Lluvia de alternativas para prescindir de ley “prepago”

Concesionar solo un recurso natural o implementar un pacto fiscal son algunas ideas que aportaron ayer representantes de distintos sectores, en el marco de la discusión de la polémica Ley de Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública.

También crear una comisión multisectorial para estudiar otras opciones viables y legales, que no comprometan en su totalidad los recursos del país, explicaron expertos que asistieron al conversatorio sobre dicha ley, que se realizó en uno de los salones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Por ejemplo, el sector minero sugiere vetar el proyecto tal como lo aprobaron los diputados el 25 de julio pasado, y en su lugar, implementar un proyecto similar al que acaba de suscribir Bolivia con una empresa minera de Suiza, que le permitirá acceder a fondos frescos sin comprometer el resto de los recursos naturales.

Argumentan que este tipo de licencias han tenido éxito en otros países latinoamericanos como México, Perú y Colombia.

El novedoso programa de obtención de recursos implementado por el país suramericano no lesiona la autonomía del Estado, argumentaron los expositores.

De esa manera, la presente administración accedería a recursos para terminar el año aliviando la deuda pública que calculan en más de 180,000 millones de lempiras.

Otra idea que plantearon es la puesta en marcha de un pacto fiscal, integral, en el que todos los sectores pongan una parte de sacrificio; sin embargo, fueron conscientes que la idea fue estructurada en enero de este año, pero se quedó en teoría.

UNA IDEA DESCABELLADA

La mayoría de asistentes coincidieron en que esta ley es una de las ideas más descabelladas que se le ha ocurrido a la clase política del país, porque no es transparente.

De igual forma porque se entregan los recursos naturales, tanto mineros, hídricos y bosques a empresas privadas nacionales o del exterior, mediante la venta de bonos calculados a futuro de los proyectos que se podrían explotar.

Asimismo, estiman que consiste en una evidente confiscación de los bienes de Honduras, pues serían traspasados a manos privadas y a lo único a que podría tener derecho el Estado es a unos pírricos impuestos o cánones.

De esta manera, el país perdería independencia económica y, por ende, dejaría de atender las demandas sociales, como salud, educación, entre otras obligaciones que tiene con el conglomerado.

A modo de ilustración mencionaron que el gobierno ha concesionado obras viales, portuarias y de energía ya construidas por medio de la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público-Privadas, añadieron.

GOBIERNO CRECIÓ 14% Y LA ECONOMÍA APENAS EL 3%

No obstante, concuerdan en que la situación de las finanzas públicas es complicada, en parte porque el gobierno ha crecido en más del 14 por ciento, mientras la economía apenas lo hace a ritmos inferiores al 3 por ciento.

Calculan que al final de este gobierno el endeudamiento público, interno y externo, superará los 180,000 millones de lempiras, pero los índices de pobreza más bien han crecido, por la reducida inversión social y en infraestructura.

Asimismo, que los funcionarios que entreguen los bienes del país mediante la ley en cuestión se estarían exponiendo a ser reparados civil y penalmente, porque estarían violando disposiciones expresas en la Constitución de la República y leyes secundarias.

En resumen, explicaron que la crisis se debe al gasto desmesurado que ha hecho este gobierno, pero que de todas maneras hay que salvar el país, pero evitar que administraciones futuras vuelvan a poner en riesgo las finanzas públicas.

De igual manera, las opciones para salir del bache no deben incluir comprometer los bienes que dispone la nación. (JB)

Argumentos del Cohep

**Oposición a la Ley de Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública. **Presentar al Poder Ejecutivo los resultados de los estudios realizados por las comisiones de la cúpula empresarial, que no deben de entenderse como observaciones, sino como razonamientos analíticos que fundamentan la posición de la empresa privada. **Proponer respetuosamente al Presidente Porfirio Lobo Sosa, al menos, una alternativa que le permita al Estado de manera inmediata impulsar un programa viable y legal para la obtención de recursos económicos para el alivio de la deuda pública. **Crear una comisión presidencial para analizar las alternativas sobre bienes públicos determinados, con participación de varias entidades estatales relacionadas con las finanzas del país.

Opiniones:

Sector minero Transgreden varias leyes El representante de la industria extractiva, Santos Gabino Carbajal, explicó que la Ley de Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública pone al Estado como fiduciario, fideicomitente y concesionario, transgrediendo varias normativas vigentes. Asimismo, que de ser sancionada, el país estaría despojándose de valiosos recursos naturales a cambio de ínfimos cánones o tributos, lo que pondría en riesgo la existencia del mismo Estado. No obstante, mencionó que existe una variada gama de opciones para aliviar la carga de la deuda pública sin tener que comprometer el total de los bienes nacionales considerados ociosos.

Expresidente del BCH El déficit superará los 25,000 millones de lempiras Para el expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Edwin Araque, los apuros del gobierno se deben al aumento del gasto corriente, lo que ha puesto en riesgo la economía del país. El exfuncionario calcula que este gobierno terminará con un déficit fiscal que en valores absolutos podría llegar a 25,000 millones de lempiras. Asimismo, que la debacle se ha originado desde el Congreso Nacional, desde donde se han creado compromisos económicos sin imputación financiera, creando así más deuda flotante.

Sociedad civil Ley debe ser vetada El representante del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), Gabriel Perdomo, expresó que la posición de la sociedad civil y el sector privado es que se vete esa ley. También, que la implementación de la misma provocará incertidumbre financiera, llevando al Estado a una situación de quiebra plena o default. Igualmente, que este tipo de leyes solo se pueden utilizar en casos extremos y la situación de Honduras no está para aplicar medidas feroces, se debe de tomar como la última carta de salvación. Además, que el gobierno se encuentra en condiciones económicas complicadas, porque aplicó políticas desacertadas, sin escuchar el clamor de la empresa privada y demás agentes económicos.