El exesposo de la dirigente de pueblos indígenas, Berta Cáceres, Salvador Zúniga, aseguró este jueves que su muerte está ligada a la lucha que mantenía a favor de los derechos humanos.
“Nosotros creemos que aquí no se trata de un sicario, se trata también de autores intelectuales de gran peso”, señaló.
Al preguntarle por el nivel de amenazas que recibía Cáceres en las últimas semanas, explicó que eran bastante fuertes y contundentes.
Recordó que durante la movilización que recientemente realizó el Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), en Santa Bárbara “Llegaron hasta las instalaciones donde se estaba concluyendo una represa en ese lugar y por parte de una empresa les decomisaron los buses con orden de la seguridad de esa empresa”.
Dijo que en ese lugar había una persona que estaba constantemente insultándola “de manera que hubo amenazas de muerte, eso fue hace cinco días, en Santa Bárbara”.
“Supimos que un jefe de seguridad de apellido Bustillo, estaba enviando también mensajes constantes a través del teléfono”, añadió.
El excompañero de hogar de la ambientalista, aseguró que también el alcalde y vice alcalde de San Francisco de Ojuera, en Santa Bárbara, mantuvo una actitud de hostigamiento contra Cáceres.
No obstante, Zúniga dijo que en la casa de residencial El Líbano, donde fue asesinada, había un hombre acompañando a su exesposa, originario de México de nombre Gustavo Castro, quién tuvo de haber visto al sicario.
“Castro, estaba trabajando en el tema de energías alternativas en foros y se quedaba con ella en la residencial El Líbano para aprovechar el internet y tuvo que haber visto al asesino”, señaló.
Insistió, “no tengo ninguna duda que este crimen viene de la lucha que ella realizaba en el sector de Río Blanco”.
“Por supuesto, las investigaciones serán las que determinen, obviamente esto refleja un clima de terror y que el país ha tocado un fondo donde las fuerzas de la violencia se imponen para intimidar a los movimientos sociales que luchan por los bienes comunes como el agua, la tierra y los bosques”, apuntó Zúniga.
NO CONTABA CON MEDIDAS DE SEGURIDAD
Berta no contaba con medidas que garantizaran su seguridad, por el contrario constantemente sufría acoso de las autoridades, denunció.
Recordó que la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), denunció a Cáceres acusándola de usurpación del mercado central.
“Y por otro lado, las fuerzas del Estado estaban al servicio de empresas, se adueñaron del río y de los territorios en el río Blanco”, lamentó.
“El Estado hondureño fue incapaz de garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares de protección que garantizaran la vida de esta dirigente”, repudió.