DIECP en el ojo del huracán

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Los pobres resultados a más de un año de creación mantienen a los titulares de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) en el ojo del huracán, por parte de organizaciones civiles que consideran desacertada la escogencia de las personas que están llevando a cabo el proceso de depuración en las filas de la Policía Nacional.

La depuración policial ha quedado en papel mojado, según organismos de la sociedad civil, que piden la destitución de los directores de la DIECP.

La depuración policial ha quedado en papel mojado, según organismos de la sociedad civil, que piden la destitución de los directores de la DIECP.

Esa Dirección fue creada a finales del 2011 mediante un decreto legislativo que la dotó de facultades para despedir sin trabas administrativas a aquellos policías que no aprobasen las pruebas de confianza, como el polígrafo o detector de mentiras. Como hasta la fecha apenas siete oficiales de rango superior han sido separados de la institución, las organizaciones de la sociedad civil consideran que el decreto ha quedado en “papel mojado”.

En un principio, la DIECP fue encabezada por el recientemente fallecido abogado Carlos Arita, quien renunció por problemas de salud, aunque se especuló que fue por diferencias con el director adjunto, Eduardo Villanueva, porque, al parecer, no le colaboraba lo suficiente. Ante la salida de su antiguo jefe, Villanueva asumió la titularidad junto a Mario Chinchilla, ambos exfiscales del Ministerio Público (MP), quienes tampoco han rendido en sus cargos, según sus detractores.

“Así como marcha esta depuración estamos condenados a esperar cien años para una verdadera depuración policial, no vemos a los policías corruptos fuera de la institución”, afirmó Omar Rivera, miembro de la no gubernamental Asociación Por la Paz y la Justicia (APJ), que aglutina a por lo menos cien organizaciones de la sociedad civil vinculadas a temas de derechos humanos, política y seguridad ciudadana.

“A los responsables de esa Dirección les hace falta diligencia para que se tomen decisiones”, dijo por su parte Wilmer Vásquez, miembro de ese mismo foro, cuyos integrantes se entrevistaron el martes pasado con directivos del Congreso Nacional para pedir la cabeza de Villanueva, en virtud del fracaso que suponen ha sido su gestión.

Los peticionarios le pidieron a los directivos del Poder Legislativo que citen también al fiscal general Luis Rubí y al mismo titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, porque consideran que los fiscales y jueces tampoco están colaborando en la depuración y más bien actúan de manera complaciente con medidas sustitutivas en los casos de policías enjuiciados por diversos supuestos delitos.

GOLPE DE TIMÓN

Este grupo de la sociedad civil expuso al pleno del Congreso Nacional la necesidad de un golpe de timón en la Dirección que conduce Villanueva, porque su gestión no ha incidido en la expulsión de los policías corruptos ni en bajar los niveles de criminalidad del país, con una tasa de 85 asesinatos por cada cien mil personas, una de las más altas del mundo.

Se quejaron, por ejemplo, que Villanueva no ha podido resolver 230 expedientes relacionados con igual número de oficiales y policías de la escala básica suspendidos por irregularidades, ni acreditar ante las instancias judiciales un verdadero proceso judicial para separarlos definitivamente de la institución.

Por el contrario, la suspensión, conforme a la ley, dura un año, a punto de cumplirse en algunos casos, algo que les dará el derecho a los imputados, a falta de pruebas en su contra, de pedir su reintegro.

Entre los 230 expedientes figuran los de 33 oficiales de alta jerarquía que no aprobaron las pruebas de confianza, incluso la del polígrafo, causal suficiente para separarlos, aunque solo a siete se les aplicó la polémica medida y el resto sigue dentro de la institución por fallas administrativas que Villanueva ni el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, han querido enmendar, según los denunciantes.

Una de estas fallas, por ejemplo, es que no han podido notificarles su despido a los involucrados porque muchos recurrieron a incapacidades médicas por un mes, calculando el tiempo que prescribe la acción de notificación. La APJ señala negligencia de Villanueva y su equipo al no poder corregir esa falencia legal.

Otro centenar de policías de las diferentes escalas también resultó reprobado en el detector de mentiras, pero en vez de separarlos fueron reacomodados dentro de la institución. La DIECP tampoco ha querido investigar con todo el rigor las condiciones socioeconómicas en que viven oficiales de alta jerarquía -especialmente aquellos con grandes patrimonios de origen dudoso- y sus pesquisas se limitan a las cuentas bancarias e inversiones y no a visitas domiciliarias para  determinar si sus ingresos justifican los lujos y comodidades que ostentan.

Los miembros de la  APJ se preguntan si Villanueva tiene miedo de ejecutar todas estas acciones administrativas contra los oficiales denunciados o en el peor de los casos está dejando vencer los plazos para evitar represalias, a sabiendas que al interior de la Policía operan mafias del crimen organizado y del narcotráfico que son un contrapoder en esa dependencia estatal, según las mismas denuncias.

La misma rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, también miembro del grupo civil, denunció ayer que en las últimas bandas desarticuladas por la Policía aparecen involucrados cuatro oficiales, pero no han querido revelar sus nombres. Eso es prueba de que la estructura corrupta de la Policía sigue intacta desde que se inició la cruzada por adecentarla, en noviembre del 2011, apuntó.

DEBIDO PROCESO

Frente a todos estos cuestionamientos, Villanueva ha recalcado que fue nombrado por tres años en el cargo, pero que no trata de defender su trabajo, sino de darle una respuesta a la sociedad como lo prometió al asumirlo. En el pasado, este funcionario fue ministro director del Instituto Nacional Agrario (INA) durante el gobierno interino de Roberto Micheletti y hasta finales del 2000 se desempeñó como fiscal del MP.

Expuso que no puede expulsar a los policías denunciados sin el debido proceso porque el Estado y él se exponen a demandas futuras de parte de los encausados. Sin embargo, aclaró que las acciones administrativas de los 230 expedientes señalados siguen vigentes y los están revisando caso por caso para darles seguimiento. “Es un proceso legal, no es un proceso por caprichos de personas”, afirmó.

En vista de que la APJ le exige la publicación de los nombres de los policías encausados, Villanueva tajantemente dijo que solo se los dará al Congreso Nacional, si se los pide, porque de otra manera sería violar el secreto de la investigación. “La rectora habla de que conoce policías que tienen ocho autos, pero yo tengo información de policías que tienen más que eso. Lo que pasa es que se trata de producir evidencias sustentadas más allá de denuncias de vecinos incómodos”, señaló.

“Esta es una institución seria, profesional y así la conduciremos hasta donde los tiempos nos lo permitan. Vamos a mantener el respeto a la legalidad. Tengo presiones de la sociedad que exige resultados inmediatos, pero la principal presión es mi convicción de la necesidad urgente de reconvertir la Policía Nacional de una policía ineficaz y gris, que ahora es, en una policía eficaz y transparente”, contrastó Villanueva.

“Ese es el proceso que defendemos, no defiendo mi presencia ni mi continuidad aquí, sino el principio de legalidad que no debe ser sometido al capricho de nadie”, señaló el funcionario, para luego agregar que “no tenemos miedo de haber asumido este cargo ni tampoco de seguirlo impulsando dentro de la ley; si hay algo de lo que me siento orgulloso es ser hombre de leyes, fiscal de la carrera, comprometido con la legalidad y con capacidad de ordenar esta Dirección en la ruta correcta que lleva”.

La  ola delictiva no da tregua en Honduras. Según estimaciones de la APJ, la tasa de homicidios en La Ceiba, Atlántida, es de 170 por cada 100 mil personas, mientras que en Londres, Inglaterra, es uno y en otros países de América Latina es 26.

La rectora agregó que el crimen organizado está afectando las élites económicas del país con secuestros en los últimos casos. “El país perdió el control del territorio, hay un contrapoder de las mafias, porque están por encima del poder oficial ya sea por incapacidad, falta de tecnología o miedo de los funcionarios que no hacen lo que tienen que hacer. No estamos en contra de personas, es el desempeño de esas personas lo que cuestionamos, y en su función como director lo que le exijo son resultados”, subrayó.

Por su parte, Rivera indicó que “ser respetuoso de la ley no significa ser lento, mediocre, ineficiente en el desempeño de sus funciones; nadie lo está acusando o motivando que transgreda la ley, lo que estamos demando es celeridad y un esfuerzo extraordinario acorde con la situación social que estamos pasando”. (EG)

Eduardo Villanueva: Puertas están abiertas, pero no voy a darles nombres
EDUARDO-VILLANUEVA“Quiero decir que fui designado por un período de tres años y eso es una norma que debe aplicarse. Si yo me convierto en indigno de este cargo, debo ser sometido por incumplimiento de mis acciones y estoy dispuesto a someterme”, aseguró el titular de la DIECP, Eduardo Villanueva.

“Si el Congreso, oídos todos los reportes que estoy en capacidad de presentar ahora mismo, considera que el trabajo es ineficiente, le puede decir al Presidente de la República (Porfirio Lobo Sosa) que me destituya, pero se encontrará con una norma legal que dice que este cargo dura tres años”, reiteró.

“Al honorable grupo de la sociedad civil quiero decirle que las puertas están abiertas, solo que yo no voy a dar los nombres de los investigados, investigadores, elementos de la investigación, los testigos ni nada que ponga en precario la vida y la seguridad y la gente mencionada en esas investigaciones”, enfatizó.

Jorge Omar Casco: No podemos certificar labor de esa Dirección
jorge-omar-casco“Nosotros no certificamos a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), primero porque no se sujeta a una metodología aprobada con un mecanismo de investigación y evaluación que comience por la cúpula de la Policía, para determinar no solo la aplicación del detector de mentiras, sino para hacer una evaluación patrimonial de los miembros de esa cúpula”, afirmó el coordinador de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), Jorge Omar Casco.

“No la certificamos porque en el personal que ellos tienen no se encuentra la calificación adecuada para esta tarea. No la certificamos porque en diferentes pláticas les señalamos la labor que ellos deben realizar, pero no la acatan, cuando les pedimos un informe corrieron al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) con un decreto para declarar secreto este proceso. Eso no puede ser, porque ese proceso debe ser transparente, debe ser conocido no solo por el gobierno y la sociedad, si se está cumpliendo con las asignaciones”, señaló.

Considero que, a pesar de todo, los titulares de esa Dirección deben ser escuchados porque en las últimas semanas informaban de ciertos elementos como resultados de esas evaluaciones, pero esperarían que eso se registrara en provecho del tiempo que ha pasado y los cuantiosos recursos invertidos por el Estado en seguridad. “Espero que presenten el informe al Congreso Nacional para que los diputados evalúen si han cumplido o no sus metas y con ese resultado poder tomar las decisiones pertinentes”, señaló.

“Siento que el Congreso ha aprobado leyes que han ido más allá de esas trabas, esa Dirección ha tenido instrumentos jurídicos suficientes para proceder sin trabas, aunque si se hubiera aprobado la Ley de Policía que nosotros presentamos desde el año pasado, la depuración fuera más acelerada”, estimó.

Consideró que la creación de la DIECP es correcta en sustitución de la de Asuntos Internos, pero vale decir que la capacidad de los gestores en la aplicación de todos esos instrumentos son los que son necesarios evaluarlos para cambiarlos y cumplir con la misión encomendada.

Embajadora de EE UU: Cada pueblo merece tener una Policía de confianza
Lisa-KubiskeLa embajadora de Estados Unidos, Lisa Kubiske, se pronunció a favor de la depuración policial, aunque reconoce que esa acción y el combate al narcotráfico son un largo proceso.

“Como he dicho hace más de un año, cada pueblo merece tener una Policía de confianza”, manifestó.

En cuanto al director de la Policía Nacional, el comisionado Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, recordó que hace unos diez años hubo acusaciones contra él. “Yo sé que él tuvo un proceso judicial que resultó bien para él, pero como existían esas alegaciones antiguas, nosotros en los Estados Unidos tenemos que cumplir con esa enmienda”, apuntó.

“Hemos organizado el proceso de trabajar en todos esos temas con el gobierno e incluso, con la Policía, pero protegiendo nuestras obligaciones”, señaló la diplomática.

Se captura delincuentes pero casos no son judicializados
Alrededor de 50 capturas de delincuentes y personas ligadas al narcotráfico y al crimen organizado han ejecutadas por las Fuerzas Armadas (FF AA), a nivel nacional, reveló el viceministro de Defensa, Carlos Fúnez.

Agregó que algunas personas han sido capturadas in fraganti con armamento de guerra, como fusiles AK-47 y M-16 y RPG-15, pero ninguno de los casos se han judicializado para remitirlas a la cárcel.

Explicó que una vez que capturan una persona in fraganti la entregan a la Policía Nacional, que luego la envía a los fiscales y ellos siguen el caso, pero realmente eso desmotiva a todo el personal de las instituciones encargadas de tales operaciones, ya que esto incluye un gran sacrificio de los soldados que se sacrifican día y noche.

“Es importante que podamos ir revisando dónde están los cuellos de botella y las fallas, para poder ir mejorando y que la paz y la implementación de la ley sean realmente efectivas”, manifestó.

 

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3 de “DIECP en el ojo del huracán”
  1. leonel sauceda dice:

    POR ESO LES DIGO QUE EN LA POLICIA DEBEMOS ESTAR SOLO LOS MAS HONESTOS, DESDE HACE TIEMPOS HUBIERAN DEPURADO A LOS PICAROS….

    • Jose dice:

      Por que no dijiste nada cuando el cartel de la granja y otros retumbaban de corrupcion.
      Hoy es que salen un monton de altos jefes policiales (como Aldo)diciendo que son honrados y con caracter,y entonces sale la pregunta..¿que hacian,que hicieron?.
      Policias ingenuos?…..ja ja ja ja……..

  2. many dice:

    ese es el gran problema que existe en el pais por que hay muchos ladrones mareros que son ercanrcelado y nunca son enjuciado lijeros andan libres y donde el peligro lo corren los policias que hacen bien el trabajo asi que creo q los mas corruptos son esos jueces y los policias de alto mando

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