El Estado de Honduras aceptó su responsabilidad internacional y se comprometió a reparar las violaciones en perjuicio de Carlos Alfonso Escaleras Mejía y sus familiares, informaron abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), representantes de la víctima.
En San José, Costa Rica, sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se firmó el acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones hechas como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del ambientalista Carlos Escaleras Mejía y sus familiares.
En julio de 2014, la CIDH estableció la responsabilidad de Honduras por la violación del derecho a la vida, a la libertad de asociación y a los derechos políticos en perjuicio de Carlos Escaleras, así como la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de su madre, esposa, hijos y hermanos. En consecuencia, la Comisión Interamericana recomendó al Estado reparar dichas violaciones de derechos humanos, así como reivindicar la labor de Carlos Escaleras.
Para cumplir el Estado se comprometió a elaborar y difundir -por cadena nacional de radio y televisión- un documental sobre la problemática ambiental en Honduras y la labor de Carlos Escaleras como activista.
Además, el Estado cambiará el nombre del “Parque Nacional Montaña de Botaderos” por el de “Carlos Escaleras Mejía” y remodelará la Plaza del Centro de Tocoa, Colón, la cual pasará a llamarse “Plaza Carlos Alfonso Escaleras Mejía”, debiendo colocar un busto en su honor.
Para inaugurar la remodelación de la plaza se hará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, que contará con la presencia de las más altas autoridades estatales. De igual forma, la CIDH concluyó que el Estado debe efectuar una investigación judicial para establecer las circunstancias en que resultó muerto Carlos Escaleras y ejecutar las medidas disciplinarias o penales frente a los funcionarios que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos.
PROTEGER A AMBIENTALISTAS
Asimismo se ordenó al Estado adoptar medidas para reducir el riesgo que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo ambientalistas y ecologistas, elaborando protocolos de investigación que permitan combatir el patrón de impunidad frente a casos de amenazas y muertes de defensoras y defensores.
Al respecto, Honduras se comprometió a continuar con las investigaciones sobre el caso y aprobar un protocolo de investigación para los crímenes en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.
Asimismo, el Estado permitirá la participación efectiva de los defensores y defensoras de derechos humanos y la sociedad civil en el diseño y adopción de todos los reglamentos y protocolos que se desarrollen para la implementación de la “Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”, recientemente aprobada por el Congreso Nacional.
Las partes acordaron que la CIDH evaluará en 12 meses el acatamiento de todo lo establecido en el acuerdo, momento en que el Estado, Cejil y el ERIC-SJ deberán presentar información sobre el cumplimiento de cada uno de los compromisos. La Comisión evaluará la documentación y determinará -eventualmente- el envío del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
