Por: Edmundo Orellana
Catedrático universitario
Ahora resulta que son los usuarios los responsables del estado calamitoso de la ENEE. Es por el robo de energía que esta institución se ha convertido en el peor dolor de cabeza financiero del gobierno hondureño, según sus ejecutivos.
¿Cómo se atreven a acusar al usuario de lo que solo ellos son responsables? Ciertamente, la ENEE no estaría en la situación actual, si sus directivos hubiesen tomado oportunamente las decisiones convenientes para evitarlo.
Desde principios de la década de los ochenta, según documentos oficiales de la época, sabían que El Cajón sería insuficiente para atender la demanda de energía eléctrica en un futuro próximo y no se prepararon. Nada consistente hicieron para construir más represas y asegurar una oferta sostenida -pese a que contamos con 19 cuencas hidrográficas para seleccionar las más adecuadas para ello-, ni para buscar alternativas viables y no contaminantes.
La contratación de energía térmica fue decisión de los ejecutivos de la ENEE. Fue la salida fácil y conveniente a sus intereses que encontraron para suplir la insuficiencia de El Cajón. Las condiciones leoninas que se estipularon en los contratos originales y que se incluyeron, aún con mayor lesividad para los intereses públicos, en los contratos posteriores, es atribuible únicamente a los ejecutivos de la ENEE.
La deuda que los usuarios tienen con la ENEE es responsabilidad de esta, no de los usuarios. Estos no pagan porque aquella es negligente en el manejo de sus intereses. Si tiene la facilidad de cortar el suministro en caso de mora ¿por qué, entonces, permitieron que empresarios y dueños de residencias fastuosas acumularan deudas de aproximadamente dos mil millones?
La cantidad de 800 millones que la ENEE informó al Congreso Nacional el año pasado, haber eliminado de sus estados financieros porque eran parte de una mora “incobrable” de deudores desaparecidos, es una pérdida atribuible a los ejecutivos de esa institución, cuya incapacidad administrativa quedó retratada fielmente en esta operación.
La aprobación de condonaciones a favor de morosos hasta por 178 mil millones de lempiras, aproximadamente, según trascendió extraoficialmente hace algunos años, también es imputable a los directivos de la ENEE, de ser cierto.
La existencia de “pegues” clandestinos es responsabilidad de la ENEE, sin discusión. De haber cumplido los trabajadores con los deberes propios de sus respectivos cargos, esos “pegues” no existirían o al menos no incidirían en la proporción que, según sus ejecutivos, hoy afectan la salud de las finanzas de esa institución.
La pérdida de aproximadamente 8 mil millones de lempiras anuales en la transmisión de energía, es por falta de mantenimiento en las líneas de conducción; por falta de mantenimiento también se encuentran en estado deplorable la infraestructura de El Cajón y las turbinas que en el mismo funcionan. ¿A quién es imputable esta negligencia? A la ENEE, por supuesto.
El sindicato vocifera en contra de la privatización, aunque se muestra más preocupado en participar de la explotación del servicio, ofreciéndose como contratista. No se ha percatado, sin embargo, que el servicio se privatizó hace mucho, desde que las dos terceras partes del mismo lo suministra la empresa privada, que ahora exige más participación, en aras de una competitividad que nunca ha mostrado, acostumbrada a mercados cautivos, razón por la cual ha sido incapaz de competir en mercados abiertos, que si exigen competitividad, como los que ofrecen los tratados de libre comercio vigentes con Estados Unidos y Europa.
Finalmente, lo más grave es que aún no saben, ni la ENEE ni el gobierno, a cuánto asciende realmente la deuda del ente estatal. Lo que exhibe la gravedad de la negligencia de sus ejecutivos, que, seguramente, gozarán de la protección del sistema de impunidad.
Señores ejecutivos, no sean tan descarados. No son los usuarios los responsables de que la ENEE sea la piedra en el zapato en las negociaciones con el FMI y la causa principal del déficit fiscal. Ellos son las víctimas. Los victimarios son los que no tomaron las decisiones convenientes en el momento oportuno, por negligencia o por someterse a oscuros intereses.
En lugar de amenazar o castigar al usuario, debe perseguirse a esos ejecutivos irresponsables. Contra estos debe emplazar su artillería el sistema de justicia, como en el caso del IHSS, aplicando la ley sin más consideraciones que las reconocidas a todos por igual.
