El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) develó ayer un nuevo hecho de supuesta irregularidad, esta vez en el Registro Nacional de las Personas (RNP), donde el perjuicio para el Estado sería alrededor de los cinco millones de lempiras.
El daño patrimonial se habría causado, según las investigaciones del ente de sociedad civil, con el arrendamiento de un edificio que no fue utilizado por 11 meses, el pago de altos viáticos y contrataciones directas que no siguieron los lineamientos correspondientes.
Según el CNA, los responsables son las autoridades del consejo directivo, entre ellos un alto funcionario de la administración anterior, otra persona que ya no labora allí y otro que fue ratificado en esta administración.
El informe que fue brindado ayer en conferencia de prensa establece que el perjuicio se distribuye así: 197 mil 784 dólares por un contrato de octubre del 2013 al 2014 de un edificio que no fue utilizado sino hasta 11 meses después; 30 mil 767 dólares que corresponden a viajes hechos a Perú y Estados Unidos; 2,000 dólares en compra directa de un motor y 8,000 dólares en la contratación de servicios profesionales.
INMUEBLE
Proceso de arrendamiento no cumplió con lo establecido en los artículos 38, 41 y subsiguientes de la Ley de Contratación del Estado. Contrato que ha estado vigente desde el 1 de octubre del 2013 y por el cual se ha pagado 4.1 millones de lempiras, sin que este haya sido usado hasta hace unos meses cuando ya le colocaron un rótulo de la institución.
Específicamente en el dato del inmueble, el Consejo estableció que algunos funcionarios, viajaban en el marco de la inscripción de hondureños en Estados Unidos a la base de datos del RNP, pagaban boletos, gastos y otros con la tarjeta de crédito y que después pedían el reembolso sin presentar ninguna documentación que demostrara el gasto.
En cuanto a la contratación de personas, las autoridades del CNA investigaron la contratación de Edwin Joel Bulnes Vásquez, por un monto de 8,000 dólares, quien resolvería problemas de seguridad por configuración del Pix Cisco 525 que controla las comunicaciones locales e internacionales.
Pero según el CNA “el procedimiento que se siguió para la contratación de Joel Bulnes, contraviene los requerimientos establecidos en el Artículo 94 de la Ley de Contratación del Estado, posterior a la consultoría realizada, el señor fue contratado como empleado del RNP. No se evidencian resultados palpables sobre la consultoría realizada por el señor”.
DELITOS
La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos explicó que “el proceso investigativo de número CNA-UAISC-024-2014-RNP relacionado con la utilización de los fondos del Registro provenientes del Contrato de Intercambio de Comunicación e Información suscrito entre esa institución y empresas de telecomunicación privadas”. Documento que está visible en la página web de ese organismo de sociedad civil.
Continuó que “desde hace varios meses, el CNA a través de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos, inició una línea de investigación a lo interno del Registro Nacional de las Personas vinculado con actos irregulares cometidos por el Consejo Directivo de dicha institución conformado por los señores: Jorge Arturo Reina García (exdirector del Registro Nacional de la Personas RNP), Gerardo Martínez Lozano (subdirector Técnico) y Manuel Sagastume (subdirector administrativo)”.
A criterio del CNA las tres personas incurrieron en tres delitos de abuso de autoridad, malversación de los caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios.
El Consejo fue apoyado por Oficina Policial de Investigación Financiera (OPIF), donde descubrieron “dichos fondos se manejaron en cuentas separadas a nombre del Registro Nacional de las Personas en una institución bancaria del país sin ningún control financiero por parte del Estado ya que los mismos no se reflejan en los estados financieros de ingresos de la institución y por ende no están registrados dentro del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI)”.