Cinco bienes inmuebles quedaron debidamente asegurados al ser vinculados por el Ministerio Público al desfalco contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
La acción ha sido calificada por el jefe de Unidad de Reacción Fiscal Roberto Ramírez Aldana como una muestra de coordinación de trabajos en colaboración con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Y la misma obedece a los resultados obtenidos luego de seguir unas 15 líneas de investigación sobre nuevas vinculaciones y personas con relaciones directas en adquisición de bienes y en la supuesta utilización de recursos del IHSS.
Mediante un boletín de prensa, detalló que estas propiedades se encuentran en Santiago de Chile e incluyen dos apartamentos de lujo.
Respecto a los requerimientos por ser presentados dijo que el MP “está siendo muy objetivo y muy responsable”.
“Este es un caso sumamente complejo donde las líneas de investigación se han abierto y la inmediatez nos obliga a proceder al aseguramiento para no permitir que estos bienes sean traspasados”.
“Nuestra política va a ser asegurar los casos y judicializarlos cuando ya estemos listos para sostener las pruebas hasta un juicio oral y público”.
Posible extradición
No descartó que a una persona identificada como Natalia Castro podría ser extraditada al ser relacionada con el prófugo ex director del centro asistencial Mario Zelaya.
Sin embargo, nada se ha concretado aún y únicamente existen conversaciones de trabajo con fiscales de Chile a fin de “coordinar quien va a ser el país que va a proceder a interponer las acusaciones”.
“Para nosotros en Honduras aparece totalmente vinculada porque ella además de tener una relación personal íntima con uno de los imputados (Mario Zelaya) del caso del Seguro Social además de tener un hijo que ya está acreditado oficialmente adquirió bienes tanto en la república de Chile como en la república de Honduras”.
A renglón seguido, dijo que: “Esa vinculación nos permite y nos habilita para que ella sea procesada en los tribunales de la República de Chile”.
Adelantó que operadores de justicia chilenos ya iniciaron una investigación penal por el delito de lavado de activos “y ellos tomarán las decisiones que correspondan”.