El Presidente Juan Orlando Hernández, vetó el decreto que reformaba el artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que proponía eximir del pago de tributos a los trabajadores que ganan menos de 15,087 lempiras.
La decisión del mandatario devuelve inmediatamente la iniciativa de la diputada liberal, Gabriela Núñez, al Congreso, para que los diputados reconsideren su aprobación o de lo contrario sea archivada.
Una nueva revisión del decreto en la Cámara Legislativa ocuparía la mayoría calificada de los votos (86), algo casi imposible, considerando que la oposición solo tiene 80 y ocuparía ocho nacionalistas, lo que lógicamente no apoyarían. Además, de aprobarse deberá ser ratificada en la legislatura del 2017.
El rechazo al decreto fue anunciado en rueda de prensa por el ministro coordinador del gabinete, Jorge Ramón Hernández Alcerro, en compañía del asesor presidencial, Ebal Díaz; la ministra de Ingresos, Miriam Guzmán y el titular de Finanzas, Wilfredo Cerrato.
“Esto sucede así, porque el decreto en mención no corresponde a las negociaciones que se dieron en el Congreso Nacional, durante el año pasado”, subrayó Hernández.
Se refiere a pláticas previas con la proyectista y su bancada para aprobar una reforma que beneficiaría a miles de contribuyentes, pero sin exceder los 812 millones de lempiras, para no afectar el presupuesto del gobierno en el 2016.
Al final, según el funcionario, el decreto fue redactado con un estimado en exoneraciones de dos mil 300 millones de lempiras, lo que implicaría que el gobierno deje de pagar aguinaldos, comprar medicamentos y el incumplimiento de otros programas sociales.
Asimismo, recalcó el funcionario, el mandatario tomó en cuenta “que ese decreto está estableciendo obligaciones de tipo retroactivo para el Estado, y de tipo acumulativo, y naturalmente no se pueden establecer disposiciones con carácter de retroactividad”.
El ministro señaló que las disposiciones de retroactividad se podrán hacer, menos sobre recursos del Estado, que ya han sido ejecutados en el curso de los últimos cinco años, lo cual “es importante dejarlo establecido”.
Conforme a la propuesta, la escala exenta subiría de 116 mil lempiras en la actualidad a 141,053 de ingresos anuales, mientras que los contribuyentes con ingresos entre los 141 mil en adelante hasta 256,460 lempiras pagarían un 15 por ciento de ISR.
Asimismo, las personas con ingresos de 256 mil en adelante hasta los 641,150 lempiras tributarían el 20 por ciento y aquellos con ingresos de 641 mil en adelante pagarán 25 por ciento.
FINANZAS RESPONSABLES
Al respecto, el ministro de Finanzas recalcó que habían evaluado junto a la bancada y la Dirección Ejecutiva de Ingresos el impacto de la reforma pero “lastimosamente en la redacción no se redacta y no se aprueba como lo habíamos estimado, como lo habíamos acordado y como lo habíamos presupuestado”.
“Nosotros dimos una alternativa, que es que se respete lo que se había acordado. El Estado tiene la capacidad de absorber menos ingresos por 812 millones de lempiras, producto de una reducción en los gastos operativos”, dijo.
“Pero el hablar de 2,300 millones de lempiras, quien presenta esta iniciativa debe ser lo suficientemente responsable y cumplir con lo que dice la Ley General de Presupuesto, de identificar cuál será la fuente de financiamiento, en este caso para sustituir esta falta de ingreso por más de 2,300 millones de lempiras”, advirtió.
Ejemplificó que solo para tener una idea de este valor, “si es poco, si es bastante, si es más o menos, los aguinaldos equivalen alrededor de ese valor, de 2,500 millones de lempiras”.
“Si no se actúa con responsabilidad y como dice la Ley General de Presupuesto, aquí se está poniendo en riesgo por ejemplo: los salarios de enfermeros (as), maestros, doctores y policías”, insistió el funcionario.
“Por eso se debe actuar con mucha responsabilidad y, como ya lo dice la Ley General de Presupuesto, debe de identificarse la fuente del financiamiento”, subrayó.
COMPROMISOS DEL ESTADO
Por su parte, la directora de la DEI, Miriam Guzmán, aclaró que, a pesar de lo que implica no percibir más de 800 millones de lempiras, “es interés del Gobierno de la República privilegiar o beneficiar a esa base de población que está por debajo de los 15 mil lempiras mensuales o que estén exentos del ISR”.
“Sabemos lo que eso significa para las finanzas del país, con compromisos previamente establecidos, de cara a los proyectos sociales que se están implementando; compromisos de pagos de sueldos de maestros, médicos, enfermeras, de personal auxiliar del sistema de Salud Pública”, dijo Guzmán.
Expuso que ahora la DEI debe hacer más eficientes los procesos para equilibrar esos 812 millones que no va a percibir, se va a revisar el primer tramo exento del ISR, aplicar procesos de fiscalización mucho más acertados y dirigidos y se va a hacer un esfuerzo para tener un mejor rendimiento en el Impuesto Sobre la Venta.
Guzmán explicó que en la DEI, cuando se hizo un primer análisis de la ley que ordena la revisión del primer tramo exento, fue al tenor de lo que el decreto literalmente establecía, que era hacer la revisión en función del Índice de Precios al Consumidor fijado por el Banco Central.
Añadió que ese primer análisis mostraba un impacto cercano a los 164 millones de lempiras, porque se elevaba la base exenta de los 110 mil lempiras a los 116 mil, más los 40 mil lempiras que la ley otorga.
Empero, por la forma en la que se presentó la iniciativa, “realiza un impacto significativo, no solo porque se aumenta la base exenta, sino porque se rompen los techos haca arriba y con ese rompimiento lo único que se está haciendo es privilegiando a aquellos sectores que sí tienen capacidad adquisitiva”.
Guzmán remarcó que esos sectores, “en función de ser esta una sociedad más justa, devienen en la obligación de pagar impuestos en proporción de lo que sus ingresos establecen”.
En su intervención, Díaz aseguró que hay acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en cuanto a revisar esa parte de la ley del ISR, pues, en la forma en que se redactaron los alcances, van más allá de lo deseado.
“No estamos en contra de que los que menos ingresos tienen en el país queden exentos en las bases acordadas. El tema es que el efecto, por la forma en que se redactó, por el efecto acumulativo y retroactivo, crea un impacto que pone en serios aprietos el ejercicio fiscal en cuanto al financiamiento del Presupuesto”. (EG)
Cohep: afecta seguridad jurídica
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) manifestó su preocupación por el veto presidencial el decreto 152-2015 que eleva el techo del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR).
«El sector privado miró con buenos ojos la iniciativa del Congreso Nacional de la República, pero ahora se muestra preocupado ante la posibilidad que ese decreto legislativo que fuese aprobado por unanimidad, sea vetado de manera extemporánea o modificado sin oír previamente al Congreso Nacional», dijo en un comunicado horas antes de conocerse el anuncio del veto presidencial.
«Consideramos que cualquiera de esas situaciones atentan contra de la seguridad jurídica que garantiza la Constitución de la República; si se decidiese vetar o modificar este importante decreto legislativo afectará de manera directa a las y los trabajadores asalariados así como a los micros y pequeños empresarios que operan como comerciantes individuales en todo el país», subrayó el COHEP.
GABRIELA NÚÑEZ
Trabajadores los más afectados
La diputada, Gabriel Núñez, recordó que el decreto de exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) fue aprobado por los 128 diputados y por tanto es ley de la República.
Antes de conocer el veto presidencial a referido decreto, la congresista recalcó que el mismo estaba siendo esperado por miles de trabajadores que ganan menos de 15 mil lempiras y que se beneficiarían con la dispensa.
Igualmente consideró que la tabla de aplicación sigue siendo progresiva, es decir, a mayores ingresos mayores impuestos.
También insistió que la reforma contó con el visto bueno del ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, quien incluso propuso que la modificación de la tabla de exoneraciones fuera anual y no quincenal.
Veto presidencial a exoneraciones del ISR
