NUEVAMENTE la angustia para nuestros compatriotas indocumentados que residen en los Estados Unidos. No por el TPS, ya que con toda seguridad será prorrogado una vez más, ya que el actual gobierno no querrá desairar la amplia minoría hispana que votó en forma abrumadora por Barack Obama en las pasadas elecciones. Aparte del aliento personal que recibió el mandatario hondureño en su conversación telefónica cuando asegura que el Presidente estadounidense le dijo: “vamos por muy buen camino y el resultado le va a agradar mucho a usted”.
Los demócratas que controlan el Senado y la Cámara de Representantes han postergado la reforma migratoria que dijeron sería una prioridad para sacar del limbo jurídico a cientos de miles de indocumentados que residen allá. Y ahora la gobernadora de Arizona (suroeste de EE.UU.), acaba de promulgar una ley que criminaliza a los indocumentados en este estado fronterizo con México, considerada la más estricta del país sobre este tema. La ley convierte en un delito estatal residir sin papeles. La legislación ha sido objeto de un intenso debate y aguda crítica, y ha desatado el malestar de los grupos hispanos, que se sienten engañados por la falta de decisión sobre el tema de la reforma migratoria mientras deben enfrentar todo tipo de vejámenes y de persecución de las autoridades policiales y migratorias en un momento cuando la recesión económica golpea sus trabajos y sus ingresos familiares.
La única señal alentadora, en esa pesadilla, es que el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó como “mal encaminada” la criminalización a los inmigrantes indocumentados y dijo que su gobierno considera las implicaciones de esa medida acerca de los derechos civiles. Admitiendo la indiferencia con que distintos gobiernos han visto el problema migratorio Obama recalcó que “el Gobierno Federal ha estado ausente en el tratamiento de la inmigración y eso ha llevado a tomar iniciativas mal encaminadas que contradicen las nociones básicas de justicia y equidad de nuestra nación”.
Además ordenó al Departamento de Justicia de EE.UU. que estudie si esa legislación estatal viola las leyes federales de derechos civiles. Después de haber promulgado la normativa, la gobernadora de Arizona dijo: “No podemos sacrificar nuestra seguridad a la avaricia asesina de los contrabandistas de drogas”. Las manifestaciones no se han hecho esperar, de los grupos de hispanos que portan carteles que leen: “Somos humanos”. Sin embargo, esta confrontación sin duda va a exacerbar más los ánimos, entre grupos ya bastante polarizados. Los indocumentados que defienden sus derechos, muchos de ellos con hijos nacidos en los Estados Unidos, y los grupos que dicen demandar la seguridad de las fronteras y que se comportan con velada hostilidad hacia las minorías latinas. Agrava más el ambiente tenso, la violencia del narcotráfico que traspasa la frontera mexicana, dando pretexto a los estados fronterizos de los Estados Unidos, a reclamar más seguridad en la frontera y, de paso, ser más estrictos con los ilegales, dando rienda suelta a prejuicios y estereotipos raciales.