por el rapto y asesinato de los universitarios.

CREACIÓN DE ORGANISMOS

En relación a la creación de la DIECP, considera que fue correcto estructurar ese organismo de forma independiente y no ligado a la Secretaría de Seguridad, como sucedía con la Dirección de Asuntos Internos.

Pero “cuando uno quiere ver respuestas concretas no las encuentra, por una sencilla razón: las estructuras en el país para evitar que haya avances contra el crimen organizado y crimen común ponen personas que no tienen el valor de hacerlo”.

Wilfredo Méndez

De igual forma, comentó que la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública le puede generar niveles de aporte sustancial a la reestructuración de la Policía Nacional, pero no están atacando el problema de la corrupción.

El analista estima que hay tres razones por las que el gobierno no ha actuado: incapacidad, miedo o colusión.

INTERVENCIÓN

El analista político Raúl Pineda Alvarado considera que en Honduras no se necesita cambiar la Ley de la Policía Nacional para comenzar a depurarla, sino que es determinante adoptar posturas concretas, como la intervención.

“Está probado históricamente que los estados solo han podido resolver sus problemas de corrupción policial a través de la intervención, la cual permite que sin mayores formalidades puedan eliminarse de una institución aquellas personas que evidentemente están comprometidas en actos de corrupción o el crimen organizado”, expresó.

No obstante, piensa que en Honduras las autoridades decidieron realizar ese proceso por la vía más larga, siguiendo formalidades, garantías y todo ello lleva a una complicación que permite dilatación del proceso.

“Eso deriva que el tema de la depuración se ha ido diluyendo de la agenda nacional y del interés de la sociedad y todo apunta a que los delitos de alto impacto, como la muerte de los dos estudiantes universitarios y los crímenes de Alfredo Landaverde y Alfredo Villatoro, solo serán parcialmente aclarados”, enfatizó.

Raúl Pineda

En relación al trabajo realizado por la DIECP y la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, señaló que “los resultados han sido modestos, en el orden práctico se han enfocado (…) en acciones disparatadas, como poner un polígrafo tanto a jueces, como a fiscales, lo que es prohibido por la legislación hondureña”.

Para el caso, indicó que la Comisión de Reforma ha cometido dos errores: convertirse en una especie de segunda versión de la Comisión de la Verdad y tratar de hacer efectivas conclusiones de ese organismo.

El segundo error, según Pineda Alvarado, es creer que con leyes se resolverá un problema que demanda acciones ejecutivas y hacer funcionar lo que ya se tiene en el país y no ponerse a inventar.

“La Comisión de Reforma pretende que con una nueva Ley de Policía se va a terminar el problema de corrupción que hay en esa institución, el cual se extiende a todos los operadores de justicia”, sostuvo.

Viene nuevo remezón

El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, anunció ayer que se avecina un nuevo remezón al interior de la Policía Nacional, derivado de las pruebas de confianza que se les ha practicado, mientras que otros oficiales y agentes serán puestos en “disponibilidad”.

En la jerga policial, “disponibilidad” significa que serán suspendidos de sus cargos y no se les asignará ninguna otra tarea, quedando a la espera de lo que las autoridades de Seguridad decidan sobre su futuro.

Matías Funes

Se conoció que la cifra de policías separados y en disponibilidad anda en alrededor de unos 80, entre oficiales y de escala básica.

“La ley establece procedimientos y quien no está desempañando ninguna acción dentro de la Policía o cumpliendo a cabalidad con lo que establece el trabajo, serán puestos a disponibilidad”, expresó el ministro.

El funcionario señaló que se ejecutarán acciones con los informes de la DIECP, enmarcados en lo que establece la ley.

“Cumplimos con el mandato que nos ha dado el pueblo que quiere tener una Policía cercana, en la que tenga confianza y que dé resultados y en todo eso estamos encaminados”, enfatizó.

En relación a las investigaciones, comentó que esos resultados van íntimamente relacionados con la confianza que el policía tenga del pueblo.

“Aquí mientras no se establezca una confianza entre el pueblo y su Policía no vamos a tener los mejores resultados, pero eso lo estamos construyendo, pero para eso debemos trabajar todos”, demandó.

Todos deben ser sometidos a las pruebas de confianza

Pompeyo Bonilla

El integrante de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, Matías Funes, declaró que esa entidad tiene dentro de sus 18 atribuciones certificar las actuaciones de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), entre ellas la aplicación de las pruebas de confianza.

“Si no se les aplica estaríamos perpetuando la impunidad y, como todos sabemos, en nuestro país la impunidad ha contribuido enormemente no solo a mantener la corrupción, sino a incrementar la delincuencia”, lamentó.

Argumentó que desde el momento que una persona que ha trasgredido la ley se mantiene impune, obviamente eso le da seguridad y sigue repitiendo su conducta al margen del Estado de Derecho.

“Un policía honesto debe someterse a las pruebas de confianza, porque si no lo hace desde ahí comienza la desconfianza y la institución policial deberá hacer lo correspondiente”, subrayó.

Eduardo Villanueva: Entrar a disponibilidad es terminar la carrera

El titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva, explicó que la disponibilidad es una forma de terminar la carrera policial.

“El policía declarado en disponibilidad sigue gozando de su sueldo y pueda oportunamente que sea devuelto a los cuadros activos de la Policía, indicando la asignación respectiva, pero todo eso es un procedimiento en el cual ese policía debería retirarse”, enfatizó.

El funcionario indicó que al cabo de un año el policía será retirado obligatoriamente por cesantía.

Eduardo Villanueva

“Miembros de la carrera policial, que por circunstancias especiales no tienen asignación, la ley ordena que sean puestos en disponibilidad”, sostuvo.

Sin embargo, en el caso de los policías reprobados en las pruebas de confianza, la Dirección de la Policía Nacional está en la facultad de cancelarlos inmediatamente, sin responsabilidad del Estado de Honduras, argumentó.

Villanueva indicó que las evaluaciones están en proceso, pero que ya elaboraron las primeras 36 resoluciones para cancelar el acuerdo a igual número de policías, lo cual ocurrió a principios del 2012.

Además, dijo que están preparando las resoluciones de los policías que dieron positivo en las pruebas toxicológicas, para que también sean sacados de la institución.

Al mismo tiempo, comentó que tiene 93 requerimientos de información enviados a la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), en los que están solicitando información patrimonial.

También hay 75 solicitudes enviadas al Poder Judicial, para conocer algunas situaciones jurídicas en el orden penal y 46 investigaciones que se están realizando en el Tribunal Superior de Cuentas.

“Todo esto son cosas completamente diferentes, la depuración es un proceso, no es una cuestión improvisada en la cual no se tomen las decisiones con apego a derecho”, puntualizó.