Por Boris Zelaya Rubí
Una de las fórmulas en Latinoamérica para hacerse rico, ha sido venderle al Estado con sobreprecio, pagando coimas a los funcionarios del gobierno, y luego destinando parte de esas ganancias al financiamiento de campañas políticas, para obtener protección o silencio legal.
Entre los políticos de nuestro patio existe la creencia de que los recursos públicos no son de nadie, y que por lo tanto quien los administra puede hacerlo como si fuera parte de su patrimonio. El servidor público que roba al Estado, roba al pueblo que es el que mantiene con sus impuestos al gobierno.
La mayoría de los casos de corrupción se dan precisamente en compras estatales amañadas. Es importante hacer públicos los procesos de adquisición de bienes y servicios que constituyen un factor fundamental en la lucha contra la deshonestidad tanto del sector público como del privado.
“Las compras públicas tienen una gran incidencia en el gasto del Estado, por lo cual resulta crucial que se promueva la transparencia en estos procedimientos, no solo para investigar y sancionar eventuales hechos de corrupción sino también y, fundamentalmente, para prevenir que estos hechos sucedan”.
Para regular las compras públicas existe la Ley de Contrataciones del Estado, donde se estipula que los funcionarios o empleados, que tengan como parte de sus obligaciones comprar o contratar bienes o servicios, tienen que hacerlo efectuando cotizaciones con varias empresas, comprándole a la que ofrezca mejor precio y asistencia técnica, mediante una garantía. Cuando el valor sea de un costo considerable (regulado en el reglamento de compras de algunas instituciones) se harán licitaciones públicas.
Las acciones tomadas por la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) detectó contratos que resultan lesivos para las finanzas de esa institución, por compras no justificadas, ya que no respondían a las necesidades inmediatas como la falta de medicinas, especialmente los que muestren sobrevaloración, no deben ser pagados, después de seguir un proceso legal. Los proveedores alegan que el aumento de los precios se debe a la tardanza del Estado en pagar, tales excusas solamente retratan la desalmada codicia de los empresarios. Los interventores les pedirán readecuar la oferta y definitivamente ganarán menos si es que adelantaron alguna “propina”, con los resultados de las pruebas en laboratorios del exterior para no recibir de nuevo cápsulas con almidón o harina y equipos médicos o electrónicos de oficina, defectuosos o de segunda.
Las personas encargadas de comprar en las instituciones del Estado, tienen obligatoriamente que rendir una fianza, para respaldar que sus acciones sean, como decía el perfumado de El Hatillo, transparentes (¿se referiría a manos invisibles robando al erario?). En las instituciones tienen auditores internos que por lo general degeneran su función al ser pagados por la misma que supervisan. En un tiempo fue la Contraloría General de la República ahora integrada al Tribunal Superior de Cuentas, quien nombraba y pagaba los auditores, pero al poco tiempo caían en la trampa al gozar de muchas prerrogativas o participación en las compras en contubernio con los jefes. A veces organizando empresas “fantasmas” para venderles a las instituciones donde laboraban y obtener así sustanciales ganancias.
Las intervenciones del Tribunal Superior de Cuentas, son a posteriori, o sea después de haber cesado en sus funciones los responsables. Los procedimientos son tardados y engorrosos y un corrupto puede evadir sus responsabilidades por mucho tiempo y con suerte, en algunas de las instancias del procedimiento, puede lograr que los documentos probatorios duerman el sueño eterno. Lo recomendable sería que de nuevo, los auditores fueran regulados normativa y administrativamente por el Tribunal Superior de cuentas o en su defecto que el mismo organismo que los seleccione tenga la autoridad de rotarlos cada determinado tiempo para que no se “encariñen” en una institución.
Algunos aspirantes a empresarios quieren iniciarse “haciendo negocios” con el Estado, para salir de la pobreza a la velocidad de la luz y con la acumulación de capital, en poco tiempo aspirar a cargos de elección popular, porque con dinero es que se obtienen los cupos, sobre todo para las elecciones internas de los partidos políticos.
Como consuelo por la lentitud de la justicia, que “muerde solo a los descalzos”, no debemos conformarnos con que los delincuentes sean exhibidos públicamente o que les cancelen las visas para entrar a la tierra de tío Sam. Exijamos su castigo. Muchos tienen más manchas que la piel de un tigre de bengala (con perdón de los tigres).
De rodillas solo para orar a Dios.