Por Armando Cerrato
Muy hábilmente el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, condujo a la oposición a la trampa del plebiscito y referéndum para dirimir por la vía de la consulta popular una diferencia de criterio político que no pudo alcanzar consenso en el Congreso Nacional.
Se trata de la no elevación a rango constitucional de la Policía Militar y de Orden Público, (PMOP), al triunfar con voto en contra una alianza entre diputados de los partidos Anticorrupción (PAC); Libertad y Refundación (LIBRE); Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) y Liberal (PL).
Pese a que los nacionalistas afirmaban tener cerca de ochenta votos de los 128 totales, en realidad solo consiguieron algo más de sesenta, ni siquiera una mayoría simple y necesitaban una calificada de 86 votos favorables para consumar su pretensión de tener una PMOP bajo el mando directo del Presidente por orden constitucional.
Sabiéndolo de antemano, el obstinado Presidente nacionalista mandó al Congreso la propuesta de que sea una consulta popular en una cuarta urna en las elecciones generales del último domingo de noviembre de 2017 donde el pueblo diga si o no a la elevación al rango constitucional de la PMOP.
Y en esa propuesta y la lejanía del proceso electoral bajo el alegato del costo económico, es que está la trampa, pues nadie afirma que con solo la impresión de otras papeletas, en esa cuarta urna, no se pregunten otras cosas de enorme trascendencia para el desarrollo político nacional como la reelección presidencial continua como la quiere Juan Orlando Hernández Alvarado.
Recuérdese que ya diputados que por profesión tienen la abogacía, presentaron tras 32 años de vigencia de la Constitución un recurso de inconstitucionalidad a secciones de dos artículos de la Carta Magna y un artículo completo del Código Penal que prohíben y sancionan fuertemente el tan solo plantear una discusión sobre la reelección.
Ya el obediente y no deliberante Ministerio Público dictaminó que el recurso tiene fundamento jurídico, pues las prohibiciones chocan con los preceptos constitucionales de libre emisión del pensamiento coincidiendo con declaraciones muy anteriores a su fallo de los presidentes de los tres poderes del Estado: Legislativo, Judicial y Ejecutivo, cuyos titulares, Mauricio Oliva Herrera, Jorge Rivera Avilés y Juan Orlando Hernández Alvarado, marcaron la ruta incluso prejuzgando como en el caso del presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Queda, pues, la PMOP como un comando especial en el seno de las Fuerzas Armadas bajo cuya ley y reglamentos tiene rango constitucional y está bajo el mando del comandante general de las mismas, que en virtud constitucional es el Presidente de la República que imparte órdenes y da directrices al Estado Mayor Conjunto que es el ejecutor de las mismas si no violan una serie de normas y principios comenzando por las constitucionales.
Juan Orlando Hernández Alvarado previo a la votación en el Congreso Nacional, llevó a los 128 diputados al convencimiento de la necesidad de la existencia de la PMOP, a la que ha apoyado millonariamente haciendo uso de los fondos de la tasa de seguridad de la que no da cuentas a nadie.
Lo más peligroso es que ya varios diputados están convencidos que hay temas donde ellos solos aunque son depositarios de la soberanía nacional, no pueden decidir por sí mismos y necesitan el acompañamiento del pueblo con plebiscitos y referéndums, con lo que, la más inmediata de las inferencias del pueblo es que el Congreso es un mal del que se puede prescindir.
Así las cosas, mientras la oposición celebra una presunta pérdida del oficialismo en materia legislativa, el partido de gobierno se relame los bigotes, pues, sus ansias continuistas gana puntos, pues, le han vendido a la gente, a los votantes, que los partidos de oposición no quieren que exista la PMOP y por lo tanto están en contra de la seguridad de los ciudadanos y sus bienes.
De hecho el Presidente de la República en declaraciones oficiales aseguró que por cuestiones ideológicas por colusión con el crimen organizado, es que había oposición a la elevación al rango constitucional a la PMOP, algo que los afectados rechazan y demandan una rectificación presidencial que no se dará y tampoco se sancionará como se ha pedido.
Licenciado en Periodismo
