Por Edmundo Orellana
Un nuevo Código Penal propone el Congreso Nacional.
El argumento es el de siempre. Se necesitan leyes modernas para una sociedad moderna. A los comportamientos delictivos que propiciaba la sociedad de ayer, se suman los que provoca la sociedad de hoy. El actual, pues, no es idóneo para combatir la impunidad en la sociedad del siglo XXI.
Desde hace algunos años, el Estado viene proponiendo nuevos textos legales para sustituir los existentes o para regular comportamientos hasta hace poco irrelevantes para el ordenamiento jurídico. En este afán, incurre en algunos desaguisados, como las últimas reformas aprobadas al ordenamiento jurídico administrativo.
En materia penal, también se ha incurrido en errores por desconocimiento de la técnica legislativa. Es costumbre de nuestros legisladores aprobar figuras delictivas con sus correspondientes penas en leyes no penales (en leyes administrativas, por ejemplo), en lugar de modificar el Código Penal. El Derecho Penal hondureño, por este proceder de nuestros legisladores, está diseminado en toda la legislación, desprovisto del carácter orgánico que su peculiar naturaleza demanda.
También se ha incurrido en el error de creer que con el aumento de las penas se atemorizan los criminales. Craso error. Los criminales cometen los delitos con la seguridad de que nadie los descubrirá; no es, pues, el aumento de las penas lo que disminuirá el crimen.
Algunos delitos, según los redactores del proyecto, ya no serán castigados con reclusión, porque se contemplan métodos novísimos para castigar al criminal. Copiados de países altamente desarrollados, donde la pobreza equivale a la clase media nuestra, serán aplicados a quienes, acicateados por las extremas privaciones y vejaciones que el sistema promueve o perpetra, cometen delitos por desesperación. Es el caso de aquellos que incurren en delitos por primera vez, empujados por las asfixiantes circunstancias en que viven. Si su entorno sigue igual o más hostil, ¿qué garantía tenemos de que no seguirán delinquiendo?
Por otro lado, la necesidad de un nuevo Código Penal no debe servir de pretexto para traer modelos extraños a nuestra cultura política. El Código Procesal Civil, por ejemplo, en lugar de contribuir al fortalecimiento de la legislación para garantizar bienes jurídicos, la debilitó. Esto fue lo que sucedió con la desaparición de la jurisprudencia civil por la supresión de la “doctrina legal” en la nueva normativa procesal civil.
Finalmente, es oportuno advertir, que un nuevo Código Penal que no vaya acompañado de la profesionalización de la investigación criminal, y de la capacitación y compromiso del fiscal y del juez en el cumplimiento de su deber, servirá únicamente para seguir mordiendo al descalzo, mientras presumimos de tener el más moderno Código Penal, envidia de los demás.
Oigamos a El Libertador: “La corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos”.