Por: Carlos A. Medina R.
Berta Cáceres, la defensora del ambiente y de los derechos humanos, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada en su casa de habitación en la ciudad de La Esperanza, y tanto su familia como muchos hondureños y organismos internacionales le han solicitado al gobierno de la República que se encuentre a los culpables y se les dé el castigo correspondiente. Las reacciones internacionales han sido múltiples y lo más serio es que están castigando al pueblo y al gobierno hondureño con la suspensión de las ayudas internacionales, tanto en los segmentos de seguridad, como en otras áreas necesitadas para nuestro crecimiento y desarrollo.
Las muertes violentas por robo o por otras razones, usualmente son delitos comunes, pero cuando se comete un crimen en el cual de alguna manera, está involucrado el gobierno de la República, este se considera una violación a los derechos humanos, y por lo tanto, el Estado, es decir la autoridad gubernamental, es responsable de la comisión de una falta a los derechos que tenemos todos los seres humanos. El caso de Berta Cáceres ha sido considerado por el mundo, una violación a los derechos humanos por la muerte de la líder de la etnia lenca.
Lo que cuesta entender es por qué, habiendo hasta un testigo presencial de su muerte, se ha retrasado tanto la investigación y no se ha encontrado a los culpables. Esto puede ser una falta de capacidad en la investigación de las instituciones de seguridad, o sencillamente, que lo están haciendo al “estilo Honduras”, con un tortuguismo con la esperanza de que nunca se encuentre a los culpables y que su muerte sea otro nombre más, agregado a la lista kilométrica de las columnas de impunidad que ha caracterizado a la sociedad hondureña.
En nuestro país han muerto hombres valiosos que han luchado contra el tráfico de drogas, civiles y militares, periodistas, abogados y ambientalistas, y al paso de los años, nadie sabe quién los mató, por qué los mataron y bajo las órdenes de quién. Esa maldita impunidad nos está marcando como una nación salvaje, en donde la justicia realmente solo muerde a los descalzos y su brazo no alcanza a los poderosos, o es temerosa de alcanzarlos. La desafortunada muerte de Berta Cáceres debe servir para decir: ¡no más: las cosas deben cambiar!
Tenemos un Presidente inteligente, joven, agresivo y con una mentalidad clara hasta dónde y por dónde debe caminar Honduras. Este es el momento de que el mandatario Hernández Alvarado demuestre que está dispuesto a poner los puntos sobre las íes, y no permitir que su mandato ni la nación que gobierna se sigan manchando con la sangre de los inocentes y sus muertes sigan quedando en la impunidad. Si está convencido que los cuerpos de investigación nacional no pueden hacer la tarea, es necesario que pida ayuda de emergencia a los Estados Unidos de Norteamérica con la participación de la Oficina de Investigación Federal (FBI) de ese país o a la Scotland Yard de Inglaterra, o cualquier otra Policía de investigación de Europa.
Capturar a los sicarios o asesinos, así como a sus patrocinadores es urgente, y es tan importante como esforzarse por un crecimiento económico, ya que la nación jamás podrá crecer ni tener un desarrollo social, mientras no exista seguridad jurídica y seguridad personal. Los tres poderes del Estado deben conjuntar esfuerzos para que los sucesos como el asesinato de Berta Cáceres no vuelvan a suceder, y que exista la libertad completa para que los hondureños podamos expresarnos con respeto, como nos venga en gana sobre cualquier tema que atañe a la nación, siempre y cuando no se nos olvide el hecho que “el respeto al derecho ajeno, es la paz”.
Perder la ayuda internacional porque no respetamos los derechos humanos, es un doble pecado, porque necesitamos toda la cooperación que se nos pueda dar, pero es no es aceptable que se nos niegue la ayuda foránea porque no respetamos los derechos que tenemos todos los hondureños de vivir en paz y libertad. Las acciones gubernamentales deben ser enérgicas, contundentes, sabias y más que todo, urgentes, pues el mundo entero está esperando una respuesta convincente, aunque esto no devolverá la vida a quien murió por una causa noble.
El asunto del asesinato de Berta Cáceres debe verse con urgencia por el Presidente de la Republica, su gabinete, y más que todo por las instituciones encargadas de la seguridad del país. Esta solicitud la hace el autor de esta columna, porque considera que nuestra nación debe limpiar su camino, que los hondureños debemos salir de esa obscuridad en que vivimos y caminar con la frente en alto para gritar a los cuatro vientos: habitamos en una nación libre donde todos somos tratados de igual manera por la ley de Dios y de los hombres.
¿Por qué la tardanza?
