Centros penitenciarios

Por Walter López R.
General de Brigada®

WALTER-LOPEZ-REYESDesde hace ya varios años, se viene tratando sobre la necesidad de construir centros penitenciarios en algunas ciudades del territorio nacional, sin que hasta ahora se haya concretado dicha idea. Las operaciones que han realizado las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público, y ahora un nuevo contingente de 5,000 hombres (Policía Militar de Orden Público), en alguna medida darán frutos positivos y se pronostican mejores resultados en un mediano plazo, sin embargo, a la vez va surgiendo otro problema que requiere de mucha y mayor atención: La falta de suficientes centros penitenciarios para alojar a los nuevos detenidos. Los ya existentes son inadecuados en cuanto a la clasificación de detenidos y en lo que aseguridad interna se refiere. De acuerdo a lo publicado en los medios de comunicación masiva sobre este tema, los problemas son varios y han sido causantes de tragedias, fugas de reos, consumo y/o abuso de drogas entre privados de libertad, planificación de crímenes, etc., etc. El hacinamiento en que conviven los reclusos permite que se lleven a cabo violaciones y crímenes entre ellos mismos por la falta de clasificación de las áreas o pabellones definidos para aquellos grupos de alta peligrosidad y los pertenecientes a delitos menores.

La ausencia en Honduras de una política criminológica integral, con un enfoque participativo y preventivo, unida al crecimiento poblacional de los privados de libertad, sobre todo en las principales ciudades del país, han aumentado los factores de riesgo que favorecen el desarrollo de la delincuencia. En cada operativo que se realiza al interior de estos centros penitenciarios, se encuentran, repetitivamente, celulares, armas corto punzantes y de fuego de todo calibre; hay un incremento en el consumo de drogas y bebidas embriagantes entre la población de detenidos, sin que se conozca el cómo y quiénes han permitido su ingreso. Esto ya es muy preocupante y debe de dársele la atención debida. Obviamente, nuestras cárceles, como un reflejo de lo que ocurre en el exterior, recogen este fenómeno existente en la actualidad, llegando a ser un problema serio que se suma a otros factores de nuestro sistema penitenciario y que desmejoran notablemente la calidad de vida de los privados de libertad, interfiriendo con los procesos que deben darse para lograr una reintegración adecuada de estos individuos a la sociedad.

Es una realidad innegable en todos los países de la región, que la tasa del uso de sustancias alucinógenas/tóxicas y alcohólicas al momento de la comisión del hecho delictivo, se sitúa en un elevado porcentaje de la población recluida, sin mencionar las dificultades derivadas de su consumo. Problemas tales como el tráfico ilícito desde el exterior e interior del centro de reclusión, violencia interna, pandillas organizadas, corrupción de funcionarios, interfiriendo así los esfuerzos o procesos de reinserción social. Las leyes que regulan la materia penal en nuestro país, deben de enfatizar que el sentido de las penas privativas de libertad, tienen como propósito fundamental, la rehabilitación del que ha caído en el delito, y su posterior reinserción a la sociedad. De acuerdo a esta normativa, se consigna como un derecho del privado de libertad, el acceso a los servicios de salud y la inclusión en programas de tratamiento que garantice un reintegro positivo a la sociedad. En este sentido, entonces, es imperativo abordar el problema del consumo de drogas y alcohol en la cárcel, clasificación de los encarcelados según la clase de delitos; contratación de un cuerpo policial especializado en seguridad de centros penitenciarios, que haya pasado las pruebas de confianza; asignación de psicólogos y sociólogos para los programas de rehabilitación del detenido, etc.; esto como una acción para materializar los objetivos del sistema penitenciario y ofrecer al privado de libertad, las alternativas científicas que le ayuden a mejorar su calidad de vida y la seguridad de la población en general.

Los establecimientos penitenciarios se conciben arquitectónicamente como un núcleo urbano autosuficiente, donde desarrollan su labor multitud de profesionales para la reeducación y reinserción social de los privados de libertad, y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad y la custodia de las personas encomendadas a la institución. La construcción, organización y funcionamiento de los centros penitenciarios están condicionados por los distintos regímenes penitenciarios y grados de tratamiento en los que se basa el sistema penitenciario hondureño; y subrayamos que aquellos capturados por delitos mayores (miembros del crimen organizado, miembros de los carteles del narcotráfico, etc.), deben de estar aislados de los otros reclusos, si son perseguidos y solicitados por autoridades extranjeras para su extradición, debe de hacerse sin vacilaciones de acuerdo a la ley de extradición de Honduras.

Es deber de la Secretaría del Interior y Población, garantizar que los establecimientos penitenciarios sean seguros, dotados de los medios materiales y personales necesarios que aseguren el mantenimiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines. Por ello deben garantizar una adecuada calidad de vida de las personas en prisión y que dispongan de las prestaciones y espacios adecuados para el acceso a la educación, la formación profesional, las actividades culturales, deportivas, laborales, religiosas y demás programas a desarrollar por el cuadro de profesionales y entidades colaboradoras encaminados a su reinserción en la sociedad cuando cumplan su condena, si este es el caso. Asimismo, controlar el comportamiento y conducta de quienes están encargados de realizar la vigilancia y seguridad externa e interna de los centros penitenciarios.

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1 de “Centros penitenciarios”
  1. Patriota 35 dice:

    Si empezamos aplicando un principio correcto, en forma firme y pareja, todo sigue por lógica deductiva. Si empezamos con el principio de derechos y justicia individual en vez de la interpretación del día por el poder global del día no hay lo complejo y confuso que se ve como realidad actual que se observa en este artículo. El principio es:

    "Cada uno de nosotros nacemos con el derecho de vida, libertad y propiedad. Perdemos esos derechos si violamos ese derecho de otros."

    Al hacer eso, todo se simplifica y no hay necesidad de clasificar presos. Todo criminal ha perdido todos sus derechos. "Derechos humanos" del día puede decir lo opuesto, pero si se aplica ese principio, todos han perdidos sus derechos. Si, de acuerdo con justicia, ha perdido su derecho de vida lo pueden matar, se ha perdido su derecho a libertad se puede tratar como esclavo, si han perdido su derecho a propiedad se le puede quitar todo. Lo que tenga es solo GRACIAS A LA MERCED de justicia.

    No tienen "derecho" a vida, libertad o propiedad. Pueden poner a cada uno que ha perdido sus derechos a trabajar, encadenado, en las carreteras (todos sabemos que eso es una cosa que necesitamos) y que construyan su vivienda temporera de los materiales que existen. Pueden ponerlos a manufacturar paredes para crear casas portátiles. Pueden ponerlos a trabajar lavando ropa. Pueden hacer placas para autos. Pueden hacer ropa para vestirse. Pueden hacer muchas cosas para permitirle que aprendan e integrarse con derechos y deberes cuando cumplen su condena. Y si no cumplen su condena pierden su vida. Para que eso suceda, todos tienen que empezar sabiendo que, al ser juzgado criminal, perdieron todos sus derechos y solo pueden recuperaros por medio de aprender sus deberes.

    Lo que no se puede permitir es que criminales continúen creyendo que pueden continuar con actos criminales desde donde están encarcelados usando derechos que han perdido. La idea de permitir que tengan ni un par de zapatos (mucho menos un celular), basado en que han perdido todo derecho, es contra el primer principio. La idea que tengan el privilegio de visita, retrato o comunicación es un privilegio, no un derecho, que tienen que ganar por los deberes que han podido mostrar.

    Al tener un principio firme e inviolable donde se juzga todo y todos, reduce y eventualmente quita la corrupción de ambos encargados y presos. Saber que son y como proteger derechos y deberes individuales con justicia individual provee la metafísica para mejorar convivencia humana. Cambiarlo por privilegios por y para alguna colectiva destruye derechos, deberes y el mero concepto de justicia.

    Ya lo sabemos, pero hacemos lo opuesto porque tenemos miedo de las consecuencia de grupos en poder global. Pues la verdad del caso es que hacen nada cuando derechos de gente honesta, recta y decente han sido violada. Cuando hay genocidio o otra enorme violación de los derechos de cada persona por algún gobierno totalitario y despótico, los encargados del gobierno quedan completamente impune mientras los quien proponen "derechos humanos" no dicen pio.

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