Más de 8,200 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP), conocida también como el “Tasón”, se han invertido en los últimos cuatro años en al menos seis instituciones, entre estas cinco de las encargadas de aplicar justicia en el país.
De acuerdo a la ley, la TSP es una instancia tripartita conformada por el gobierno, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el Fondo Nacional de Convergencia (Fonac), sin embargo quien toma las decisiones sobre las inversiones es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Expertos en seguridad consideran que si bien en el 2015 Honduras cerró con una tasa nacional de homicidios de 60 por cada cien mil habitantes, las ejecuciones violentas siguen y en pocas ocasiones se conocen quiénes son los responsables.
De igual manera, el cobro del mal llamado “impuesto de guerra” continúa manteniendo de rodillas a los empresarios, transportistas y dueños de pequeños negocios. Es notorio el terror que las maras imponen en los distintos barrios y colonias, quitándoles a las familias el patrimonio que por años han forjado y ahora incluso amenazan a los estudiantes de centros educativos.
En el 2011 se creó la Ley de Seguridad Poblacional, bajo el Decreto Legislativo 105-2011, que ampara la creación de la TSP y en agosto del 2012 se conformó un contrato de fideicomiso con el Banco Central de Honduras (BCH).
Desde entonces, los empresarios y varios sectores de la economía nacional han aportado hasta el 29 de febrero pasado 6,338.29 millones, recursos que no han sido suficientes, ya que los directivos de la TSP han tenido que buscar créditos de 2,959.79 millones de lempiras.
INFORME
El Informe de Actividad 2012 al 29 de febrero de 2016 da cuenta que el total de recaudación acumulada durante este tiempo es de 6,338.29 lempiras; el financiamiento externo, es decir, los créditos, han sido 2,959.74 millones.
También se cuenta con 550.57 millones como otras aportaciones, haciendo un total de 9,848.60 millones de lempiras, y de estos, 8,226.49 se habían desembolsado a finales de abril.
Desde la misma fecha, los fondos se han distribuido de acuerdo a las necesidades más urgentes, según los análisis del CNDS, llevándose el mayor porcentaje la Secretaría de Defensa, con el 38 por ciento, seguido de la Secretaría de Seguridad, con un 32 por ciento.
En ese orden, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) ha recibido un 17 por ciento, el Ministerio Público (MP) el cuatro por ciento, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el dos por ciento y las alcaldías solo llegan al uno por ciento.
LA TRIBUNA intentó entrevistar al director ejecutivo de la TSP, Francisco Cosenza, con el fin de conocer en detalle la inversión que se está haciendo, quien contestó las interrogantes vía correo electrónico.
Fue así que informaron que la asignación se realiza de acuerdo a los análisis que se hacen en el CNDS, destacando que en el caso de las FF AA, se ha invertido en equipar; mientras que en las nuevas fuerzas, como la Policía Militar del Orden Público (PMOP), se ha hecho compra de vehículos, construcción de batallones, creación del Batallón Canino y el aporte en la compra de un radar para el combate al narcotráfico.
En cuanto a la Policía Nacional, se está sufragando el arrendamiento de las patrullas, se creó la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), compra de equipo a la Policía Nacional, instalación del sistema de Ciudades Seguras, que comprende las Cámaras de Seguridad entre otros.
LAS INVERSIONES
LA TRIBUNA quiso dialogar sobre el tema con las instituciones que han recibido estos fondos, sin embargo, solo en la CSJ atendieron, ya que en Defensa y Seguridad indicaron que todos los proyectos son ejecutados directamente por la TSP.
El administrador general de la CSJ, Julio Cruz, indicó que han recibido importantes aportes de la TSP, en especial la creación de los juzgados móviles, vehículos de trabajo y blindados, pero en la mayoría de ocasiones la Tasa es la que hace las licitaciones y adjudica los proyectos.
Por su parte, el jefe de planificación de la CSJ, Ismael García, dijo que también han recibido traslado de fondos que han permitido realizar capacitaciones interinstitucionales de todos los operadores de justicia.
Además, se han entregado incentivos navideños para los operadores de justicia involucrados en la lucha contra el crimen, en todas sus manifestaciones, y otros beneficios como bonificaciones, también se le ha dado prioridad al reforzamiento de la seguridad para los magistrados, jueces y otros funcionarios que lo ameritan.
Destacó que para este tipo de operaciones han recibido transferencias de alrededor de 48 millones de lempiras, las cuales son auditadas a nivel interno, se liquida a la TSP y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
De acuerdo a la información proporcionada por la TSP, los recursos son vigilados por su Unidad de Monitoreo y la firma auditora externa Grant Thornton, que se ha contratado para verificar la buena ejecución de los proyectos y la liquidación de los fondos.
SECRETIVIDAD
En cuanto la política de secretividad, el director ejecutivo de la TSP, indicó que es el CNDS quien define la categoría de los documentos, bajo la Ley de Secretos Oficiales y Clasificación de Información Pública.
Aseguró que “en nuestro sitio web aparecen todas las inversiones realizadas con fondos de la TSP, pero no contempla los documentos clasificados como de seguridad nacional, que se enmarcan en operaciones especiales contra la delincuencia y el narcotráfico”.
La información publicada en la página web, según Cosenza, tampoco incluye contratos de tecnología, ya que las especificaciones técnicas de lo adquirido por el gobierno no se pueden hacer públicas.
Para algunos sectores, esto crea suspicacias, ya que en los últimos meses se ha se señalado el mal manejo de los fondos, como la entrega discrecional de bonos a algunos operadores de justicia, que no se justificaba.
Asimismo el MP, abrió una línea de investigación por el supuesto desvío de fondos de la Tasa de Seguridad, pero las autoridades del “Tasón” aseguran que no tienen notificaciones de algún proceso legal en su contra. (YB)
SECTOR PRIVADO
Tenemos cuatro años de estar aportando
El secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Fernando García, indicó que en todos los temas relacionados con las compras del Estado se deben seguir las nomas ya establecidas, y en el caso de la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP), se le debe dar el uso para el cual fue destinado.
Indicó que “hemos visto que ha mejorado bastante la cantidad de operativos, el equipo que tiene la Secretaría de Seguridad y Defensa, así como la Fiscalía y el Ministerio Público, que permite tener mejores niveles de seguridad en el país”, aclarando que la ley ampara a TSP para clasificar como reservada alguna información.
García indicó que “tenemos más de cuatro años de estar aportando y ese dinero estaba en el sector privado y ahora ha pasado al Estado y esperamos que sean utilizados de la mejor manera y que se defina qué es lo que se puede publicar y qué no, rindiendo informes para generar confianza a nivel nacional e internacional”.
APJ
Se ha privilegiado al sector militar
El coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Omar Rivera, señaló que hasta el momento la Tasa de Seguridad Población (TSP) ha privilegiado a lo militar, al asignarle más recursos, sin fortalecer instituciones civiles encargadas de aplicar justicia como la Policía Nacional, el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Rivera consideró que “ha habido algunos resultados, pero no son compatibles con la cantidad de dinero que se ha invertido, además ya está endeudada comprometiendo las recaudaciones a futuro y limita la liquidez de la Tasa para ejecutar otros proyectos”.
En cuanto a la transparencia, refirió que “el hecho que se manejen algunos aspectos con secretividad nos hace sospechar que existe un enorme riesgo de que se hagan las cosas de forma ineficiente y que se puedan cometer ilícitos”.
IAIP
Ha cumplido 84% en transparencia
El comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Gustavo Adolfo Manzanares, aseguró que la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP) “ha cumplido en un 84 por ciento en el nivel de transparencia activa”.
Sin embargo, el problema es que hay muchos fideicomisos que tienen algún grado de reserva que solo es regido por el Código de Comercio y contratos que aprueba el Congreso Nacional en temas de seguridad nacional.
Destacó que la TSP, en su portal de transparencia, tiene un listado de los desembolsos que hace todos los meses a las instituciones mediante resoluciones emitidas por parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), por eso en este momento es notable que hay voluntad de ir mejorando los niveles de transparencia.