Distintas organizaciones de derechos humanos, solicitaron que se posponga la adopción de los protocolos y reglamentos de la “Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”, ya que consideran que la normativa aún cuenta “con diversos desafíos”.
Mediante una carta al secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo, las entidades firmantes reconocen que dicha legislación es un primer paso para que Honduras cumpla con sus obligaciones internacionales, no obstante consideran indispensable que se inicie un proceso de construcción colectiva de tales normas con la sociedad civil y otros actores.
A modo de ejemplo, citaron las razones de esa solicitud y mencionan como preocupación que la asignación de funciones específicas a los diferentes sistemas que crea la ley, tales como el Sistema nacional para la promoción de los derechos humanos y de la prevención de sus violaciones, y el Sistema nacional de protección de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.
Asimismo, el funcionamiento operativo y efectivo de diferentes órganos que crea la ley, tales como los grupos de análisis del Sistema de protección y prevención, el Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, la Dirección General del Sistema de Protección y el Comité Técnico del Mecanismo de Protección, dentro de las estructuras existentes del Estado hondureño.
También les preocupa, la forma en que se relacionarán, en el cumplimiento de sus funciones, y dentro del marco de sus atribuciones, cada nuevo órgano con las instituciones existentes del Estado y con la sociedad civil, entre otras como consideraciones específicas para adoptar las medidas urgentes y ordinarias, teniendo en cuenta la diversidad de potenciales beneficiarios.
“Sugerimos de manera respetuosa interponer sus buenos oficios para que se posponga por unos meses la adopción de los reglamentos y protocolos de implementación de la ley referida, con el fin de que se inicie un proceso amplio que permita la construcción colectiva de tales normas de manera que se cumpla con los objetivos que se persiguen”, expresan en la misiva a Chang Castillo.
“Un nuevo plazo permitiría una apertura hacia la sociedad civil con el fin de socializar y debatir los textos propuestos, lo que igualmente contribuiría a ganar legitimidad en todo el proceso”, concluyen. (SA)
