Por Melvin López Herrera
“Soy Juan Orlando Hernández”… así se presentó en la ONU en su discurso inaugural como presidente de Honduras. Llegó a hablar de Honduras para el mundo; sobre la crisis que vive nuestra nación con los problemas migratorios que se han vuelto mayúsculos para nuestra población infantil; habló también sobre las expectativas que tiene la nación para su transformación, y promocionó ante la inversión extranjera oportunidades para aventurarse en el campo económico y de los negocios en nuestro país.
En el tema de la migración, sobre todo la infantil, fue dramático y elocuente al expresar en ese foro mundial las motivaciones (sostenemos que no son las únicas) que mueven este fenómeno migratorio de niños hondureños que se lanzan o son lanzados a una aventura tenebrosa, pretendiendo llegar a los Estados Unidos de America huyendo de la violencia que trágicamente es consecuencia de la incontrolable narcoactividad y del crimen organizado, que están minando significativamente las estructuras de una sociedad estable en nuestro país, volviéndola emocional y materialmente vulnerable e insegura.
En ese tema, fue muy categórico al ser reiterativo que la narcoactividad que se origina en el sur con la fabricación de la droga y concluye en el norte con el consumo de la misma, nos está llevando de encuentro en nuestro país en donde cargamos con los muertos, producto de una guerra que no hemos comenzado y que quisiéramos que desapareciera de una vez. Y en eso fue terminante al demandar la corresponsabilidad de los estados en cuyos países genera excelentes resultados económicos esta actividad.
No cabe la mínima duda que con el problema y la amenaza de la narcoactividad ningún Estado debe sentirse desligado de la responsabilidad que impone hacerle frente a esta realidad, sobre todo aquellos que son responsables de no parar con la fabricación y el consumo masivos. Bien recordamos que en septiembre de 2001, cuando se dio el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, George W Bush logró reunir en asamblea a las Naciones Unidas y allí fue decisivo e impositivo al advertir “o están con los Estados Unidos o están contra los Estados Unidos”; haciendo que sus estados miembros, sin dejarles opción intermedia alguna, incorporaran en sus propias legislaciones leyes de aplicación internacional para combatir el terrorismo.
Si ese poder de “persuasión” del coloso del norte lo tuvieran nuestras pequeñas naciones centroamericanas, la narcoactividad que ha fortalecido el crimen organizado en nuestros pueblos habría tenido la respuesta más oportuna y efectiva de los estados donde se dan las grandes producciones y los grandes consumos de la droga; ya que no les hubiera quedado otra opción al estilo Bush: o están contra el narcotráfico o están con el narcotráfico.
Naturalmente, no se puede demandar una respuesta de aquellos países sin combatir el mal que esos cánceres están provocando al interior de los nuestros. Bien sabemos que la narcoaividad y el crimen organizado esta corroyendo nuestro sistema político y nuestra “democracia”; penetrando e influyendo nuestras estructuras sociopolíticas, al grado de sostener con certeza que la elecciones ya no se ganan (nunca lo fue así) con el voto consciente de nuestros electores, sino con la afluencia e influencia del dinero incontrolable que, en esos procesos políticos, tiene su origen obscuro en aquellas fuentes, que ven en la política una inversión segura para su existencia.
La segunda parte más notoria del discurso de Juan Orlando fue el mercadeo que hizo ante la Asamblea, del pedaceo geográfico y político que le ha impuesto a nuestro territorio y a nuestra nación. Habló de “bondades” hacia la inversión extranjera: tendrán su propia legislación, su propia administración, sus propias políticas… ofreciéndoles la conformación de un Estado ajeno dentro de nuestro propio territorio, con sus propios jueces, sus propias autoridades, etc. Esa fue la obstinación y la aberración que le marcó cuando estuvo al frente del Congreso Nacional, donde tuvo que promover y dirigir el asalto inconstitucional al Poder Judicial, con la remoción ilegal de cuatro miembros de una Sala que jamás permitiría el atropello a la Constitución, a nuestras leyes y a nuestra soberanía para asegurarse que, con las nuevas piezas a su favor en la Sala, la segunda versión de las ciudades modelo pasaría sin tocar tablita como efectivamente ha sucedido.
Esta aberración de quien ahora está al mando de la administración pública, se sostuvo con el pretexto ilusionista de asegurar fuentes de empleo para quienes en busca de ello se lanzaban a la aventura de emigrar hacia el coloso del norte; pretendiendo con tal pretexto crear el espejismo de un atractivo paraíso laboral dentro del nuestro país.
Con esas zonas especiales de desarrollo (ciudades modelo) no solo los trabajadores en las “zede’s” perderán la tutela de las garantías laborales que la Constitución y las leyes les ha asegurado hasta ahora; los municipios territorialmente se habrán contraído para dar cabida a quienes ocupen esas zonas; las municipalidades verán reducidas su autoridad y la captación de sus tributos al no tener aplicabilidad en aquellas zonas, el Congreso Nacional perderá la exclusividad en la atribución constitucional que ha tenido para la creación de impuestos afectándose con ellos las arcas nacionales; los moradores de los lugares escogidos para las zonas correrán el riesgo de ser desalojados de sus predios, algunos ancestralmente poseídos, en fin…
Así el discurso presidencial en la ONU tuvo sus dos perfiles: en uno la exigencia al aseguramiento de la dignidad pacífica de nuestra nación, y en otro la venta pública de nuestro territorio y nuestra soberanía y con ello ofendiendo y atropellando nuestra dignidad política y ciudadana.