Ante la problemática de unos 500 niños con medidas sustitutivas en el país, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), la comisión de la juventud y el adulto mayor del Congreso Nacional y el Ministerio Público (MP), plantearán al Consejo de la Judicatura habilitar más Juzgados, capacitar fiscales y al Gobierno mejorar los centros de internamiento.
El programa de Justicia Penal Especial de la DINAF detalla que el 70 por ciento de esos infantes, que son cerca de 340 menores, cuentan con medidas no privativas de libertad a nival nacional y se encuentran en un proceso de reinserción a la sociedad.
Asimismo, otro 30 por ciento de los jóvenes infractores, que suman unos 150, ya fueron reinsertados y continúan su vida de forma normal luego de pasar por trabajos comunitarios, terminar la escuela, colegio, realizar talleres vocacionales y algunos de ellos ingresaron a un empleo.
En los centros de internamiento o Complejos Pedagógicos para adolescentes Infractores (CPAI) como Jalteva, El Carmen, Sagrado Corazón, Renaciendo y las instalaciones del Comando de Operaciones Especiales (Cobra) permanecen internos un total de 368 menores de 18 años de edad.
De acuerdo a cifras de la Fiscalía Especial de la Niñez, durante el 2014 recibió un total de 1, 380 denuncias contra infantes por los delitos de robo, hurto, extorsión, narcotráfico, asociación ilícita, delitos contra la propiedad y la vida.
Las estadísticas hasta septiembre de 2015 registran 860 acusaciones contra jóvenes menores de los 18 años de edad, de las cuales en Tegucigalpa, Francisco Morazán, se reportaron 142 denuncias y en 2014 la cantidad de 213.
NIÑOS PSICÓPATAS
La titular de la DINAF, Lolis Salas, explicó que “el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) no privilegia el internamiento, sino las medidas alternativas a la privación de la libertad y la entidad está desarrollando programas en coordinación de diferentes comunidades y la cooperación internacional”.
En cuanto a los casos de niños psicópatas y sociópatas, Salas expresó que “no contamos con herramientas altamente científicas que nos ayuden a poder hacer esas valoraciones o esa diferenciación de poblaciones” para determinar edades de los jóvenes y saber cómo procesar cada caso con un filtro antes de internarlos o darles medidas sustitutivas.
“Si estos 400 jóvenes que están trabajando a nivel nacional en las oficinas regionales no tuvieran la oportunidad de tener un mecanismo de medidas no privativas de libertad, estuvieran en los centros de internamiento unos mil niños”, subrayó la funcionaria.
En el proceso de formación profesional de los infantes infractores que cumplen medidas asistidas, la DINAF impartió talleres, charlas y capacitaciones a 1,328 jóvenes en 2015, en conjunto con Casa Alianza y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Asimismo, apuntó que dentro del nuevo modelo de la justicia penal especial que se está tratando de rediseñar en el país, se debe determinar el tema de prevención, una revisión de la normativa nacional e internacional para la protección de los jóvenes con medidas sustitutivas y privados de libertad, la responsabilidad de cada institución del Estado y inspeccionar la infraestructura de los centros de internamiento.
Salas, no obstante, indicó que entre la DINAF, la Fiscalía de la Niñez, el Poder Ejecutivo y organismos internacionales se llegó a la conclusión de mejorar las correccionales, en capacitar a los fiscales, agentes de investigación y los jueces de letras y la niñez.
EDAD PUNIBLE
El Código de la Niñez contempla sanciones para los infractores de 12 a 18 años de edad, con penas distintas a los adultos, pero en agosto de 2015 en el Congreso Nacional se habló de reducir la edad punible de 18 a 16 años.
El tema de que los infantes sean juzgados como adultos, entró en polémica entre profesionales del Derecho, que adversaban y apoyaban la iniciativa, ya que las prisiones actuales no están acondicionadas para mantener en un mismo espacio a los adultos y adolescentes.
Al respecto, presidenta de la comisión de la familia, la niñez, la juventud y el adulto mayor del Congreso Nacional, Diana Urbina, explicó que “si se ha hablado mucho de bajar la edad punible, pero yo no estoy de acuerdo, porque Honduras ha suscrito varios convenios internacionales”.
De igual forma, se le pedirá al Consejo de la Judicatura de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que “en vez de estar cerrando los Juzgados de Familia, de más fondos para que haya más en el país”, subrayó la parlamentaria. (MC).
Casa Alianza: ‘Violencia y pobreza oprimen a los niños’
El director de Casa Alianza, Guadalupe Ruelas, expresó que las causas de que los niños sean señalados de cometer actos reñidos con la ley son producto de la pobreza, la falta de oportunidades y empleo, la violencia y la corrupción en el país.
En Honduras debería incluir en la agenda para los niños que están en situaciones de riesgo y vulnerabilidad darles el acceso a la educación formal, vocacional, formación para el trabajo, terapias educacionales y grupales.
En algunos casos de sociópatas jóvenes deben darles medicamentos y un programa de salud integral que contemple el área deportiva, cultural, social, humana y espiritual para que puedan reintegrarse.
La falta de oportunidades se manifiesta en temas de educación, ya que “de cada 100 niños que salen de centros educativos de primaria solo hay cupo para 34 y 66 se quedan en el aire. Además, no hay servicios de salud en sus comunidades”, apuntó Ruelas.
La violencia se ha apoderado del territorio hondureño y “la estrategia de seguridad es inadecuada porque invierte en patrullaje, pero no en recuperación pacifica del territorio”, lamentó.
COIPRODEN: Privar de libertad es última medida
El titular de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), Wilmer Vásquez, expresó que la privación de libertad de os niños infractores debe ser la última medida para corregirlos.
La Fiscalía de la Niñez necesita ser fortalecida técnica, logística y financieramente para que pueda cumplir con su función de investigar todas las denuncias que existan en contra de los infantes acusados por alguna infracción grave o leve.
Los centros de internamiento de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), no son áreas pedagógicas que permitan la rehabilitación y reinserción de las personas menores de 18 años, expresó Vásquez.
Además, agregó para atender a los menores de edad el gobierno necesita presupuesto, voluntad política, la ampliación de las unidades de investigación, aumento del número de jueces a nivel nacional y hacer prevalecer los estándares internacionales de las Naciones Unidades en los centros de privación de libertad.
Solo en Francisco Morazán 1, 500 expedientes archivados inundan Juzgados de la Niñez
Al menos 1,500 expedientes de jóvenes infractores menores de 18 años de edad, están archivados desde el año 2010 hasta el 2015 en los Juzgados de Letras de la Niñez y Adolescencia, de Francisco Morazán.
“Todos los expedientes están activos, algunos pendientes de aprensión, otros ya han sido tienen sentencia condenatoria a niños y niñas, cumpliendo medidas privativas o no privativas de libertad y otros que todavía están en proceso”, expresó la jueza de la Niñez, Anny Belinda Ochoa.
De acuerdo a la funcionaria, la cantidad de expedientes de los menores de edad que aún están activos es a raíz de la unificación de los Juzgados Primero y Segundo de la Niñez, los cuales quedaron con un documento único.
A nivel nacional existían nueve Juzgados de Niñez, pero en Francisco Morazán, Cortés, Olancho y Copán se han unificado, y es importante que el Estado tome medidas para la atención especializada del tema, manifestó la funcionaria.
Ochoa expresó que se deben abrir jurisdicciones en esta materia y capacitar al personal, porque hay juzgados seccionales que todavía no tienen la sensibilidad necesaria para poder aplicar los principios procesales en materia de niñez.
Además, deberá de realizarse una depuración de todos los expedientes que ya ha vencido el plazo legal de persecución para que tanto como el Ministerio Público (MP) y el juzgado de oficio pueda prescribir las acciones penales.
EXTORSIÓN
Ochoa indicó que hay una escalada en las estadísticas de niños participes o con la presunción de que han participado en la extorsión, asociación ilícita y portación ilegal de arma “un 30 por ciento de todos los casos anuales que ingresan al Juzgado de Niñez, de Francisco Morazán, que serían unos 120 expedientes”.
En este último semestre del 2015 el DINAF está remitiendo todos los informes del cumplimiento de las medidas no privativas de libertad, pero “los niños con las oportunidad legal que se les brinda no cumplen con las sanciones”, lamentó.
Dentro del proceso judicial, los infantes acusados de diferentes infracciones tienen que ir a una audiencia para que justifiquen por qué no cumplieron con la sanción, pero si no lo hacen se puede revisar la sentencia para gravar las sanciones.
Juzgados registran una escalada de niños con medidas
