CARACAS (EFE). – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ayer que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó el carácter orgánico de la nueva Ley de Precios y Costos Justos con la que el Ejecutivo limitará el margen máximo de ganancias de las empresas a un 30% y que será publicada hoy.
«Quiero a anunciar una buena noticia, muy buena, porque recibí la llamada de la presidenta del TSJ (Gladys Gutiérrez) y me dijo que (…) la Sala Constitucional aprobó el carácter orgánico de la Ley de Precios Justos», informó Maduro durante un acto conmemorativo en el centro de Caracas.
Añadió que hoy procederá «a juramentar a la compañera (…) Andreína Tarazón, esta muchacha de 25 años, como presidenta de la Superintendencia de Precios Justos para que conduzca la ofensiva económica de las próximas semanas».
Maduro aprobó en noviembre la Ley de Precios Justos, primera norma que dictó tras la concesión de poderes especiales ese mismo mes para poder legislar sin control del Parlamento.
Tras su aprobación mandó la norma al Supremo para que le confiriera carácter orgánico, algo previsto en la Constitución.
El presidente venezolano dijo entonces que la norma era «para la protección del pueblo y sus derechos económicos».
Hoy señaló que arranca una «nueva etapa» de la «ofensiva económica» contra los especuladores y acaparadores, y aseguró que todos los inspectores, los ministros y la Fuerza Armada se lanzarán con «el doble de fuerza y capacidad» de lo que ya lo hizo a finales del año pasado.
También en noviembre pasado Maduro inició una «ofensiva» contra la «guerra económica» que, según dice, libran contra su gobierno empresarios y oposición.
Entonces el gobierno obligó a vendedores y propietarios de locales a bajar precios tanto de los productos como de los alquileres, con inspecciones en decenas de locales e incluso ordenó ocupar una gran cadena de venta de electrodomésticos con militares.
Maduro ha tomado varias medidas en los últimos meses, incluidos cambios en el gabinete y modificaciones del sistema de control de cambios que rige en el país desde 2003, con el fin dar respuestas a los problemas de una economía que cerró 2013 con una inflación por encima del 56% y escasez de bienes básicos. EFE