Por: José Rolando Sarmiento Rosales.
Por muchos años el orgullo ciudadano de los hondureños se ha visto zaherido por la expresión de un exembajador norteamericano, a raíz del famoso crimen de una normalista, en la década de los 90s, que por razones conocidas se creyó que no se investigaría y enjuiciaría a los que resultaran culpables de tal hecho, expresando que “los dientes de la serpiente de la justicia solo mordían a los descalzos”, significando para muchos que solo los pobres eran perseguidos para llevarlos a la cárcel, que los de cuello blanco, que se interpretaba como los políticos, los funcionarios públicos, civiles o militares gozaban de impunidad, pero igual los poderosos económicamente hablando, por sus relaciones con el gobierno establecido, o por su capacidad para contratar los servicios de los mejores abogados, sea ellos mismos, o los hijos de papá y mamá, como se les denomina a jóvenes de la clase alta, que cometen delitos, generalmente de orden violento, incentivados por el consumo alcohólico, de drogas, o por la simple soberbia de creerse superiores a los de más abajo, quedando en la impunidad porque la influencia ejercida ante las autoridades competentes, o el padrinazgo político los ha librado de pagar sus culpas.
La presión de la opinión pública en el país y del ámbito internacional, la labor sostenida de los medios de comunicación social, con la denuncia contra los actos irregulares de gobierno, la corrupción administrativa, la impunidad generada por la ineficiencia de los entes encargados de la persecución y castigo de los delitos, más la violencia creciente del crimen organizado y el narcotráfico, rebasó el vaso, dando lugar a reformas legales de las instituciones y de los códigos y leyes, para iniciar en serio la lucha contra la impunidad en Honduras, interviniendo inclusive la Policía, el Ministerio Publico, y las facultades discrecionales de jueces, especificando los delitos graves sin medidas sustitutivas de cárcel.
Es así como hoy vemos una nueva extradición de ciudadanos hondureños por su involucramiento en actividades delictivas del narcotráfico en el país y Estados Unidos de América, y que por tanto, responde a una solicitud proveniente de un Tribunal Federal del Estado de Virginia, que de acuerdo a los procedimientos legales y jurisdiccionales se tramita por vía de Relaciones Exteriores de ambos países, hacia la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que después de examinar los documentos contentivos del caso, determina si los delitos de los que se acusa están bien sustentados, emitiendo su resolución, de que procede la extradición, comunicándola a los organismos competentes de ambos países y ponerse de acuerdo para el operativo de traslado, que se efectúa por la vía aérea, preferiblemente en un vuelo especial, porque cuando se realizó en un vuelo comercial de pasajeros, hubo incomodidades de algunos viajeros, lo que motivó a las autoridades nacionales a solicitar que de ahora en adelante se haga en aviones especiales, tal como ocurrió con José Inocente Valle y su esposa Marlen Griselda Amaya, desde la Base Aérea Militar Coronel Hernán Acosta Mejía, de la capital de Honduras.
Recordamos el malhadado incidente del ciudadano norteamericano Bill Hanneman, con raíces familiares en nuestro país, quien después de secuestrar un avión de pasajeros lo obligo a viajar a cielos nacionales, lanzándose en paracaídas sobre una zona costera cercana al puerto de Tela, iniciándose una intensa búsqueda en el país por parte de autoridades hondureñas a petición del gobierno norteamericano, que inclusive envió a agentes del FBI, que acompañaban al personal de la Dirección de Investigación Nacional y del Cuerpo Especial de Seguridad, en la batida que se inició para peinar la zona pantanosa de Ceibita Way y varios municipios costeros de Atlántida, sin resultado alguno.
Fue hasta que un informante anónimo, posiblemente relacionado con la familia hondureña de Hanneman, les reveló que este se encontraba refugiado en las Cuevas de Taulabé, Comayagua, donde fue capturado y entregado por disposición del gobierno de don Ramón Ernesto Cruz a las autoridades estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de San Pedro Sula, para su extradición, lo cual causó una serie de discusiones acerca de la legalidad del hecho; el asunto es que, después de juzgado y encarcelado, Hanneman cumplió su condena y años después un joven diplomático originario de la ciudad de El Progreso destacado en la embajada de Honduras en Washington, le reveló al colega periodista Roberto Rodríguez del Portillo, que en un parquecito cercano a nuestra legación diplomática reconoció y platicó con él, que ya se encontraba en libertad, ese fue el primer extraditado desde Honduras; ahora legalmente los otros reclamados cuando se reformó el artículo constitucional que prohibía hacerlo con un ciudadano hondureño, para afirmar la voluntad de luchar seriamente contra el delito transnacional del narcotráfico, crimen organizado, terrorismo y demás actos de lesa humanidad.
