Por: Julio Raudales.
Hace algunos meses, un alto funcionario de la actual administración confesó a “La Tribuna”, que el gran reto de su trabajo en las múltiples tareas que le han encomendado, es construir el denominado “Centro Cívico Gubernamental” (La Tribuna, 9 de mayo de 2015).
Una de las grandes enseñanzas que nos deja la ciencia económica, es precisamente la necesidad de valorar las distintas alternativas que ofrece el uso de recursos escasos en un mundo de múltiples necesidades. A esto se le llama “costo de oportunidad”.
Fue el gran economista inglés David Ricardo quien a comienzos del siglo diecinueve, inició una discusión sobre este tema en su obra seminal “Principios de Economía Política”. Lo hizo precisamente tomando como ejemplo la valoración que debe hacerse de las tierras, dependiendo de su potencial productivo.
Según el economista clásico, el “valor de uso” de los bienes (tierra), está determinado por su productividad, considerando además la cantidad de personas que la necesiten para llevar a cabo sus actividades (demanda).
Posteriormente, otros grandes pensadores como Garret Hardin y los premios Nobel de Economía Ronald Coase y Elinor Omstrom han perfeccionado el tema y lo han llevado a conclusiones muy exitosas en términos de generación de riqueza.
El análisis es útil no solamente para considerar el factor tierra sino que casi cualquier bien económico.
Lastimosamente nuestras autoridades parecen desdeñar los criterios de la ciencia y a la hora de elaborar sus políticas, valoran únicamente sus deseos espontáneos o las posibilidades de réditos políticos. Y esto no de ahora.
La denominada Ciudad Cívica es en efecto una vieja aspiración. Una necesidad urgente para eficientar el trabajo público y lograr un adecuado desarrollo de la capital.
Pero cabe preguntarnos: ¿Qué tan prioritario es esto en comparación con otros proyectos de infraestructura necesarios para el desarrollo económico y social?; ¿se ha hecho una adecuada evaluación social del proyecto en términos de su ubicación y complementariedad?
Comencemos con la primera: Honduras tiene más de 30 años de no ampliar su red vial. Se han hecho mejoras, pero no se han construido nuevas carreteras, cuestión necesaria para garantizar competitividad.
La mejora en las redes de agua potable, saneamiento básico y electricidad figura como condición impostergable para incrementar el bienestar. Parece inconcebible que en el siglo XXI, exista un alto porcentaje de hogares en los que lo natural es “esperar el agua” solo uno o dos días a la semana.
Pero ¿quién hace una valoración económica y social de proyectos de este tipo? Es decir, ¿cómo hacemos para asegurar que la decisión de hacer una carretera es más beneficiosa para el conjunto que la construcción de un centro cívico?
Por supuesto que su edificación traerá beneficios, pero quién nos garantiza que estos serán mayores que el costo social, esto es, renunciar a la posibilidad de llevar a cabo otros proyectos. ¡Los recursos son escasos!
La verdad es que no tenemos cultura de la evaluación.
Consideremos ahora el asunto de la localización de la Ciudad Cívica, ya que aparentemente esta es una decisión tomada.
Las cifras oficiales muestran que el país gasta unos L.450.0 millones por año en el pago de alquileres. El centro cívico que se planea construir tiene un valor estimado de US$ 220 millones (cifras oficiales), es decir unos L5,000 millones.
Un somero análisis financiero muestra que el proyecto es viable y que es preferible utilizar los L.450.0 millones en amortizar el préstamo que continuar pagando alquiler.
Sin embargo asalta la duda: ¿Por qué hacerlo en un lugar alejado del centro histórico de la capital? Ciudad de Panamá, Lima, México, DF, Santiago de Chile, Buenos Aires, etc. Conservan la infraestructura gubernamental en sus respectivos cascos históricos y con ello le dan vida económica a sus monumentos coloniales.
Tal vez no sería mala idea repensar este proyecto (ya que de todas formas se hará), en términos del rescate económico y social del casco histórico de Tegucigalpa y de esta forma darle la oportunidad de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes en vez de condenarlas al olvido.
Soluciones hay, solo es de pensar un poco más en términos de evaluación social.
Economista y sociólogo, vicerrector de la UNAH y exministro de Planificación y Cooperación Externa.