Guatemala/ACAN-EFE.- Miembros de la trama de corrupción de «La Línea», que tiene en prisión al expresidente de Guatemala Otto Pérez y su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, como Giovanni Marroquin, y responsables de la Hacienda del país, estafaron $34.8 millones en otro caso de fraude en Guatemala, informaron fuentes oficiales.
La nueva red, cuyas actividades delictivas se constataron gracias a las escuchas a Marroquin por su participación en «La Línea», urdió un sistema para evitar el pago de 255 millones de quetzales ($33.3 millones) en obligaciones fiscales a la empresa Aceros de Guatemala, al tiempo que se repartieron el cobro de un crédito fiscal de 11,8 millones de quetzales ($1.5 millones).
El caso se destapó en 2012 cuando fueron interpuestas 3 querellas contra la empresa por fraude en la compra-venta de chatarra, que Marroquin trató de sobreseer utilizando sus influencias en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para lograr informes favorables que avalaran la actuación de la compañía.
El exjefe del ente recaudador de impuestos Omar Franco, detenido en 2015 por estar implicado en el caso «La Línea», y su sucesor, el responsable interino Elder Hermelindo Fuentes, arrestado el pasado viernes, están acusados de haber alterado estos informes para favorecer a la empresa.
Junto a ellos, otros once trabajadores de la SAT están también involucrados en este caso, entre ellos Alfonso Castillo, intendente jurídico, en cuyo domicilio se encontraron 2.9 millones de quetzales $(385,000); y Ariel de Jesús Guerra, responsable del área de fiscalización.
No obstante, era Marroquin, junto a sus socios de la empresas Tres Puertos, el abogado Frank Trujillo; Alfredo Muñoz y Rigoberto Chacaj, quienes organizaron desde fuera la operación de fraude.
De hecho, en el teléfono móvil de Marroquin, en prisión preventiva por el caso «La Línea», se encontró un documento en el que se detallaba el pago a los funcionarios de la SAT por la alteración de los informes, un dinero que la trama obtuvo del cobro del crédito fiscal de 11,8 millones de quetzales ($1.5 millones).
A esta organización criminal se le imputan los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal y colusión.
Los hechos delictivos, presentados esta mañana en rueda de prensa por la Fiscalía General, Thelma Aldana; el titular de Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez; y el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Rivas, tuvieron lugar entre 2008 y 2010.
Tres de los involucrados, la representante legal de la empresa, María Eugenia Valdez; el abogado Frank Manuel Trujillo; y el intendente de fiscalización de la SAT, Ariel de Jesús Guerra, se encuentran todavía prófugos de la Justicia, aunque se ha formado ya un «equipo de trabajo» para su captura, que las autoridades confían que obtenga resultados en los «próximos días», afirmó Rivas.
Por su parte, el responsable de la CICIG censuró las implicaciones que tienen casos como éste en el que las empresas tratan de defraudar al Estado, especialmente en un momento en el que las cuentas públicas se encuentran en un «estado calamitoso».
A este respecto, las autoridades reconocieron que existen varias denuncias por procesos similares que están siendo analizadas.
Aunque se trata de un caso distinto al de «La Línea», aclaró Velásquez, existen ciertos vínculos, por lo que continuarán las investigaciones.
La red «La Línea» fue desarticulada en abril de 2015, y según el MP y la Cicig, era liderada por Pérez Molina y la ex vicepresidenta.
Baldetti renunció al alto cargo en mayo del año pasado y su captura se registró en agosto del mismo año y luego de pasar varios días en centros hospitalarios, se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de mujeres Santa Teresa, en la periferia norte de la capital.
Mientras que Pérez Molina renunció a la Presidencia en septiembre pasado y quedó en prisión preventiva en una cárcel militar.
Los dos ex altos cargos son acusados de los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera en el caso «La Línea», que generó una crisis política en Guatemala.
Hasta ahora el juez Gálvez no ha fijado una fecha para la denominada «etapa intermedia» del proceso en la que deberá decidir si Pérez Molina y Baldetti van o no a un juicio oral y público.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del MP presentó el año pasado 200 pruebas, 5,000 folios, 100,000 llamadas telefónicas y 5,000 correos electrónicos contra los implicados en la red, que suman más de 50 entre funcionarios y particulares.