Para contrarrestar los retardos en las acciones administrativas en los entes gubernamentales se promovió una iniciativa de ley que faculta a la Procuraduría General de la República (PGR), y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a deducir responsabilidades administrativas y penales.
Los funcionarios que en 60 días no emitan los dictámenes o informes técnicos deben atenerse a las consecuencias, entre ellas se exponen a ser denunciado ante la PGR, y si la denuncia resultare cierta se abrirá un expediente para deducirles la responsabilidad correspondiente.
El proyecto de ley fue declarado con prioridad y después de las vacaciones de Semana Santa será discutido en la cámara legislativa, donde hay apoyo unánime de las bancadas.
Es más, incluso a las opiniones que solicita este Congreso Nacional debe fijarse un plazo improrrogable para que los poderes Ejecutivo y Judicial respondan los requerimientos que se les hacen y no los engaveten.
MORA ADMINISTRATIVA
El proyecto busca, por otra parte, que se descargue del inventario de expedientes en mora administrativa que hay en el Poder Ejecutivo, en 60 días a partir de la vigencia de la ley. Las instituciones más denunciadas son las secretarías del Ambiente y Agricultura y Ganadería, pero hay otras como Migración y la Marina Mercante, Industria y Comercio, donde se quejan de la mala atención en los trámites administrativos.
“Finalizado el plazo de la mora administrativa que se haya cumplido por funcionarios irresponsables el Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría General de la República promoverán las acciones para deducir responsabilidad civil y administrativa contra los responsables del retardo malicioso en la tramitación”, indica el proyecto.
En otro apartado se señala que, “a partir de la vigencia de esta ley, todos los funcionarios responsables en la tramitación de procedimientos administrativos que no adopten las medidas de mora innecesaria o malicioso o que traten injustificadamente dilatar las diligencias que incurran en defectos de tramitación serán sancionados por la vía administrativa, sin perjuicio de la deducción de responsabilidad penal”.
De oficio el afectado podrá presentar la simple denuncia en la PGR para que se inicien contra el infractor las acciones ante las autoridades competentes. (NA)