Ambientalista mexicano es protegido como testigo y defensor de DDHH

El Estado de Honduras protege como testigo y como defensor de derechos humanos al sociólogo mexicano, Gustavo Castro Soto, desde el domingo 6 de marzo pasado, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó la aplicación de medidas cautelares, luego de conocer el proceso investigativo en torno al crimen de la defensora del medio ambiente, Berta Cáceres.
Así lo informó la viceministra de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Karla Cueva, un día después que su compañero, el director general del Sistema de Protección, Paolo Tavarone, explicó que existe una ley vigente de protección a defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia que garantiza las prerrogativas de cualquier ciudadano, por lo que Castro es beneficiario de esa normativa.
Cueva informó que se ha pedido el acompañamiento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), para dar mayor transparencia en las medidas otorgadas a los entes solicitantes.
Posteriormente, la Secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado de prensa, en el que reitera que a petición del Presidente Juan Orlando Hernández, el viernes 4 de marzo, se solicitó el acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, reiterando así la transparencia e importancia que tiene para el Estado de Honduras llegar a la verdad sobre este lamentable hecho.
“El Estado de Honduras ha aplicado la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, verificando las medidas de protección para el defensor de derechos humanos, Gustavo Castro Soto, de nacionalidad mexicana, quien también se encuentra protegido por la Ley de Protección de Testigos en el Proceso Penal”, reza el documento.
Igual, informan que actualmente se han hecho los acercamientos con la familia de la defensora de derechos humanos, Berta Cáceres, para buscar acuerdos a fin de dar cumplimiento al régimen de protección que se establezca entre las partes para garantizar que las medidas cautelares de la CIDH sean implementadas.
“En este proceso existe el acompañamiento del Centro por la Justicia y Derechos Internacional (Cejil) en carácter de peticionario de las medidas cautelares emitidas por la CIDH”, detalla. (SA)