Por: Carlos Ramos.
Entendemos por “competencia” el proceso que realizan las empresas para atraer clientes, vender productos y obtener beneficios. Y por “libre” la abstención de la intervención directa del gobierno en el funcionamiento de los mercados de bienes o servicios. Cuando se hace un refrito entre estas funciones se pagan las consecuencias afectando el desarrollo del país o empobreciendo un sector, como ocurrió con los campesinos productores con la importación gubernamental de frijoles.
La competencia entre diversos empresarios o emprendedores crea incentivos para disminuir los costos, generar ahorros y estimular la oferta de productos. En este intercambio se produce el beneficio de los consumidores que permite que se ajuste la oferta de productos o servicios con sus necesidades. La libre competencia será perfecta si se realiza entre un gran número de compradores y vendedores e imperfecta si se reprimen por la fuerza o decretos ejecutivos.
En Honduras, como en cualquier nación, se producen momentáneos desabastecimientos de un producto en los mercados, por la dependencia de insumos externos y la fragilidad de la estructura productiva. Ello fue lo que ocurrió en el caso de los frijoles. Perseguir a bodegueros es noticioso pero inefectivo y probablemente contraproducente.
Frente a este desafío, la respuesta del gobierno no debe ser comportarse como un mercader comprando los productos que escasean o suben de precio. Y en caso de que existan evidentes razones para intervenir, asegurarse de hacerlo bien. No hay duda que se afecta la credibilidad de la autoridad con explicaciones insostenibles sobre el extravío del barco frijolero o su tardanza.
Recordemos que el estado empresario es una de las principales amenazas a la libre competencia y con frecuencia crea más problemas que soluciones.
Cuando decide realizar actividades mercantiles interviene y distorsiona los delicados equilibrios que regulan la oferta y la demanda. Las decisiones –a veces arbitraria o interesada de un funcionario- pueden condenar a campesinos productores a la pobreza, quebrar a un emprendedor y también enriquecer a un comerciante oportunista. Los criticados frijoles endurecidos disponibles en los mercados es una comprobación de que no toda intervención estatal es positiva y su rechazo una expresión de la fragilidad de las decisiones impulsadas desde las alturas gubernamentales, a pesar de sus buenas intenciones.
Si analizamos cualquier producto nacional se observan algunas constantes. Los productores locales, que necesitan mayores facilidades y apoyos para fortalecer la producción. Algunos comerciantes presionan por barreras arancelarias o prohibiciones que defiendan sus cuotas o canales de distribución. Y los consumidores esperan que se venda con la mejor calidad y menor precio. Todas solicitudes válidas aunque algunas más legítimas que otras. Mantener el equilibrio es difícil pero sumamente necesario.
Cuando un gobierno cede a una presión abusiva o sobre reacciona a una noticia farandulera condena al pueblo a sufrir carestía y falta de calidad de un producto y a que algunos se enriquezcan a costa de la protección estatal. Cuando se establecen permisos discriminatorios e irregulares de importación se daña a la producción nacional y se crean monopolios que se lucran exageradamente de las necesidades ciudadanas. Y cuando el gobierno actúa como importador o mercader, compite indebidamente contra los productores –en este caso los campesinos- asfixiando su desarrollo y perpetuando su pobreza.
No hay duda que este es un proceso delicado y no es fácil establecer cuáles son las medidas adecuadas para conciliar los intereses de diferentes sectores de la población. Sin embargo, el primer paso es la adopción de claras reglas del juego para productores y comerciantes. Ambos actores deben conocer sus riesgos y posibilidades de beneficios para ajustar su comportamiento con anticipación.
La intervención más discutible es importar frijoles improvisadamente condenando a los productores a una mayor pobreza cuando sale la cosecha y o a que no se siembre adecuadamente el próximo año debido a la baja artificial del producto debido a los excedentes almacenados.
En una economía social el gobierno protege y estimula la libre competencia. Se abandonan las actividades estatales, mercantiles, comerciales o financieras que pueden desarrollar los particulares implementando instituciones reguladoras cuya misión es fortalecer la competitividad y proteger a los consumidores.
Esta misión debe entregarse a tribunales o a servicios técnicos independientes que mantengan al gobierno lejos de la influencia de empresarios con vocación política o de políticos dedicados a empresarios y controlen las motivaciones de funcionarios que pudiesen actuar para la galería y el espectáculo mediático.
Es más importante ocuparnos de impulsar las condiciones que fortalezcan la libre competencia entre productores y comerciantes antes que provocar refritos que desnaturalicen los aportes de cada sector a la sociedad. Estimular la producción nacional, dinamizar los mercados y defender adecuadamente a los consumidores parece ser más necesario para el crecimiento y desarrollo nacional que llegar con camiones a los mercados y dar explicaciones sobre importaciones cuestionadas o barcos perdidos.