Por Armando Cerrato
Quince abogados y notarios del amplio foro nacional tendrán bajo su responsabilidad la administración de justicia y aplicación de la ley a partir del próximo 25 de los corrientes si es que 86 de los 128 diputados de los siete partidos representados en el Congreso Nacional, logran con senso y eligen una nueva Corte Suprema de Justicia con una vigencia constitucional de siete años.
De no hacerlo por planilla como dice la ley, los diputados deberán votar cuantas veces sea necesario en forma individual, directa y secreta, por cada uno de los magistrados de la lista de 45 propuestos por una Junta Nominadora integrada por todos los sectores de la sociedad nacional organizada que hizo propuestas y recibió autopropuestas, haciendo pasar a los candidatos por diversas pruebas y audiencias.
Todos los ciudadanos tenemos claro que la elección de la Corte Suprema de Justicia es un acto político de segundo grado a pesar de que en sí es un poder complementario del Estado sin relación de dependencia y que su no escogencia en la fecha fijada crea un vacío constitucional que abre un escenario impredecible y favorable a las ambiciones continuistas de otros sectores de poder, especialmente la Presidencia de la República.
Una verdadera paradoja se vive en este momento en los sectores políticos de oposición al gobierno, que son los principales críticos de la inseguridad jurídica que se ha vivido en los últimos siete años, debido a la sumisión al Ejecutivo del Poder Judicial, porque algunos de sus prominentes miembros han manifestado a última hora no estar de acuerdo con el procedimiento a seguir para la elección e incluso que podría ser impugnado por la vía de recursos de inconstitucionalidad.
Pero la oposición no está consolidada como para adoptar una posición firme y granítica y varios de sus miembros han abogado por la independencia de criterios y se muestran decididos a hacer la elección en el sistema establecido en cualquiera de sus órdenes para no poner en peligro la institucionalidad y además cumplir con el cometido para el cual fueron electos por el pueblo que depositó en ellos su soberanía.
El escenario es ideal para que la ciudadanía se entere de quiénes por interés y oportunismo político van en contra de sus intereses institucionales y quiénes por las mismas razones, más una desobediencia conveniente, se encuentran dispuestos a traicionar las líneas del partido que les favoreció elevándoles a la categoría de representantes del pueblo, guardianes de las libertades públicas y padres y madres de la patria sin considerar de ninguna manera esas responsabilidades y tan solo aprovechando la oportunidad de mostrarse un poco más como salvadores de una situación embarazosa y de esa forma obtener un liderazgo que no tienen por mérito propio.
Sea como sea, todo nos indica que para el próximo proceso electoral fijado para el 2017 debiera darse una renovación en los cuadros aspirantes a ocupar curules en el Congreso Nacional, pues los actuales diputados, en su mayoría, solo para hacerle daño a la nación han servido.
Lo peor de ello es que muchos de ellos se consideran “aptos” para ser presidente de la República, y como no encuentran eco a sus ambiciones políticas en los partidos donde militan, hasta amenazan con formar su propio órgano político esperando tener la misma suerte de un político de oficio que aprovechó su defenestración del poder para crear su propia plataforma para mantenerse vigente en la palestra nacional y al mismo tiempo impulsar en ella a miembros de su familia, o el de un presentador de televisión que sacó provecho de la misma coyuntura y hoy es flamante propietario de un partido.
De no renovar sus cuadros, los partidos políticos tradicionales, los emergentes y los que aspiran a ser inscritos tenderán a desaparecer dado el desencanto de los electores que en este momento es ya muy grande cuando ven que el gobierno ha tenido que buscar auxilio para poder combatir la impunidad y la corrupción de la que él mismo es protagonista principal.
Licenciado en Periodismo