Un total de 12 autobuses del transporte urbano e interurbano fueron quemados en el 2016 y en los pocos días de 2017 ya va otra unidad incendiada, porque sus propietarios se negaron o dejaron de pagar la extorsión que les exigían los grupos criminales, apuntó este miércoles, la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas.
Es una preocupación de los pasajeros que abordan estas unidades, ya que los delincuentes cometen estas acciones valiéndose de la inseguridad y debilitamiento del Estado y estos grupos lo han aprovechado para desatar temor entre la población, para agenciarse fondos a través de la extorsión a personas que están desarrollando negocios lícitos, especialmente en el transporte urbano e interurbano.
FLAGELO SE EXTIENDE
Este flagelo ya no es exclusivo de Tegucigalpa y San Pedro Sula, ya que los criminales están llegando a empresas pequeñas de otros lugares, con lo cual pretenden enviar mensajes con el fin de aumentarle a las cuotas de la extorsión y para ampliar su radio de acción.
Los transportistas se quejan que hay cuatro grupos delincuenciales a quienes les pagan la mal llamada “renta” y en cuanto a las reformas que han presentado para los privados de libertad, deben ir con la creación de una Escuela Penitenciaria, donde hayan psicólogos, trabajadores sociales para que velen por su estado de salud física y emocional y si los ponen a trabajar debe ser remunerados para que se cumpla su rehabilitación, detalló Ayestas.
Con estas enmiendas se va a evitar que los privados de libertad continúen extorsionando, amenazando, si en un país se cumplen verdaderamente las leyes, no hay necesidad de establecer como terroristas a grupos criminales como los pandilleros.
