Por Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario
Una de las principales promesas de campaña del hoy Presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández, fue la de realizar una evaluación periódica a los funcionarios públicos con el objeto de agilizar los procesos administrativos y hacer más eficiente el trabajo gubernamental.
La evaluación mediante gestión por resultados es muy utilizada hoy en día, particularmente en el sector privado acostumbrado al trabajo por cumplimiento de metas y objetivos, sin embargo gobiernos latinoamericanos como los de Costa Rica, México, Chile y Uruguay entre otros, han adoptado esta estrategia de medición movidos en gran parte por la presión social que ve con mucha indignación cómo desde el poder se derrochan los recursos de los países sin que existan posibilidades de castigo para los responsables de atentar contra el Estado.
En Honduras el pasado proceso electoral dejó lecciones importantes que obligatoriamente deberían ser tomadas en cuenta por el Presidente Hernández, gran parte del descontento de la población, reflejado en las urnas, está ligado a la forma en que se han venido manejando los asuntos públicos.
Por décadas, el principal argumento de análisis y evaluación en el desempeño de las instituciones estatales y de los funcionarios a cargo, ha estado concentrado en el manejo irregular de los fondos y en el bajo rendimiento y la poca efectividad de sus ejecutorias.
Uno de los principales obstáculos encontrados en la administración del Estado es la falta de mecanismos que obliguen a los funcionarios públicos a rendir informes concretos, reales y transparentes de las acciones desarrolladas por la institución que rectoran.
Bajo este escenario, el gobierno no puede darse el lujo de permitir que esta constante siga su curso, instituciones como la ENEE, Hondutel, el SANAA, PANI y otras están al borde del colapso financiero porque se abrió la puerta al desenfreno mezquino de malos funcionarios que pusieron a su servicio personal la maquinaria estatal.
De expedientes de corrupción y enriquecimiento ilícito están llenos los archivos del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), las denuncias en el Ministerio Publico (MP), los tribunales de justicia y en los medios de comunicación son muchas pero más por efectos de trascendencia mediática y de chantaje o negociación política, conocido es que en nombre de la corrupción y la impunidad se han firmado pactos y acuerdos entre las altas cúpulas políticas y económicas del país.
No basta con hacer señalamientos y referencias a los actos ilícitos cometidos por gobiernos anteriores, tampoco ganamos nada con hacer cambios a nivel de altos funcionarios públicos si los que llegan traen la intensión de seguir con las mismas malas prácticas o quizás peores que las de sus antecesores.
Mal haría el actual gobierno en esconder por intereses políticos los ilícitos cometidos por funcionarios y exfuncionarios, es el tiempo propicio para poner orden en el complejo mundo administrativo gubernamental.
La gestión por resultados debe ser una práctica permanente aplicada a toda la estructura de la organización, el Estado no puede seguir siendo la tabla de salvación económica de unos pocos porque el resultado de esta tendencia sería fatal.