Volvieron los remesones en el Poder Judicial, el viernes el Consejo de la Judicatura anuncio la suspensión de tres empleados judiciales y un juez de ejecución de Danlí, El Paraíso.
Así lo informó la vocera de los Juzgados capitalinos, Bárbara Castillo quien indicó que desconocía las causas por las cuales fueron suspendidos los empleados y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los nuevos sacrificados en el interior del Poder Judicial están: Jorge Alberto Mejía Figueroa, quien se desempeñaba como juez de Ejecución de Danlí, El Paraíso, Xiomara Pineda Machado, secretaria del Juzgado de Letras de Puerto Cortés; Pascual Rivera Zelaya de la seguridad de los Juzgados de San Pedro Sula; y Carlos Francisco Perdomo Andrade, secretario del Juzgado de Santa Bárbara.
Castillo, dijo a medios periodísticos locales que estas personas han sido suspendidas provisionalmente por denuncias en su contra interpuestas ante Inspectoría de Tribunales, por lo que se han abierto las investigaciones, mismas que podrán llevarse hasta tres meses.
En tal sentido el vicepresidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, Mario Díaz expresó que “seguimos sosteniendo que el proceso que siguen no es el correcto, es ilegal primero trascienden los nombres de nuestros compañeros ante la opinión pública, lo cual violenta el derecho a la intimidad personal, el derecho al honor y la sanción implica la suspensión del salario por lo cual consideramos que violenta el derecho al trabajo.
Además, calificó las suspensiones como arbitrarias e ilegales, ya que primero exponen a los funcionarios y empleados ante la opinión pública y después investigan.
“Este proceso es violatorio de los derechos constitucionales de los compañeros, violenta el debido proceso en todos los sentidos”, destacó este abogado quien se desempeña como juez del Tribunal de Sentencia de la CSJ.
Con esta actitud del Consejo la persona suspendida comienza a cumplir una pena antes de que se verifique una sanción ajustada a derecho o no.
Cuando se lanzan los nombres ante la opinión pública se califica como que los compañeros suspendidos es que han cometido un acto de corrupción y cuando lo más preciso es que se haya cometido una falla administrativa que no implica ningún tipo de violación a derechos de personas con las cuales han trabajado. (MR)