El integrante de la Superintendencia de las Alianzas Público Privadas (SAPP), Carlos Pineda, advirtió que es obligatorio cumplir con el contrato de concesión del Corredor Turístico, que comprende la construcción y rehabilitación de la carretera entre Cortés y Atlántida, pero se buscarán acuerdos con los usuarios.
Las autoridades locales de San Manuel, Cortés y El Progreso, Yoro, protestaron porque la concesionaria, Autopistas del Atlántico, está construyendo las casetas para el cobro de peaje en puntos de ingreso a su jurisdicción.
Ante esto para el próximo martes, 1 de marzo, la SAPP y la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep) deben presentar las alternativas a estas comunidades, para no afectar su economía.
Así, Pineda declaró por parte del gobierno se deben balancear las soluciones, ya que la primera regla del contrato de concesión con la empresa Autopistas del Atlántico es respetar las obligaciones.
Destacó que ese contrato ha sido un ejemplo y ha ganado tres premios internacionales, al punto que es reconocido como uno de los mejores proyectos a nivel latinoamericano, pero reconoció que también se tiene que buscar la protección al usuario.
Pineda refirió que son 268 millones de dólares de inversión que se van a hacer en la arteria vial, como la ampliación total de la carretera a cuatro carriles y la construcción de varios puentes sin incluir el mantenimiento.
Además, cuando ya esté lista la carretera tiene que haber ambulancias, grúas, llamadas gratuitas, áreas de descanso y todos los servicios que tiene una autopista moderna, por lo cual las casetas se ubicarán en zonas donde se pueda garantizar el pago de las inversiones.
Pineda precisó que la preocupación de la gente es que las casetas quedan en el acceso a sus municipios y tendrán que pagar, por lo cual se harán los estudios que permitan soluciones respetando el contrato y con beneficio a los usuarios.
DATOS
El miembro de la Superintendencia de las Alianzas Público Privadas (SAPP), Carlos Pineda, señaló que entre las posibilidades que se estarán analizando en estos días, figura mover las casetas o hacer excepciones de cobro a quienes viven en los predios. “No puedo asegurar nada, pero son las posibilidades que vamos a analizar”, apuntó.