Durante el debate sobre la petición de juicio político al fiscal general adjunto, Rigoberto Cuéllar, hubo algunas posiciones a favor, pero la mayoría en contra, como la del diputado liberal José Alfredo Saavedra, quien señaló que no estaba acreditada la relación o nexo de causalidad entre lo denunciado y las actuaciones del alto funcionario.
“Al analizar la denuncia y documentación adjuntada, llegamos a la conclusión de que no está acreditada la relación o nexo de causalidad entre lo denunciado y las actuaciones del fiscal general adjunto, específicamente en lo que se refiere a la persecución de la acción penal pública y la Ley Constitutiva del Ministerio Público”, apuntó.
“El mensaje que les queremos dar a los fiscales es que el fiscal que se meta a investigar la corrupción va a ser amedrentado por los diputados, por investigar los casos. O sea, el fiscal que se meta con un diputado lo vamos a llamar a un juicio político, ¿ese es el mensaje?”, acotó Yuri Sabas, diputado liberal por Choluteca.
En tanto, el nacionalista Oswaldo Ramos Soto, después de dar cátedra sobre la historia del juicio político en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, con el caso Watergate que llevó a la renuncia del presidente republicano Richard M. Nixon, propuso como moción que “en atención a todos estos argumentos propongo, como corolario, que no se admita este documento porque carece de fundamento, ninguna de las imputaciones le corresponden al fiscal adjunto en el desempeño de sus funciones”.
Para el jefe de la bancada de Unificación Democrática (UD), Edwin Pavón, quien votó por la abstención, planteó: “¿por qué de oficio, ante las denuncias graves en su momento, no iniciaron los pasos para una investigación? Ahora bien, jurídicamente, de la forma que se ha establecido la ley, el juicio político no aplica en este caso”.
A favor del juicio político, la jefa de la bancada del Partido Anticorrupción (PAC), Fátima Mena, señaló que la figura no debe ser usada para dirimir asuntos personales, sin embargo, sentó la posición partidaria a favor de que se admitiera la denuncia de Castro.
Lo mismo expresó el jefe de la bancada de Libre, Manuel Zelaya, quien señaló que “hoy se discute si el Congreso Nacional desea investigar las denuncias o no; si dice que no va a investigar, está bien, esa es una facultad, pero, entonces, después que no aparezcan con otras después. Prácticamente, estamos absueltos todos los que fuimos funcionarios. Si se le niega el derecho de investigación a través del Congreso, estamos atropellando un derecho y negándonos a nosotros mismos la posibilidad de hacerlo mañana, porque cuando mañana vengan con otros casos, van a decir por qué a este sí y a los otros, no”.
Del Partido de Innovación y Unidad (Pinu), Doris Gutiérrez, hizo énfasis en que las denuncias deben investigarse porque sí hay algunos elementos a tomar en cuenta para admitir la denuncia e iniciar el juicio político contra el funcionario, entre ellos la falta de cumplimiento en sus deberes de funcionarios, que sí compete al fiscal general adjunto. (NA)