DIECP solo vigilará la conducta de los policías

La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) se encargará de vigilar la conducta de los elementos de la Policía y de los delitos y faltas, luego de la publicación en diario La Gaceta de la Ley General de la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Confianza.

La DIECP fue creada en el 2011 con el fin de investigar a los policías a través de las pruebas de confianza, pero ahora ya nos las practicará.
La DIECP fue creada en el 2011 con el fin de investigar a los policías a través de las pruebas de confianza, pero ahora ya nos las practicará.

El artículo 5 de la Ley, referido al Ámbito de Aplicación, reza que “la presente será aplicable a funcionarios de alto nivel del gobierno, a candidatos a magistrados del Poder Judicial, fiscales del Ministerio Público, la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y a petición del Presidente de la República a funcionarios de instituciones descentralizadas, así como a los funcionarios que por ley y mandato deben estar sujetos”.

El titular de la dirección evaluadora, Eduardo Villanueva, explicó que “tendrá la potestad de practicar las pruebas a todas las entidades de los órganos públicos”.

Ante la pregunta ¿habrá dualidad de funciones con la DIECP?, respondió que “no, porque nosotros ya no las vamos hacer, las van a hacer ellos para nosotros, para la Policía Nacional”.

Pero que ellos continuarán trabajando hasta que la intendencia esté conformada, acción que será ejecutada en los próximos días por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

La DIECP se encargará de revisar e investigar “las faltas constitutivas de responsabilidad penal en que incurran los miembros de la Policía Nacional y en vigilar la conducta de los policías”.

Esa institución fue creada en el 2011, luego que se descubriera que policías cometieron el crimen contra dos jóvenes universitarios, uno de ellos el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, posteriormente otros hechos irregulares salieron a la luz pública, por lo que el Estado determinó intervenir la Policía, separó directores, entre otras acciones.