La secretaria general del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Alba Rivera, confirmó el reparo al Registro Nacional de las Personas (RNP), por más de diez millones de lempiras, ya que compraron un software que no lo necesitaba.
Explicó que las responsabilidades emitidas al directorio que fungía en el caso del subdirector técnico del RNP, Luis Suazo y el abogado Benjamín Santos, la responsabilidad civil, es por el orden de 12 millones 429 mil lempiras, producto de la compra de un software, que no es congruente con el sistema y por lo tanto, no fue puesto en marcha y no está operando.
De acuerdo a las especificaciones técnicas que contenía la contratación del mismo, cabe mencionar que está en una contratación que se hizo a través la Organización Internacional para Migraciones (OIM).
Estas organizaciones se hacen cargo de hacer compras, para facilitar los procesos de contratación, porque con eso lo que se consigue es, no seguir los procedimientos que establece la ley, las disposiciones generales del presupuesto y lo que la ley de contratación del Estado.
En ese sentido, el prejuicio consiste en que el directorio aprobó la compra de este software, también la entrega de unos bonos para diferentes servidores públicos del Registro Nacional de las Personas, vale mencionar que desde la junta directiva hasta las plantas técnicas.
Otra responsabilidad es por el orden de 692 mil lempiras, es relacionada con el arrendamiento de un local que serviría para agilizar el proceso de entrega de las identidades.