Un cogobierno en el que se reparte el poder y la autoridad en los centros penales de Honduras es el compuesto por maras y policías que representan la cruda realidad histórica que por falta de presupuesto, logística y personal agudiza el problema del sistema penitenciario del país.
De no resolver las peticiones, planteamientos presentados y acciones inmediatas por parte de las actuales autoridades administrativas de las cárceles hondureñas, el Estado no solo seguirá siendo señalado por organismos internacionales defensores de derechos humanos; sino que la autoridad total podrían ejercerla las bandas criminales desde adentro de las celdas.
Así lo planteó el director interino del Instituto Nacional Penitenciario, Santos Simeón Flores, quien a penas tiene 60 días en el cargo que tiene como misión transformar el sistema penitenciario del país, que a su opinión no solo es tarea de él porque “una golondrina no hace nido” y la culpa del desorden ha sido de varios responsables en diferentes gobiernos.
El funcionario aceptó además como “cierto totalmente” que la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), concluya en un informe presentado ayer en Casa de Gobierno que el sistema carcelario en el país es paupérrimo, corrupto y deshumanizado.
“Dicen que hay un autogobierno, es correcto, ahí los privados de libertad definen el estatus de un privado (otro reo), ese tipo de autoridad hay que irlo recuperando, pero yo quiero que me den los recursos; yo necesito dos mil quinientos hombres para poder hacer una fuerza de cobertura”, expresó en tono de desesperación.
Lo anterior, según Flores serviría para que el presidiario “sepa que el que manda somos nosotros, no ellos” dijo al considerar que lo que dice es delicado, pero no puede esconderlo y menos cuando un relator internacional de derechos humanos, lo viene a decir en Honduras.