Por: Marcio Enrique Sierra Mejía
La política es una actividad que en la sociedad hondureña se vive intensamente; y los ciudadanos con mejor posicionamiento social, entienden que para modificar las normas de convivencia que les afectan, tienen que organizarse no solo en partidos políticos, sino que ahora también, optan por aglutinarse en otras formas efectivas de organización social. Y, es a través de ellas, que empujan los cambios que suponen apuntan hacia objetivos comunes demandados por la comunidad. En general, las demandas que plantean reflejan en esencia un sentido ético de justicia y libertad deseables para tener una buena vida. Por tanto, la ciudadanía hondureña involucrada en hacer política busca hacer extensivo el ideal de la buena vida que no es más que la expresión de una actitud ética que presentan a la sociedad. Sin embargo, se observa que este ideal ético de la buena vida, que trata de cuestiones morales y que contiene un fundamento teórico filosófico acerca de encontrar la mejor forma de vivir, o un mejor estilo de vida; en Honduras, está lejos de alcanzarse porque los intereses particulares de quienes controlan las instancias u organizaciones sociopolíticas en las que activan, no tienen la capacidad para coincidir en un ideal ético de buena vida. Se percibe, una multiplicidad de posturas éticas tratando de imponerse, según sea el poder que tienen esos intereses particulares, sobre importantes estructuras socioorganizativas.
El gobierno es una de ellas pero no es la única. O sea, que el poder para imponer un estilo de vida no necesariamente lo tiene el Presidente de la República exclusivamente, más bien, está diluido en una heterogeneidad de estructuras organizativas. Por ejemplo, las iglesias, el COHEP expresan un interés particular, así también los sindicatos, los partidos políticos, las ONG’s, los militares, y otra cantidad de instancias que gravitan en política de forma subrepticia. En consecuencia, decir que el Presidente de la República tiene el poder absoluto para determinar un ideal de buena vida es una falacia. Sino que le pregunten al expresidente Manuel Zelaya Rosales.
Lo que estamos viendo en la actualidad en la actitud pragmática del nuevo gobernante, es que con el poder legítimo que tiene, ha emprendido una política realista que busca evitar la falta de respeto entre las personas y orienta el poder del Estado para lograr este fin; pues su actuar, consiste tanto en crear como restaurar la armonía en la convivencia social. En otras palabras, se está intentando utilizar el relativo poder del gobierno para enmendar la parte injusta e imperfecta del ser hondureño y obrar en consecuencia, ejerciendo el poder contra ella. Pero como la política es humana y por tanto imperfecta, su práctica debe ser supervisada a su vez por la ética, ya que no siempre la ley es justa ni el poder relativo que el gobierno ejerce para que se cumplan las leyes. En este sentido, lo que está causando incomodidad entre las instancias que componen la estructura de poder en la sociedad, son los mecanismos de control que emplea el gobierno para ejercer su poder legítimo. Y que algunos críticos radicales contra el gobierno infieren, es la muestra real, que evidencia el uso de una ideología fascista. Esta aseveración, es naturalmente mal intencionada y desprovista de un fundamento objetivo que lo demuestre. Sin embargo, en relación a los mecanismos de control sí hay definitivamente cierta confusión que no deja de ser importante para ponerle atención. La ciudadanía debe estar consciente que existe una guerra explícita en contra del terrorismo narco criminal y la expansión de grupos de delincuentes comunes organizados en redes criminales, muy bien manipuladas por una élite de personas, con una inteligencia que a veces pareciera, que desborda la capacidad de los que dirigen los aparatos de seguridad nacionales. El poder coercitivo se está aplicando no contra las organizaciones que luchan por los derechos civiles pero sí contra los narco traficantes y las organizaciones de los criminales organizados. Empero, las fuerzas opositoras de la extrema izquierda acusan al gobierno de estar involucrado en asesinatos políticos sin tener evidencia de su real participación, lanzan una campaña política fríamente calculada al nivel internacional, con alevosía para hacer creer que se está aplicando una intencionada política represiva en contra de organizaciones que luchan por la libertad y la justicia. Lo cual no es verdad.
Se debe desvanecer con eficacia la perturbadora imagen que le dan a Honduras y a su gobierno al nivel internacional. Esas acusaciones internacionales de los socialistas radicales europeos en contra del gobierno, al declarar que se están produciendo asesinatos políticos ponen en entredicho la imagen del gobierno actual, y son perjudiciales para el desarrollo de la política de promoción de inversiones, que se ha empeñado en ejecutar. Por lo tanto, amerita la atención porque tales asesinatos, no necesariamente, son ejecutados por aparatos de seguridad del gobierno siguiendo una instrucción oficial determinada, de repente existen otros móviles, pero en tanto no se pruebe lo contrario, queda la duda flotando en el ambiente. Lo que sí es cierto, es que el gobierno en la actualidad, aplica el poder legítimo porque es respaldado por el derecho y la opinión pública que le da a la gestión gubernativa la autoridad para ejercerla, en un marco de respeto a los derechos humanos.