La intervención en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y Minas (Serna) por parte del gobierno, ya arroja resultados escalofriantes en cuanto a cobros ilegales por concepto de otorgamiento de licencias ambientales a empresas, para que pudieran instalar un determinado proyecto en algún sector del país.
“El señor Presidente nos pidió que hiciéramos un proceso de eficientar las actividades y se nos ha pedido transparentar el accionar de tres instituciones y en ese sentido hay un proceso de intervención dentro de estas tres instituciones, Instituto Hondureño de Geología y Minas (Igeomin) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF)”, explicó el titular de la Serna, José Galdámez a LA TRIBUNA.
Producto de esa intervención ordenada por el propio Presidente de la República, han sido una serie de irregularidades que están siendo documentadas, específicamente en el área de otorgamiento de licencias ambientales.
Las investigaciones han comenzado a raíz de denuncias de supuestas irregularidades cometidas, específicamente en la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA).
MORDIDAS POR LICENCIA
Uno de los principales hallazgos encontrados es el cobro ilegal de parte de abogados, en contubernio con empleados de la secretaría, para expender un determinado permiso de licenciamiento ambiental.
Galdámez explicó que están documentando aspectos referidos al por qué solo algunos representantes legales obtenían las licencias, “eso es lo que estamos revisando, por qué solo ciertos tipos de empresas consultoras se les aprobaban los licenciamientos y estamos investigando qué probables nexos hay entre estas personas y los que trabajan en los departamentos de la Serna y con aquellos que están brindando asesorías técnico-legales”.
El funcionario explicó que han recibido denuncia no formalizada de personas que solicitaban pagos por las licencias ambientales, para determinados proyectos, “nos han denunciado que en proyectos, para poner un ejemplo, en Islas de la Bahía cobran en dólares, piden dos mil dólares, inclusive nos han dicho que dependiendo la magnitud del proyecto hasta han llegado a pedir de 300 a 500 mil lempiras”.
Según trascendió, los cobros se han pedido en los distintos sectores del país, pero específicamente en zona atlántica del país.
INFORME PARA EL PRESIDENTE
Información de fuente de entero crédito, reveló que ya tienen documentados los nombres de los abogados como de los empleados que estarían involucrados en hechos irregulares y que después de documentar los casos, serían presentados ante el Ministerio Público (MP).
Se conoció de boca de empleados que pidieron mantener en secreto su identidad, que la metodología de operar consistía en que los trabajadores de la Serna avisaban a grupos de abogados externos sobre peticiones de una persona o empresa que pretendía solicitar una licencia ambiental, le entregaban la información y estos lo contactaban para después decirle “si nos apoyamos mutuamente esto le va a salir rápido”.
En ese sentido, el ministro de la Serna, sentenció que “no descartamos que las personas sean llevadas a las distintas instancias legales para que rindan su declaración correspondiente y así determinar si tienen implicación o no”, a la vez que llamó a los empleados que brinden la información que tengan y que no deben hacerlo de manera formal.
La intervención de Serna se dividió en dos etapas, se están analizando los expedientes que tiene en su poder la autoridad de la Serna, para definir desde qué periodo se realizará el proceso, así también se conformó un equipo técnico que revisará la información recopilada, mientras que otro equipo hará los análisis técnicos, administrativos y legales de los expedientes y para cuando se tenga el informe será entregado al Presidente de la República.
El gobierno determinó llevar a cabo un proceso de fusiones, en el caso de Serna, se le fueron adscritos el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Igeomin) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF).
Otro de los hallazgos es la permisividad que hubo para ejecución de proyectos que no cumplieron con los requerimientos ambientales para no dañar el ecosistema, en ese sentido Galdámez refirió un caso registrado en Zacapa, en la comunidad del Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida, donde pobladores denunciaron la construcción de un complejo de apartamentos, que según dictámenes ya emitidos por la Procuraduría General del Ambiente, no fueron ejecutados bajo las medidas requeridas.
Luego de la denuncia la Procuraduría General del Ambiente, como la DECA y el ICF, en 2013 iniciaron una investigación, según dictamen en poder de LA TRIBUNA, establece que no se cumplió con los requisitos necesarios, en principio no se socializó el proyecto, en segundo lugar no se respetó la franja de protección de cien metros tomando como punto de referencia la marea alta, tal y como lo establece la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, mediante decreto 98-2007.
Y entre los daños causados figuran: En la hidrosfera, usurpación de lo hidrografía local, lo que es catalogado como grave para los técnicos ambientales; en la litosfera hubo pérdida real del suelo, alteración de las características físicas y químicas, remoción de movimientos del suelo, pérdida de la cobertura vegetal y erosión del suelo producto de las descargas, lo que también es grave.
En cuanto a la fauna el informe establece que hubo desplazamiento de especies por descargas, disminución del área de fauna existente, reducción de la biodiversidad biológica, migración de especies, e interrupción de corredores biológicos, lo que es grave para la Procuraduría del Ambiente y la DECA.
Al respecto, el ministro de Serna dijo, “me comprometo a tomar las acciones correspondientes y de ser necesario, yo me haré presente a la zona de manera personal para que tomemos las decisiones que sean las correspondientes porque no es posible que se desarrollen proyectos y no cumplan con las medidas de mitigación ambiental y que no cumplan la franja de línea costera que está establecida, porque se pone en riesgo la obra y a las personas”. (NJA)