Desde teléfonos inteligentes hasta carros blindados contempla el anteproyecto de Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operares de Justicia, según se informó luego de una reunión sostenida ayer con los miembros de la comisión de dictamen y representantes de distintos entes de seguridad del Estado.
El diputado nacionalista Renán Inestroza, miembro de la Comisión Ordinaria de Justicia y Derechos Humanos, indicó que se ha continuado con el proceso de socialización del anteproyecto de ley, al escuchar a los representantes de las Fuerzas Armadas (FF AA), Policía Nacional, Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado, Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) y las secretarías de Seguridad y Defensa.
“La preocupación de ellos es el tema económico porque en virtud de la gran cantidad de beneficiarios, el presupuesto podría no alcanzar, y ellos podrían ser denunciados por incumplimiento y después demandados, y es así que nosotros les hemos pedido que nos den un estimado mínimo en función de los tres niveles de riesgo, de los cuales podrían ser objeto cada una de las personas y que nos digan la cantidad de cuánta gente podría ser beneficiada en cada uno de esos niveles de riesgo”, señaló Inestroza.
Agregó que los representantes de los cuerpos de seguridad del Estado se han comprometido que en un plazo de una a dos semanas harán llegar esa primera estimación que se deberá sumar a la petición que ha hecho la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
Explicó que se manejan tres niveles de riesgo y en primera instancia figura el preventivo, el que necesita medidas de protección, y el que necesita medidas de protección urgentes, que es cuando una persona debe ser reubicada dentro o fuera del país y que no requiere una protección de simples policías, sino de cuerpos especializados y hasta de un carro blindado para proteger sus vidas.
Indicó que no se puede precisar aún cuántas personas podrían ser beneficiadas con la ley, y el monto que se requeriría para protegerlas, aunque se conoce que actualmente en el país hay 107 personas que gozan de medidas de protección, pero ahora se amplía el espectro al incluir a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, incluyendo jueces, magistrados, fiscales y policías.
En la reunión participaron los diputados Miguel Edgardo Martínez, Jari Dixon y Renán Inestroza, miembros de la comisión dictaminadora, además de Kenia Irías y Paolo Tavarone, funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
Asimismo, el subcomisionado Orlin Cerrato de la Policía Nacional; representantes de las FF AA, los coroneles Mario Alberto Ramírez y Óscar Edgardo Cerrato; el coronel Servio Tulio Arista López, de la Fusina y el director nacional adjunto de Investigación e Inteligencia del Estado, comisario Gerson Velásquez; el coronel Guillermo Thumann Cordón y el comisario Rommel Martínez Torres.