Por: Amílcar Santamaría*
En menos de una semana un reportero de la televisión fue asesinado y otro, objeto de secuestro, asalto y robo. De hecho, este último creyó que podía ser víctima mortal de los criminales que lo asaltaron, ya que usaron de todo tipo de violencia para despojarlo de su auto y objetos personales.
Herlin Espinal tenía apenas 31 años y en septiembre cumpliría 32. Era el corresponsal de un noticiario televisual de Tegucigalpa, y trabajaba en San Pedro Sula. Oriundo de Santa Rita de Yoro, en el área de El Progreso, se había abierto paso con su energía y trabajo, y había asistido a la escuela de periodismo de la Universidad Nacional, con miras a dedicar su vida a este angustioso y, a la vez, emocionante trabajo en el que se cosechan angustias, riesgos y -en ocasiones- hasta la muerte.
La otra víctima trabaja en Tegucigalpa, pero sea porque el objetivo de los hampones se limitaba a obtener unos autos y algunos recursos o porque no habían sido contratados para cometer un homicidio, lo despojaron de sus haberes y lo dejaron en libertad.
El número de periodistas que han sido víctimas de la violencia criminal es ya superior a las tres docenas de personas, solo siendo superado por los abogados, que han sido asesinados en alrededor de ochenta. Por supuesto, los informadores públicos, por el hecho de serlo, alcanzan más notoriedad en los medios y, en el caso que nos ocupa, la muerte del reporteo ha salido, literalmente, en todos los diarios y televisoras del mundo.
Todo ello revela que el crimen sigue rampante en Honduras y que, pese a las repetidas declaraciones de los funcionarios públicos, la muerte cobra su cuota en forma incontenible. Una discusión interminable sustentada por las oficinas de la Seguridad Oficial y los observadores independientes de la sociedad civil, evidencia que el gravísimo problema sigue sin resolver y que, a lo sumo, se ha obtenido una pequeña reducción en la tasa de homicidios.
El gobierno ha creado varias policías, con diferentes nombres y gran parafernalia. Pero todos los días hay muertos. Se ha llegado a casos tan increíbles como el de un padre y sus hermanos que asesinaron a una niña de cuatro años de edad, lo cual es una verdad incalificable.
Y por si esto no fuera suficiente, estamos también sometidos a los niveles más altos de corrupción de todos los tiempos, como se evidencia en el caso del Seguro Social, en el que se ha dado la atrocidad -y el cinismo- de que el propio expresidente de la nación ha dicho que él sabía de todo lo que allí sucedía, pero lo había callado para no afectar la imagen del partido en el poder.
Con su franqueza de siempre, el expresidente Roberto Micheletti ha dicho que esa increíble declaración del señor Porfirio Lobo es un grave delito que, entre otras cosas, implica complicidad con la monstruosa estafa que ha extendido sus tentáculos hasta Estados Unidos y Chile.
El fiscal general de la nación ha anunciado que se citará a Lobo para que explique esa conducta incalificable y para tratar el asunto con base en la ley, sin ningún tipo de favoritismos.
Es nuestra esperanza que sea verdad. Tanto en lo que alude a la violencia criminal, atroz e imparable, como en lo que tiene que ver con la monstruosa corrupción.
Si estas infamias sin nombre no se combaten con las herramientas de la ley, será imposible evitar que terminemos en el fondo del abismo. Y después de eso, no habrá nada que esperar…
*Periodista y profesor universitario.