Los dineros sustraídos de manera dolosa del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) fueron enviados a empresas en Chile, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos.
Entre las firmas se destacan compañías de bienes raíces y sociedades especializadas de compra y venta.
Según el jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal del Ministerio Público, Roberto Ramírez Aldana, al expediente se le está “dando seguimiento a nivel transnacional”.
Está versión, ha tomado fuerza después de notificarse que el ex director, Mario Zelaya, podría tener bienes en Estados Unidos.
Al respecto, aseguró que se está “teniendo bastante información para darle una nueva ruta en cuanto al delito” que involucra el lavado de los fondos en otras naciones.
“Todo inicio como un tema de derechos humanos, hasta descubrir una red amplia de corrupción”.
Indicó que el proceso investigativo está bastante avanzado, pero “no se puede compartir información” por su complejidad.
El sonado caso, se dio a conocer a la opinión pública cuando la institución decidió intervenir el centro asistencial por supuestas irregularidades.
Ramírez Aldana, detalló que el ente está averiguando “muchos delitos, muchas personas involucradas”.
Se estima que al menos 320 individuos están implicados en el defalco millonario.
Hasta la fecha, solo se ha detenido al gerente administrativo, José Bertetty, quien aparentemente sobrevaloró la adquisición de diez ambulancias.
Además, la Policía Internacional (Interpol) busca a Zelaya, principal culpable de los desvíos monetarios.
De 20 a 100 millones de lempiras recibieron involucrados
Sobre los nombres de más cómplices, estimó que es “un trabajo delicado” en todos los niveles.
Añadió que no se pueden dar a conocer nombres sin antes tener las pruebas contundentes, para no dañar a personas inocentes.
A criterio del funcionario, todo se está enmarcando en la ley, a través del aseguramiento de bienes y la ocupación de los mismos.
Según datos de una radio local de la nación, se levantó expediente a un empleado que compró cuatro vehículos de lujo y una casa valorada en un millón de dólares, con un salario de 40 mil lempiras mensuales.
Asimismo, se averigua la identidad de otros ciudadanos que prestaron sus nombres para blanquear los caudales.