BUENOS AIRES (AP). El fiscal que investiga el atentado contra una sede judía de Buenos Aires en 1994 acusó el miércoles a la presidenta Cristina Fernández y a otros miembros del gobierno de negociar con Irán la impunidad de los acusados del ataque y pidió su declaración indagatoria.
En un escrito que hizo llegar a The Associated Press, el fiscal Alberto Nisman acusó a la mandataria «y a altos miembros de su gobierno de decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA… La presidente y su canciller tomaron la delictiva decisión de fabricar la inocencia de Irán para saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos de la República Argentina».
El 18 de julio de 1994, una camioneta cargada con explosivos detonó frente al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), causando la muerte de 85 personas y heridas a más de 200. Dos años antes, un ataque similar arrasó la embajada israelí en Buenos Aires, con un saldo de 29 muertos y 242 heridos. Ninguno de estos ataques ha sido esclarecido al presente.
La denuncia del fiscal del caso AMIA quedó radicada en el juzgado federal a cargo del magistrado Ariel Lijo, quien debe decidir si da lugar a la acusación y cita a la mandataria y a los demás funcionarios.
Entre los acusados se encuentran el canciller Héctor Timerman, un diputado nacional oficialista, personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación y un exjuez.
Nisman solicitó, además de la citación judicial de cada uno, que se trabe un embargo preventivo sobre sus bienes por 200 millones de pesos (unos 23 millones de dólares).
«Se trata de una ridiculez pocas veces vista», dijo el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, en diálogo con el canal de noticias por cable C5N al conocer la acusación del fiscal.
Según Nisman, el canciller Timerman, por orden de la presidenta, celebró «acuerdos secretos con Teherán» para llevar a cabo una «maniobra criminal» que incluyó «el armado de una pista falsa, basada en pruebas fraguadas, para desviar la investigación judicial hacia culpables inventados así liberar de su responsabilidad a los acusados iraníes».
En diálogo con periodistas, Nisman aseguró posteriormente que «se acordó la impunidad de los iraníes, esto lo ordena la presidenta y lo instrumenta (el canciller) Timerman, entre otras personas» con el objetivo, según indicó en el escrito, de «acercarse geopolíticamente a Irán, intercambiar petróleo y hasta venderle armas».
