Lencas de acuerdo con construcción de represa

Más de un centenar de pobladores, en representación de una decena de patronatos de comunidades lencas de Río Blanco, del norte de Intibucá y sur de Santa Barbará, firmaron con el Presidente Porfirio Lobo Sosa un acuerdo de cooperación y mutuo entendimiento con la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) aceptando la construcción de la represa hidroeléctrica “Agua Zarca”.

Representantes de comunidades lencas se presentaron ante el Presidente Porfirio Lobo Sosa, para demostrar que están de acuerdo con el proyecto y firmaron un pacto de cooperación.
Representantes de comunidades lencas se presentaron ante el Presidente Porfirio Lobo Sosa, para demostrar que están de acuerdo con el proyecto y firmaron un pacto de cooperación.

La negociación y firma del convenio fue realizada en Casa Presidencial, con la presencia del mandatario Lobo Sosa, como testigo de honor; el ministro de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, Luis Green; los presidentes de patronatos de la zona de Río Blanco, aglutinados en un consejo regional y representantes de DESA, entre otros invitados.
Mediante el “Convenio de cooperación, mutuo entendimiento, indemnización, compensación comunitaria y ambiental, entre la empresa DESA y los patronatos de Río Blanco, norte de Intibucá y sur de Santa Bárbara, agrupados en el Consejo Regional de Gestión y Desarrollo (Congedisba)”, se establece que los pobladores de esas comunidades lencas aceptan la construcción del embalse.
En representación de los patronatos y comunidades lencas de La Tejera, El Barreal, Valle de Ángeles, La Unión, San Bartolomé, Santa Ana, Plan de Encima, San Ramón y La Leona firmaron el documento José Héctor García Mejía, Donato Madrid, Victoriano del Cid, Casimiro González, Esmelin Méndez y Natividad Díaz, entre otros dirigentes.
También ratifican el acuerdo, como testigos de calidad, la presidenta de la Organización Nacional Indígena Lencas de Honduras (ONILH), Lucía Esperanza Martínez; el presidente de la Federación Hondureña Indígena Lenca (Fhondil), Luis Antonio Ramos Díaz y el presidente del Movimiento Indígena Lenca de Honduras (MILH).

EJECUCIÓN Y OPERACIÓN

En ese sentido, el presidente del patronato de La Tejera, Donato Madrid, en representación del Consejo Regional de Río Blanco, manifestó en el documento que están satisfechos de los resultados del acuerdo y de consulta llevados a cabo, que reconocen la legalidad de la empresa, del proceso de socialización y de la construcción del proyecto “Agua Zarca”.
Asimismo, en la cláusula séptima del documento confirman que los miembros de la comunidad de Río Blanco ratifican “su apoyo a la ejecución, construcción y operación de proyecto Agua Zarca y se comprometen, a través de ese convenio, a garantizar el paso del equipo y maquinaria durante la construcción y operación del proyecto, por lo que no deberán realizar ningún tipo de actos que pongan en riesgo la construcción y operación del proyecto”.
“Que durante la vigencia del convenio la comunidad de Río Blanco se obliga a no realizar ningún acto que vaya en contra del desarrollo de la construcción, operación y mantenimiento del proyecto, como toma de carreteras, plantones, agresiones físicas o verbales en contra del personal o empleados de la empresa o realizar asociaciones con otras organizaciones aledaños o no a la zona del proyecto que impidan el desarrollo del mismo”, se estipula.

SERÁN INDEMNIZADOS

Por su lado, la empresa DESA, de capital hondureño, promete cumplir los compromisos de ejecución de programas sociales en las comunidades, pago de indemnizaciones a las personas afectadas, respeto a las políticas ambientales, abrir cajas rurales, emplear a pobladores de la zona cumpliendo los requerimientos laborales y capacidades, como también dotar de energía eléctrica a las comunidades que la requieran.
Sobre la problemática en el sector de Río Blanco, la Fiscalía entabló una acusación formal ante los tribunales de justicia en contra de los dirigentes del Copinh, Bertha Isabel Cáceres, Tomás Gómez y Aureliano Molina, por considerarlos responsables de incitar a pobladores a causar daños contra la empresa DESA por más de 67 millones de lempiras.
Asimismo, un tribunal de justicia de Intibucá, según el abogado Víctor Fernández, les impuso medidas cautelares a los dirigentes que deben comparecer al proceso, a los juzgados cada 15 días y se les prohíbe visitar la zona donde se ha cometido el delito, en el sector de Río Blanco, donde se construye la represa. (SA).