Por Ernesto Paz Aguilar*
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Queremos reflexionar sobre la legalidad y legitimidad de las cuantiosas sumas de dinero que por concepto de deuda política, recibirán los llamados partidos de maletín (FAPER-UD y Alianza Patriótica) y la DC y el PINU-SD.
Marco Legal. La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, en su artículo 82 define lo que es deuda política y en el mismo establece: “Ningún partido político podrá recibir menos del quince por ciento (15%) de la suma asignada al partido político que obtenga el mayor número total de sufragios, salvo que este haya obtenido menos de diez mil (10.000) votos en su nivel electivo más votado”. He aquí una trampa: en países democráticos para que un partido político mantenga su inscripción, es necesario que obtenga un mínimo de un cinco por ciento (5%) de los votos validos en una elección. A su vez dicha trampa es inequívocamente inconstitucional porque violenta el principio de igualdad contenido en el artículo 44 Constitucional: “El voto es universal, obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto”. (Art. 44 Constitucional).
Ilustramos nuestra afirmación con el cuadro de la distribución de la deuda política en las elecciones 2013:
El Estado debe pagar la deuda política en dos cuotas: la primera, que representa el sesenta por ciento (60%), calculada sobre los resultados del proceso electoral anterior… y, la segunda, equivalente al cuarenta por ciento (40%) restante, calculada con base en los resultados finales de la elección. Cabe señalar, que los partidos nuevos (LIBRE, PAC y Alianza Patriótica) no recibieron ningún adelanto porque fue su primera participación en procesos electorales.
Tsunami electoral. En las elecciones de 2013 se produjo un “tsunami electoral” que no se refleja en la distribución de la deuda política, ni en una remodelación institucional que incluyese a las nuevas fuerzas políticas más fuertes (LIBRE y PAC).
Paradojas. Con insospechadas trampas e ingeniosos trucos, los partidos DC, PINU-SD y UD, que obtuvieron menos votos que en el 2009, recibirán más dinero en concepto de deuda política en el 2013. Conjuntamente estos partidos obtuvieron ciento catorce mil setecientos noventa y tres (114.793) votos en el 2009 y cuatro años después solamente obtuvieron trece mil seis cientos nueve (13.609). Esto significa que ciento un mil ciento ochenta y cuatro (101.184) electores desertaron y ahora, estos tres partidos ni siquiera representan el uno por ciento (1%) del total de los votos válidos.
Podemos afirmar que la combinación de trampas y trucos ha producido un descuadre entre los resultados electorales y la representación política que amenaza seriamente la gobernabilidad democrática del país. Es un grave error que el Partido Nacional y sus aliados se opongan a la reforma de una ley electoral que está en abierta contradicción con las nuevas realidades políticas surgidas del proceso electoral del 2013.
Vino nuevo en odres viejos. En conclusión, las viejas reglas electorales no sirven para tratar a nuevas realidades, sirven únicamente para mantener una institucionalidad ficticia que no contribuye al desarrollo democrático. Sin duda alguna, Honduras urge de una nueva ley electoral que permita avanzar hacia una democracia más auténtica.