Una delegación de Centro Presente, Alianza Américas y el Comité de Abogados para los Derechos Civiles y la Justicia Económica se encuentra de gira para observar y documentar las condiciones y el estado de los derechos humanos en El Salvador y Honduras.
Alianza Américas, es una red de 50 organizaciones lideradas por inmigrantes que representan a 100,000 familias en todo Estados Unidos.
Ambos países fueron recientemente afectados por la devastadora noticia que la cancelación de su Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
La delegación está formada por líderes comunitarios, defensores de la justicia social, y abogados de derechos civiles quienes examinará de cerca la situación de pobreza y la violencia que las familias y los niños protegidos por el TPS enfrentarían en Centroamérica si son deportados por la Administración Trump.
La delegación estará en Centroamérica del 28 de mayo al 1 de junio y los hallazgos claves estarán a disposición del público después del viaje.
El Comité de Abogados y Centro Presente presentaron una demanda en la Corte Federal en Boston contra la Administración de Trump para salvar el TPS de los salvadoreños y hondureños. La demanda cuestiona la decisión de terminar la designación de TPS para El Salvador y Honduras, citando la discriminación por motivos de raza, origen étnico y nacionalidad. La denuncia en este caso, el primero en el país presentado en nombre de los salvadoreños y hondureños está disponible aquí: http://lawyerscom.org/wp-content/uploads/2018/05/Amended-Complaint-As-Filed .pdf
«Honduras no está lista para recibir y reintegrar a los inmigrantes que están siendo deportados de los Estados Unidos. Cada año cien mil hondureños abandonan su país por el nivel de violencia extrema que se enfrentan todos los días. Además, este año, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, declaró que Honduras es el país más pobre de América Latina desplazando a Haití. Según Amnistía Internacional, el nivel de la inseguridad y la violencia en Honduras se ha mantenido muy alto. La corrupción y la impunidad sigue afectando la confianza del público en las autoridades y el sistema de justicia,» dijo Patricia Montes, Directora Ejecutiva de Centro Presente.
El TPS proporciona refugio en los Estados Unidos para los extranjeros que no pueden regresar a sus países de origen debido a condiciones como crisis humanitaria, catástrofe ambiental o conflicto armado que impiden su regreso seguro. Terremotos y huracanes que desplazaron a millones de personas, resultaron en la designación de TPS para Honduras en 1999 y El Salvador en 2001. Las administraciones estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, han encontrado consistentemente desde entonces en estos países, economías frágiles, inseguridad alimentaria, maras y pandillas, violencia sexual y de género, e infraestructura débil creando condiciones inseguras y peligrosas para el regreso de sus ciudadanos.
En un abrupto cambio, la Administración de Trump anunció recientemente su decisión de cancelar el TPS de los salvadoreño y hondureños. Ninguno de estos países tiene la capacidad de recibir un flujo masivo de inmigrantes retornados y no pueden garantizar el bienestar y la seguridad de estas familias.
Oscar Chacón Director Ejecutivo de Alianza Américas, dijo que “este esfuerzo viene inmediatamente después de una docena de delegaciones que hemos llevado a cabo en América Central en los últimos años”.
Añadió que “cada vez que viajamos a la región, nuestras experiencias corroboran de primera mano los datos inquietantes, las anécdotas desgarradoras y las perspectivas documentadas por los expertos, incluyendo consejos diplomáticos de alto nivel que nos pintan un cuadro muy claro: los titulares de TPS a largo plazo y sus niños nacidos en los Estados Unidos no estarán seguros en El Salvador y Honduras. La cancelación de estos programas demuestra una indiferencia a la verdad y a nuestros valores como una nación.”
“El presidente Trump no ha hecho secreto su punto de vista racista,” dijo Iván Espinoza-Madrigal, Director Ejecutivo del Comité de Abogados, citando una serie de comentarios del presidente incluyendo equiparar a los inmigrantes latinos con los criminales y los violadores. El Abogado Espinoza-Madrigal dijo que “la decisión de la Administración de cancelar el TPS para El Salvador y Honduras manifiesta este punto de vista discriminatorio,” y afirmó que “la Constitución no permite decisiones gubernamentales basadas en racismo.”
Tal como está, el TPS se interrumpirá para El Salvador el 9 de septiembre del 2019; y para Honduras el 5 de enero del 2020. La cancelación del TPS tendrá un efecto devastador para los/las inmigrantes de esos países – muchos de los cuales tienen hijos/as estadounidenses – y va a desestabilizar aún más las condiciones que ya son vulnerables y volátiles en América Central.